Economía

El Banco Central se apresta a solicitar el “swap” de monedas acordado hace una semana con el Banco Popular de China por 130.000 yuanes, equivalentes a 18.700 millones de dólares.


Una fuente de la entidad monetaria argentina aseguró a A24.com que “están definiendo su ejecución” en momentos en que las reservas internacionales se hallan jaqueadas por la constante presión sobre el tipo de cambio oficial.

¿Cómo funciona este swap o intercambio de monedas? El BCRA le solicita al Banco Popular de China el intercambio por hasta 130.000 yuanes a cambio de su equivalente en pesos argentinos. Se trata de un mecanismo habitual en bancos centrales del mundo y, de hecho, la Reserva Federal de EE.UU. tiene acordado uno similar con Brasil.

Este “swap” con China nació en febrero de 2009, cuando el entonces presidente del BCRA, Martín Redrado, lo acordó con su par, Zhou Xiaochuan, en momentos en que las crisis “subprime” o de hipotecas en Estados Unidos provocaba una debacle histórica en mercados mundiales.

El monto acordado se fijó entonces en 70.000 yuanes. En 2013, Juan Carlos Fábrega, a cargo del Central, lo renovó. Apenas asumiera Mauricio Macri en diciembre del 2015, Federico Sturzenegger, desde de la misma entidad, solicitó y acordó la conversión de aproximadamente 3.100 millones de dólares de ese “swap” para incrementar la liquidez de las reservas, en momentos en que se liberaba el tipo de cambio y era necesario fortalecer la posición de la entidad monetaria argentina. Nada es gratis: la conversión requirió el pago de la tasa “Shibor”, la tasa interbancaria de Shanghai, más 400 puntos básicos.

En 2018, en el marco de la cumbre del G-20 en Buenos Aires, se acordó ampliar en 60.000 millones de yuanes el “swap” entre los bancos centrales de los dos países hasta 130.000 millones. Requería la existencia de un programa con el FMI vigente, condición que hace una semana, en la renovación firmada por Miguel Pesce, se eliminó.

El destino, monto y conversión a dólares se negocia entre las partes. En esta ocasión, podrían desembolsarse el equivalente a u$s 5.000 millones. Las reservas internacionales del BCRA se están diluyendo ante la escasez de liquidaciones de exportaciones y una presión compradora incesante. Ayer, precisamente, circularon versiones de cambios en la operatoria y de mayores restricciones a las operaciones en la Bolsa de Comercio.

Las compras de u$s 200 mensuales por persona hizo que en junio se llegara al récord de 3,2 millones de individuos accediendo a la moneda norteamericana al tipo de cambio oficial. Eso le costó u$s 660 millones al BCRA de reservas. La situación se hace insostenible.

Por ello la decisión de aplicar el “swap”. Un gesto para la aprobación de este mecanismo, sin dudas, fue la promulgación la semana pasada, de la ley aprobada en 2015, autorizando la instalación de una base espacial de Beijing en Neuquén. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea presentaron reclamos al gobierno argentino en su momento, aduciendo que esa base, más allá de su utilización para exploración de uso pacífico al espacio, se usa para posibles intercepciones de satélites.

Guillermo Laborda
Twitter: @GuillermoLabord

Con una política económica que no convencen a los inversores, Argentina tuvo ayer, por lejos, la peor jornada financiera de las últimas semanas: a contramano del mundo, que fue casi una fiesta por el avance de las vacunas, en el mercado local los dólares financiero libres llegaron a otro récord, la Bolsa de Buenos Aires y los ADR argentinos en NY cayeron, los bonos argentinos retrocedieron y el riesgo país volvió a subir, superando nuevamente los 2.100 puntos, siete veces más que el riesgo que tienen casi todos los países vecinos de la región.

