Jueves, 29 Octubre 2020 02:14

Nicaragua aprueba una ley que impone penas de cárcel a quienes el Gobierno considere que publiquen noticias falsas - Por Wilfredo Miranda

Escrito por Wilfredo Miranda

Ortega prepara un tridente legislativo por el que también penará con cadena perpetua los delitos de odio y bloqueará la financiación internacional de ONG y organizaciones civiles críticas con su Administración. 

Daniel Ortega sigue avasallando la libertad de expresión en Nicaragua. Este martes, el Parlamento leal al sandinismo aprobó la denominada Ley Especial de Ciberdelitos, cuyo objetivo principal es la criminalización de publicaciones en medios de comunicación independientes y redes sociales de contenido considerado por el Gobierno como falso con penas de cárcel que oscilan entre uno y diez años.

La normativa, conocida como ley mordaza, no solo afecta a periodistas, sino también a cualquier ciudadano que vierta críticas contra la Administración de Ortega en plataformas digitales.

La Ley Especial de Ciberdelitos es parte de un tridente legislativo promovido por el régimen de Ortega y que, según sus críticos, está ideado para acallar las voces disidentes que denuncian las constantes violaciones de derechos humanos que se cometen en este país centroamericano.

El Gobierno nicaragüense aprobó hace menos de 15 días, y como parte de ese tridente legislativo, la Ley de Agentes Extranjeros por la cual se bloquea la financiación y donaciones internacionales a la sociedad civil, ONG, periodistas y, en especial, a opositores para limitar sus actividades de organización política. Con esa ley más la Ley Especial de Ciberdelitos, queda ahora pendiente de aprobación la tercera norma del tridente, que impondrá penas de cadena perpetua para “castigar crímenes de odio” que Ortega achaca a sus detractores.

Lo que más ha llamado la atención con la aprobación de la ley de Ciberdelitos es que es el mismo Gobierno quien determinará cuándo un periodista, medio de comunicación o un ciudadano publique una noticia falsa.

La argumentación de la ley está redactada en el mismo tono que Ortega y su esposa, la vicepresidenta, Rosario Murillo, utilizan para desacreditar públicamente las denuncias de violaciones de derechos humanos o investigaciones periodísticas.

“Quien usando las tecnologías de la información y de la comunicación publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzcan alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella, a una persona o a su familia, se pondrá pena de dos a cuatro años de prisión y 300 a 500 días de multa”, reza el artículo 30 de la normativa, en cuyos numerales siguientes eleva la pena a cinco años de cárcel.

“La aprobación de esta ley constituye una forma de endurecimiento de las relaciones de los gobernantes con la prensa. Una medida encaminada a acallar voces, que va más allá de sus fronteras para inscribirse en un universo mayor: el conjunto de la sociedad nicaragüense”, dijo a EL PAÍS el especialista en medios de comunicación Guillermo Rothschuh.

La normativa también impone penas de cinco a nueve años de cárcel por publicar filtraciones de información sobre el Gobierno, una práctica periodística recurrente en un régimen de cero información pública.

“No creo que detenga las filtraciones, siempre han existido históricamente en Nicaragua. Tapar ese hueco es casi imposible. Tampoco creo que el periodismo adverso al Gobierno vaya a retroceder. Así al menos lo han expresado sus caras más visibles. El silenciamiento de un pueblo es una tarea fallida. Así lo confirma nuestra historia pasada y reciente”, insistió Rothschuh.

El periodista Néstor Arce, fundador del medio Divergentes y especialista en medios digitales, sostiene que esta ley “busca detener la filtración de información desde las dependencias públicas que ayudan a periodistas a realizar investigaciones que evidencian el mal manejo y corrupción de las oficinas del Estado”.

E insiste en que la definición de ellos mismos de qué es noticia falsa y castigar a quienes ellos consideren que estén publicándolas “no es solo una amenaza a la libertad de prensa, sino a la libertad de expresión de cada ciudadano nicaragüense que publique a través de sus propios medios digitales, sean redes sociales, blogs o mensajería”. Conforme a lo aprobado por los diputados sandinistas, la ley de ciberdelito entrará en vigor 60 días después de su publicación en el diario oficial La Gaceta.

Espionaje

Otro artículo polémico, el 39, dice que el Gobierno podrá obligar a los proveedores de servicios de Internet en Nicaragua a “recolectar, extraer o grabar los datos relativos a un usuario, así como el tráfico de datos en tiempo real, a través de la aplicación de medidas tecnológicas”. La abogada Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), opina que esta ley “instaura de facto estructuras y mecanismos de espionaje”.

Pero desde el punto de vista técnico, el régimen de Ortega podría tener nula o poca capacidad para controlar el espectro digital: la cantidad de información que se genera en las redes sociales y los sitios web es tanta que el Gobierno necesita una inversión millonaria, tecnológica y humana, para poder ejecutar controles similares a los que lleva a cabo China o Rusia, según el periodista Arce.

En 2018, durante las protestas sociales en Nicaragua, el diario israelí Haaretz publicó una investigación en la que reveló que el Gobierno de Ortega compró a empresas tecnológicas privadas de ese país programas de espionaje y recolección de inteligencia, para “localizar y detener a activistas de derechos humanos, perseguir a miembros de la comunidad LGTBI y silenciar a los ciudadanos que criticaban”.

“El Gobierno sí podría ordenar a las proveedoras de servicio de internet la restricción de acceso a sitios web y redes sociales, colocando en una lista negra las URL, como sucede en Venezuela o Cuba, por ejemplo. En todo caso, el régimen seguirá realizando su control y monitoreo a pequeña escala como lo ha hecho, y aumentado, desde 2018 a través de sus estructuras territoriales y vecinales, de forma muy análoga”, explicó Arce.

Sin embargo, remarcó el periodista, la amplitud de la ley les otorga la disposición de intervenir y solicitar información a las personas naturales y jurídicas, y estas tendrán que entregar sus dispositivos informáticos y acceso a las cuentas que el régimen considera bajo investigación.

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