La causa del “dólar futuro” se ajusta bastante a lo que suele definirse como “lawfare”, o uso de la justicia con fines políticos. La denuncia fue presentada por parlamentarios macristas justo antes de la segunda vuelta electoral de 2015 y le correspondió la instrucción al ya fallecido juez Claudio Bonadío, enemigo personal de Fernández Kirchner.
En su fallo, el tribunal criticó la instrucción. En un voto particular, la jueza Ana María Figueroa fue especialmente dura con Bonadío: afirmó que había negado incorrectamente pruebas de la defensa y que su instrucción fue “incompleta y discrecional”.
El origen del asunto está en una operación del Banco Central (otro de los encausados era su actual presidente, Miguel Pesce) por la que se vendieron casi 17.000 millones de dólares a futuro. Los diversos contratos tenían que liquidarse meses después, entre febrero y julio de 2016. El precio de venta acordado era de 10,8 pesos por dólar; cuando vencieron los plazos, el precio real era bastante superior y los inversores hicieron un gran negocio a costa de las reservas del Banco Central.
El Tribunal de Casación basó su fallo en una pericia encargada por el propio Banco Central (y rechazada en su momento por Bonadío) según la cual la operación de venta de dólares a futuro no causó merma a la entidad, con beneficios tanto en 2015 como en 2016. Además de eso, los magistrados afirmaron lo que resultaba bastante obvio desde el principio: que no corresponde a los jueces juzgar las decisiones de política económica.