El Banco Central sigue teniendo que vender dólares luego del acuerdo con los bonistas. Defienden la estabilidad

Las pérdidas históricas y nunca registradas hasta la fecha en el reciente balance presentado por YPF a las autoridades regulatorias eran previsibles, pero al confirmarse llegan como un verdadero baño de realismo para el sueño intervencionista y regulador del Gobierno que, al menos en el relato, promete ahora la recuperación económica de la Argentina gracias al Estado "presente".


Basta recordar el caso Vicentin, un episodio relevante de las últimas iniciativas truncas del oficialismo conectadas con la ilusión de una Estado "presente" para ilustrar la distancia entre la realidad y la fantasía. Se proponía que YPF, que pierde con la crisis nada menos u$s 13 millones por día (u$s 1200 millones en un trimestre), fuera la que tomara a su cargo el rescate de la empresa concursada.

Está claro que los números de YPF no tienen que ver en este caso mayormente con su management actual recién renovado y obedecen a una situación excepcional de colapso en toda la industria petrolera mundial por la pandemia. Pero también, y tal vez mucho más, al proceso de incumplimiento de contratos del Estado en Vaca Muerta y la pesificación de combustibles que comenzó en el último año de la administración Mauricio Macri, un cuadro que se fue agravando en la era Fernández-Fernández por la disparada de la brecha cambiaria, el riesgo país y el congelamiento de tarifas.

La idea de que un Estado fundido -que con la pandemia y la crisis social se demuestra una vez más que estuvo décadas y décadas ausentes donde realmente se lo necesitaba- se convierta ahora en el que va a motorizar la economía repartiendo subsidios y dinero para obra pública, cuando no alcanza ni para pagar los sueldos, no cierra demasiado. Sobre todo, cuando la crisis fiscal del Estado Argentino anticipa un déficit este año récord, de unos u$s 40.000 o u$s 50.000 millones.

Es cierto y muy alentador que el Presidente y su coalición hayan comprendido la gravedad de la crisis y hayan optado por evitar el default. También es verdad que se reconoce desde el Poder Ejecutivo que existe un problema fiscal. Lo repite el Presidente y el ministro Guzmán en cada entrevista que conceden.

Pero solo describen un problema que es una obviedad para todo el mundo, sin una sola señal en el sentido de corregir esa distorsión. Más bien todo lo contrario. Como si el plan fuera atacar el déficit, la emisión y el gasto con más déficit, más emisión y más gasto. Con la ilusión tantas veces frustrada de que la expansión monetaria y los subsidios en pesos sin respaldo, con cepos al dólar y al comercio, traigan reactivación en la inversión el consumo, y finalmente recuperen la recaudación.

En la cátedra, a la vez, todos los economistas coinciden en que el drama fiscal se agrava en la Argentina porque el país no tiene ahorro ni moneda, y por una verdadera doble Nelson que fractura a la macro economía como nunca por la pandemia y las cuarentenas: explota la necesidad de mayor gasto y emisión de pesos, cuando a la vez se derrumba la recaudación. Es la discusión instalada en la economía hace meses, tal como se ha reflejado en esta columna.

El problema es que nadie dice una palabra sobre cómo evitar que todo esto termine tarde o temprano explotando en un nuevo fogonazo inflacionario como tantas veces ocurrió en el pasado. El reconocido economista Pablo Gerchunoff tuvo la honestidad de responderse a sí mismo en Twitter "no sé" respecto de cómo termina la película. Ya se mencionó en esta columna que Jorge Ingaramo afirma que se puede controlar y evitar la híper, porque el déficit lo financia la gente que por ahora gasta poco y mantiene el dinero de la súper emisión en los bancos: las entidades captan al 20% promedio y colocan al Central al 32% promedio entre pases y Leliq.

En el Gobierno, en tanto, suponen que la puja distributiva se puede administrar con cepos y controles de precios, pactando salarios con una pauta no mayor a 25% para este año, bajando el déficit y la emisión suavemente a medida que se va saliendo de la pandemia.

