El Gobierno argentino evitó sumarse al comunicado del bloque regional y se pronunció en soledad sobre la situación de Venezuela.

El gobierno de izquierda que acaba de asumir el cargo en Casa Rosada aumentó los impuestos en un 74%. Una suma que solo vale el 2% del PIB argentino.

La Argentina salió aparte de la experiencia de la política de Mauricio Macri, pero ahora podría eclipsar definitivamente debido a la receta transmitida por el nuevo gobierno de izquierda representada por el presidente Alberto Fernández y vice de Cristina Kirchner.

Como señala el periódico Libero, debido a demasiados impuestos, el Estado argentino retira el 39% de su producto interno bruto de los ciudadanos. Limitándose a considerar solo la economía formal, este porcentaje salta al 56%: una cantidad enorme. En otras palabras, y para comprender el aire que respira en Buenos Aires y sus alrededores, por cada 100 de resultados comerciales, el sector público absorbe 106.30.

El desastroso plan de la izquierda

Macri ha fallado, y no hay duda sobre esto. Pero el ejecutivo de izquierda que acaba de establecerse en Casa Rosada corre el riesgo de hacerlo aún peor. Sí, porque Fernández incluso aumentó los impuestos en un 74%; una suma que solo vale el 2% del PIB y que eleva el peso de los impuestos al 58%.

El plan económico de la izquierda está escrito en blanco y negro en 84 artículos que, entre otras cosas y en nombre de la " emergencia económica " sancionaron el incumplimiento virtual, introdujeron una cantidad de tipos de cambio diferenciados en el dólar, eliminaron el mecanismo de indexación de pensiones, imponen un impuesto del 30% sobre el uso de dólares y tarjetas de crédito y sobrecargan exportaciones agrícolas Ese es el principal sector en el que siempre se ha basado Argentina.

Un peso, dos medidas

Yendo aún más en detalle, en este país sudamericano solo 12 millones de argentinos trabajan para mantener a otros 19. Los empresarios locales han comenzado a hacer algunas preguntas legítimas sobre la conveniencia de producir en ese estado. Muchos han llegado a la conclusión de que quizás es mejor mudarse a otro lado.

Critica la situación de los jubilados, dado que sus cheques han estado "congelados" durante seis meses. Y considerando que en Argentina la pensión mínima es de 14 mil pesos, es decir 155 euros, está claro por qué la situación es dramática. El gobierno prometió un cupón adicional en enero y uno en febrero, por un total de 110 euros, pero la sensación es que los efectos de este consejo serán casi insignificantes.

Mientras tanto, la inflación anual superó el 55% y las pensiones de grandes piezas de potencia se consolidaron. En total, hay 4938 anualidades blindadas, por un monto promedio de 210,000 pesos por mes, o 2330 euros. Una suma que incluso se duplica para algunos privilegiados: de ex presidentes a vicepresidentes a miembros de la Corte Suprema.

Fuente: http://www.ilgiornale.it/news/mondo/argentina-governo-sinistra-ha-aumentato-tasse-74-1804707.html

El Gobierno de Alberto Fernández deroga protocolos macristas que daban más poder a la policía y estudia legalizar el consumo de marihuana.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad entre diciembre de 2015 y de 2019, fue una de las integrantes del Gabinete de Mauricio Macri que más visibilizó la grieta política existente en Argentina. Parte de la población aplaudió sus políticas de mano dura contra la delincuencia y su respaldo incondicional a las fuerzas de seguridad.

Otra parte la criticó por el mismo motivo, en especial cuando defendió actuaciones polémicas como la del policía Luis Chocobar, quien disparó por la espalda a un ladrón que huía de un robo en el que apuñalaron a un turista. Su sucesora, Sabina Frederic, se sitúa en las antípodas. En sus primeras dos semanas en el cargo ha derogado protocolos aprobados por Bullrich y ha anunciado que pedirá revisar varios casos, entre ellos la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Deroga la res. 956 que permitía disparar sin dar la voz de alto, contrariaba los principios de proporcionalidad, racionalidad, excepcionalidad y progresividad del uso de armas de fuego y el principio legal de legítima defensa que protege tanto a funcionarios como a la población.

Frederic, antropóloga e investigadora del Consejo nacional de investigaciones científicas y técnicas (Conicet), dio marcha atrás con la autorización de la policía para disparar sin agresión previa ni haber dado la voz de alto. También prohibió el uso de pistolas eléctricas taser salvo para los cuerpos especiales y puso fin al pedido de documentación en las calles y estaciones de trenes.

