La Comisión de Legislación Laboral logró un dictamen de la ley que regula el teletrabajo, con algunas disidencias de Cambiemos que no impedirán que sea aprobada en la sesión de este jueves, aunque podría haber cambios porque hasta oficialistas y aliados plantearon sus objeciones.

Además, hubo un dictamen de minoría de Unidad para el Desarrollo, el bloque de José Luis Ramón, presentó un dictamen propio a través de Pablo Ansaloni, del sindicato de trabajadores rurales. Sin ellos, el Frente de Todos tiene los votos justos.

El texto dictaminado tomó la mayoría de las demandas de los sindicatos e ignoró muchos reclamos de la Unión Industrial Argentina, como la de crear un menú de contratos para los teletrabajadores. La entidad pidió que la aplicación de la ley hasta 180 días después de terminada el aislamiento social y preventivo; y le concedieron 90.

El despacho, anunciado por la presidenta de la comisión Vanesa Siley, del Frente de Todos, establece un piso de derechos para el teletrabajo, que será una modalidad laboral aplicable a cada actividad y voluntaria del empleador, sin perder ningún derecho vigente en el resto de la legislación laboral.

"Podemos estar orgullosos de este proyecto de ley, que podrá ser perfectible, pero abarca esta problemática que hasta ahora sucedía en un vacío legal", festejó Hugo Yasky. Los sindicatos deberán adaptarla a la dinámica de cada tarea y no tendrán plazo para hacerlo. Algunos legisladores pedían que lo resolvieran en 6 meses, pero la CGT pidió que no haya tiempos y lo consiguió.

La jornada laboral deberá ser pactada por escrito y el empleado sólo deberá estar conectado en los horarios prefijados. Tendrá luego derecho a "desconectarse", al igual que "en los períodos de licencias" sin sufrir sanción.

Aquí surgió una de las diferencias de Cambiemos, expresadas por los radicales Albor Cantar y Luis Petri, y Mónica Frade, de la Coalición Cívica. Consideraron exagerado la prohibición de los empleadores de no remitir comunicaciones por fuera de la jornada laboral. Hasta el sindicalismo Pablo Moyano coincidió en que alcanza con que el empleado pueda no responder.

El hijo del jefe de Camionero también objetó la exigencia de adoptar "plataformas y/o software" utilizados por el empleador a los fines específicos del teletrabajo "acorde a la jornada laboral". Estas líneas fueron consideradas excesivas también por el cordobés Eduardo Fernández, del oficialismo, un histórico líder de la Asociación de Pymes cordobesas, que pidió relajar las exigencias para su sector.

Una de las que más ruido le hizo fue la "reversibilidad", un término que comenzará a hacerse recurrente y consiste en el consentimiento de los trabajadores para aceptar la modalidad de teletrabajo y su derecho a volver a una oficina por cuestiones particulares, que fue defendido a capa y espado por varios oficialistas.

En sintonía con la UIA, Cambiemos no acepta que los contratos de teletrabajo puedan variar a presencial en una negociación colectiva cuando disponga. "Hay que entender que esta modalidad llegó para quedarse. Yo pienso en los dadores de trabajo", se diferenció Alejandro García, del PRO.

No hubo objeciones sobre la obligatoriedad de los empleadores de aportar equipamiento mínimo para trabajar en casa, que incluye hardware y software o cualquier herramienta necesaria, con modalidades de compensación acorde a la negociación colectiva.

Si se rompe algún material y el empleador no lo repara, su empleado podrá quedarse de brazos cruzados. Además, los trabajadores podrán reclamar los gastos como parte de la negociación colectiva, suma que quedará exenta del impuesto a las Ganancias.

Otro punto de conflicto fue la contemplación por cuidados a menores de 13 años, discapacitados o adultos mayores. Quienes lo hagan deberán negociar horarios compatibles con esas tareas. "Vamos a desalentar esta modalidad", protestó Frade.

Los empleadores deberán garantizar el derecho a la intimidad y la protección de la información laboral, mientras que, en otra victoria gremial, habrá un límite a la contratación de extranjeros, que requerirán una autorización de la autoridad de aplicación, o sea, del Ministerio de Trabajo. La UIA había pedido desechar esa restricción. No lo hicieron.