Carlos Melconian se cansa de repetir que sin un programa integral y con respaldo político para bajar el déficit y la inflación no se sale; en tanto la dupla Giacomini-Milei advierten que la situación es extremadamente inestable, y que ni con el acuerdo de la deuda la Argentina se salva de una inflación probable de tres dígitos en el futuro cercano si no se ajustan urgente los desequilibrios.

Mientras los economistas se ponen de acuerdo, el público y los inversores tienen memoria: la gente se desprende cuanto antes de los pesos. Compra bienes, compra dólares, o ambas cosas el que puede.

A propósito del Estado presente pero fundido, y los proyectos de infraestructura que nadie sabe cómo se van a financiar, la creciente disputa por la administración de las cuarentenas desatada desde el gobierno de Axel Kicillof contra la Ciudad de Buenos Aires reabrió una jugosa disputa empresaria con mucho impacto económico por el futuro de la actividad portuaria en el área metropolitana.

Desde la Provincia se impulsa en estas horas la construcción de un nuevo canal para la navegación del Río de la Plata, el Canal Magdalena, auspiciado por el senador Jorge Taiana y obviamente con el respaldo de Cristina. Las empresas que manejan las terminales del puerto de Buenos Aires temen que la movida sea para beneficiar el crecimiento del Puerto de La Plata. Cuestionan la viabilidad de esta conexión, a pesar de que La Plata opera cada vez más fluido a través de la terminal de los filipinos de Tecplata, que no tienen nada que ver con la pelea política y reclama estar en el sector para recuperar una inversión de u$s 500 millones por una terminal de última generación ya instalada.

Arriba del conflicto se suben los bonaerenses del puerto de Zárate, que suponen que ahora la movida de Taiana con Kicillof podría derivar en un mayor beneficio para toda la logística del comercio de granos a través de los puertos de la provincia.

Reaparecen también los que apuestan a desarrollos inmobiliarios y turísticos multimillonarios en la ribera porteña, el Puerto Madero II, si parte de la actividad del puerto de Buenos Aires pasare a la Provincia. Complicada situación para Horacio Rodríguez Larreta. Logró renovar por dos años las concesiones vencidas para defender al puerto porteño. Pero ahora ya no está Mauricio Macri en el Gobierno nacional para definir. El futuro de los Puertos y la navegabilidad del Río de la Plata dependen del ministerio de Transporte. El futuro de la hidrovía también depende de esta cuestión. Impensados coletazos de la disputa Kicillof vs. Larreta, el clásico del momento.


Guillermo Kohan

Con poder reforzado tras el canje, el ministro tendrá su primer encuentro con los dirigentes empresariales más identificados con el antikirchnerismo

En la década de los ‘80, la economía argentina estaba sumida en el estancamiento económico y la muy elevada inflación. En aquellos tiempos, cualquier objetivo, estrategia, plan o como se le quiera llamar siempre tenía como eje central a los planes antiinflacionarios.


Tan grave era el problema que ni siquiera se hablaba de crecimiento económico. La agenda de políticas económicas estaba monopolizada por el desafío de bajar la inflación. Obviamente que el principal escollo era cómo ordenar el Estado para bajar el déficit fiscal. Luego vino la década de los ‘90, cuando hubo una reforma del mercado y del Estado y se bajó la inflación a cero. Con lo cual la necesidad de “políticas antiinflacionarias” desapareció.

Luego vino la primera década del nuevo siglo en donde, si bien hubo un golpe inflacionario a la salida de la convertibilidad en el 2002, la inflación pudo controlarse. Luego fue creciente, fundamentalmente a partir del 2006, pero no volvió a ser un problema como lo era en la década de los ‘80 porque la bonanza económica internacional trajo al país crecimiento económico, dólares de exportación y superávit fiscal. Si bien el gasto público nacional se expandía a una tasa que duplicaba al (alto) crecimiento de la economía, los agoreros que alertaban que la situación fiscal se complicaba, no eran escuchados porque el clima era de fiesta, propio de una bonanza.