La "medida criminaliza a los trabajadores mediante un exceso de controles innecesarios e injustificados", justificó la resolución publicada el martes en el Boletín Oficial que deja sin vigor los reglamentos aprobados por Bullrich. "Se trata de una herramienta que pone a disposición de las fuerzas policiales y de seguridad la posibilidad de reforzar criterios de selección y discriminación", agrega el texto oficial.

La ministra designada por Alberto Fernández ha marcado también distancias sobre la lucha contra el narcotráfico. El macrismo lo convirtió en una de sus banderas y durante su gestión se dispararon las incautaciones de drogas y el número de detenidos, con un récord de 43.194 este 2019. Sin embargo, para Frederic la política de su predecesora carece de resultados claros y sostiene que "la persecución ha sido principalmente sobre el narcomenudeo y consumidores".

Presentamos el balance de los 4 años de gestión. Cambiamos un paradigma: cuidamos a la víctima en vez de proteger al victimario. Bajamos los homicidios, el delito y los secuestros. Luchamos como nunca contra el narcotráfico.

Frederic ha anticipado que convocará a un debate para avanzar en la legalización del consumo y producción de cannabis, al igual que han hecho otros países como el vecino Uruguay. "El costo para el Estado de la persecución al tráfico de marihuana es altísimo también. Y muchos de nosotros sabemos que el daño que produce la marihuana es menor que el alcohol, entonces hay que tratar de ir en principio por ese camino", declaró la ministra a Radio Metro días atrás.

En su revisión de las políticas de Bullrich, Frederic, procedente del organismo de derechos humanos Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), ha criticado con especial dureza la actuación de la policía militar, la Gendarmería, en casos emblemáticos como las muertes del fiscal Alberto Nisman y del artesano Santiago Maldonado.

Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 durante el violento desalojo policial a mapuches en la Patagonia y su cuerpo no fue localizado hasta 78 días después. La autopsia determinó que no tenía signos de violencia y que murió ahogado en el río donde se lo encontró, pero Frederic denuncia que el operativo de desalojo "fue pésimamente realizado" y reunirá información para brindar a la Justicia.

Nisman fue hallado muerto en el baño de su casa de un disparo en la cabeza el 18 de enero de 2015. Cuatro días antes, había denunciado ante la Justicia a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento de los autores del atentado contra la Asociación Mutual Israelita de Argentina (AMIA), que causó 85 víctimas mortales el 18 de julio de 1994.

La Cámara Federal de Buenos Aires dictaminó tres años después que Nisman fue asesinado y se basó, entre otras evidencias, en la pericia realizada por Gendarmería. Frederic anunció que pedirá revisar ese medida de prueba una vez cambie la cúpula de las fuerzas de seguridad.

Bullrich no ha dudado en tildar de "aberración" las declaraciones de la ministra sobre el caso Nisman y ha instado a Gendarmería a desobedecer lo que considera "una orden ilegal" por proceder de una integrante del Ejecutivo y no de la Justicia.

Desde los tribunales han descartado también cualquier revisión, pero pese a la relevancia del caso, la investigación sobre Nisman no avanza. A pocas semanas de cumplirse cinco años de su muerte Nisman, no hay sospechosos ni culpables.

Mar Centenera

El malestar entre la población, por un ajuste que Mauricio Macri no se atrevió a soñar, era y es evidente.

El primer cacerolazo contra el Gobierno de Alberto Fernández irrumpió cuando había oscurecido. En ese momento, Cristina Fernández, la otra cara de la moneda del poder, en la Argentina de hoy, debutaba en el Senado. Ambas Cámaras dieron luz verde, contra reloj, al mega proyecto, de múltiples emergencias, que taladra los bolsillos de la clase media, los jubilados y el sector agropecuario.

En los barrios porteños de Belgrano, Caballito y Recoleta la noche del viernes volvieron a retumbar las cacerolas. El diario «Perfil» colgaba en la Home los vídeos con el estruendo. El malestar entre la población, por un ajuste que Mauricio Macri no se atrevió a soñar, era y es evidente.