Pero la fiesta terminó en el 2011, cuando terminó la bonanza internacional. Esto hizo emerger el problema del desmedido crecimiento del gasto público. El deterioro ya era visible con el Indec midiendo una inflación oficial del 10% y las consultoras privadas midiéndolas en 25% y sufriendo una abierta persecución con conflictos hasta judiciales por el tema de las estadísticas.

A partir del 2012 comienza la larga noche argentina que se estira hasta el presente. Tuvo algunos atisbos de luz, pero fueron efímeros. En el 2012 comienza a funcionar el cepo cambiario porque los dólares oficiales ya no entraban, entonces las autoridades querían tapar la salida. Luego el gasto público superó el 35% del PIB y la inflación (medida por las consultoras perseguidas), 35% anual. El déficit fiscal (bien medido porque también se le aplicaban trampas contables) iba camino al 5% del PIB.

Si bien las autoridades del momento negaban la inflación, actuaban contradictoriamente. Porque crearon las Lebac. Los bonos del BCRA para succionar del mercado la emisión excedente que ocasionaba el alto déficit fiscal.

En el 2015, el Gobierno de Cambiemos se encuentra con un escollo fundamental. Los focus groups daban que la gente quería que la inflación baje, pero se negaba rotundamente a aceptar la expresión “política antiinflacionaria”. La asociaban con otra palabra maldita: “ajuste”. De este diagnóstico surgió un remedio: el gradualismo.

La idea era endeudarse en el exterior en dólares, con esto hacer crecer la economía y mantener el gasto público creciendo al ritmo de la inflación, no más. De esta forma, el crecimiento de la economía iba a hacer que el gasto público, medido en términos del PBI, disminuyera. La entrada de dólares de deuda también implicaba emisión que se siguió succionando del mercado con las Lebac. Se mantenía la inconsistencia entre un gasto público que se expandía y el BCRA que succionaba el excedente de emisión. La historia terminó en fracaso.

El actual Gobierno gana las elecciones y asume con la misma consigna: “No al ajuste”. Comienza su gestión cumpliendo, ya que en los tres primeros meses de Gobierno –cuando todavía no estaba la cuarentena– el déficit fiscal creció 2,3% del PIB. Luego vino la cuarentena donde el déficit fiscal se fue al 8% del PIB. La mitad de este déficit se está financiando con emisión monetaria. Mágicamente, parece que la emisión monetaria no genera inflación. Por lo tanto, no hacen falta volver a la historia para rememorar “políticas antiinflacionarias”. Es más, la recuperación pospandemia debe venir por la vía de seguir aumentando al gasto público financiado con emisión.

El punto es que el BCRA está haciendo lo mismo que llevó al fracaso a Cambiemos. Succiona (esta vez no con Lebac, sino con Leliq y pases) el excedente de emisión monetaria. La situación está peor que cuando a Cambiemos le estalló la crisis. En el 2018, el BCRA succionaba el 40% de la capacidad prestable de los bancos. Hoy el BCRA está succionando 50% de la capacidad prestable de los bancos. O sea, la emisión contenida succionada por el BCRA es cada vez mayor. Aquí está oculta la presión inflacionaria que todavía no se ve.

De todas formas, se comenzó a hablar de la necesidad de un acuerdo de precios y salarios. Pero persiste la negación a hablar de política antiinflacionaria consistente.

Hay que recordar que el organismo internacional que más dolores de cabeza la causó al expresidente Raúl Alfonsín en los ‘80 era el Fondo Monetario Internacional (FMI). Porque insistía recalcitrante con la necesidad de contar con una política antiinflacionaria consistente que políticamente era muy complicado de instrumentar.

Ahora hay que volver a hablar con el FMI. Algunos opinan que el FMI cambió. Se verá. Si no cambió, Argentina no va al futuro. Vuelve al pasado. A la década de los ‘80.

Jorge Colina
Economista de Idesa

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