Un par de semanas bastaron para que el nuevo -y el viejo- peronismo impusiera su ley y el presidente se hiciera con una docena de competencias que pertenecen al Poder Legislativo, gracias a la «Ley de Solidaridad Social y Reactivación productiva». Fernández aprovechó este tiempo para sacudir como una alfombra la estructura del Estado y ajustarlo a su medida.

En simultáneo, envió recado a los jueces para rescatar a los suyos o de «ella», según se mire (el exministro Julio de Vido fue excarcelado con el exsecretario de energía, Roberto Baratta). Fernández (el presidente), organizó su Consejo de Asesores con emblemas del pasado «K» como Ricardo Foster (de la disuelta Carta Abierta) o Cecilia Nicolini (coordinadora del Grupo de Puebla), ocupó portadas de la prensa que detesta –y de la fiel también- por su anuncio de un plan de lucha contra el hambre (lo mismo hizo Macri sin resultados) y sostuvo –y sostiene-, suavemente, el pulso con la mujer que comparte apellido y ansias de poder.

La tensión entre ellos se libra ahora en el órgano más sensible del Estado, la Agencia Federal de Inteligencia (Afi), la misma que la viuda de Néstor Kirchner reestructuró y hasta cambió el nombre para desterrar aquellas siglas de la SIDE donde Jaime Stiuso, el espía más famoso de Argentina, pasó de ser su aliado a su enemigo íntimo.

En especial, después de la muerte (asesinato según Gendarmería Nacional) del fiscal Alberto Nisman, tras acusarla de encubrir a los presuntos autores del atentado a la sede de la AMIA y la DAIA, principales instituciones política y económica, respectivamente, de Israel en Buenos Aires.

Alberto Fernández consensuó con su «número 2» los 21 ministros pero no parece que logre un acuerdo para designar al «señor 5», como se conoce al jefe de los servicios de Inteligencia en Argentina. En su discurso de investidura, como si su pasado fuera efímero, proclamó: «Nunca más al Estado secreto.

Nunca más a los sótanos de la democracia» y anunció la intervención del departamento, «algo inexplicable porque no puedes intervenir lo que es tuyo», resume uno de los hombres de dentro del edificio que está a un puñado de pasos de la Casa Rosada.

El presidente también anunció algo insólito, el fin –salvo excepción- de los fondos reservados, «una falsa promesa porque sabe que es imposible operar sin ellos», observa la misma fuente. El presupuesto de estas partidas, según un Fernández de euforia populista, se destinará a paliar el hambre.

Licencia exclusiva

La «intervención» de la AFI, está cargo de Cristina Caamaño, presidenta de Justicia Legítima, la asociación de juristas militantes del kirchnerismo que tiene a Baltasar Garzón como uno más. Camaño llevó las riendas del Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones (Dicom) en la gestión de Alejandra Gils Carbó, la exprocuradora general ultra K (equivalente a Fiscal General del Estado) que se atrincheró en su puesto hasta diciembre del 2017. Mauricio Macri la había descrito como una persona que «no tiene autoridad moral para ejercer el cargo».

Alberto Fernández, como exjefe de Gabinete de Néstor y de Cristina Kirchner sabe bien lo que significa tener el control absoluto de la vieja Side. Mientras gana tiempo para imponer a su titular el presidente de Argentina puso a trabajar en un proyecto de reestructuración y futuro modus operandi de la AFI, a Vilma Ibarra, su expareja, actual secretaria Legal y Técnica (puesto de máxima confianza) y a Gustavo Beliz, secretario de Asuntos Estratégicos. Éste último, ministro de Kirchner, salió despedido del cargo a los dos meses tras mostrar en cámara una fotografía de Jaime Stiuso, el espía.

Alberto Fernández apunta a armar un Gobierno que le permita tener el control o la licencia exclusiva para mandar pero llega al poder bajo el ala de Cristina Kirchner y arrastrar deudas ajenas identificadas con la etiqueta de corrupción. Saldarlas puede ser su salvación o su perdición. Empezando por las sentencias que, previsiblemente, afectarán a su exjefa.

El primer indicio de por dónde irán los tiros de ese combate lo dio al designar al frente de la Oficina Anticorrupción al fiscal, también de Justicia Legítima y militante kirchnerista, Felix Crous.

El director de Poder Ciudadano (transparencia), Pablo Secchi, observó su nombramiento, «no solucionan el problema que criticaban, que no tiene que haber funcionarios militantes en este tipo de cargos».

Carmen de Carlos