El crimen de Fabián Gutiérrez, el ex secretario de Cristina Kirchner que apareció sin vida en El Calafate, llevó al Congreso el debate sobre la protección de testigos en causas por corrupción, uno de los temas que provocó roces entre Mauricio Macri y Alberto Fernández durante la transición presidencial.

Un proyecto de ley de Cambiemos, escrito por el radical Luis Petri y firmado por la línea más dura del interbloque propone que la Corte Suprema de Justicia proteja a quienes canten desfalcos en la administración pública.

La pelea promete otra zaga de denuncias cruzadas porque en el kirchnerismo no quieren saber nada con ceder ese poder al máximo tribunal y acumulan denuncias sobre la supuesta utilización de testigos para influenciar en las causas contra Cristina y sus ex funcionarios, durante la gestión del ex ministro de Justicia Germán Garavano.

Ni bien se halló el cadáver de Gutiérrez, el Ministerio de Justicia aclaró que no formaba parte del programa nacional de testigos protegidos, que existe desde 2003 y funciona así: lo pide un juez y contempla varios grados posibles de cobertura, que varían entre una custodia, cambio de identidad y hasta la provisión de casa y comida. Es muy frecuente para causas sobre narcotráfico, corrupción policial o delitos de lesa humanidad.

En el kirchnerismo aseguran que Garavano abusó del régimen de testigos para potenciar causas contra ex funcionarios, pero no avanzaron en denuncias. Muchos renunciaron y Cambiemos quiere que pase a la órbita de la Corte.

Macri lo usó como nadie antes para cobijar a testigos de corrupción como el ex secretario de Obras Públicos José López, el chofer y redactor de los cuadernos Oscar Centeno, el ex contador Víctor Manzanares, el ex valijero Leandro Fariña y Alejandro Vandenbroele, el amigo de Amado Boudou involucrado en la causa por la estatización de la ex Ciccone Calcográfica.

Diez días antes de irse, el ex presidente firmó un decreto para eliminar el programa y reemplazarlo por una Agencia nacional de testigos, que funcionaría con autarquía, presidida por la Cámara de Casación Penal e integrada por representantes de la procuración y la secretaría de Seguridad.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informa, ante el lamentable hecho de público conocimiento, que Fabián Gutiérrez nunca fue parte del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados de la cartera. Ni él, ni ninguna autoridad judicial requirieron su protección.

Los jueces de Casación rechazaron la propuesta con un acuerdo extraordinario y Alberto, en enero, derogó la agencia y volvió a poner el programa original, que monitorea su viceministro de Justicia Juan Carlos Menna, uno de los juristas cercanos a la vicepresidenta. Poco y nada interviene la ministra Marcela Losardo.

Cuando aún se desconocía el paradero de Gutiérrez, Petri consideró que anular la Agencia "fue un acto de desamparo, desprotección y abandono a quienes declararon en causas de corrupción". Después aclaró que no se refería a la persona de Gutiérrez, sino a su caso.

"En ningún momento dije que era testigo protegido, pero ante un caso de esta gravedad institucional, que involucra a un ex secretario de Cristina acusado de enriquecerse con la corrupción, es necesario dar garantías", se defendió el radical mendocino ante LPO.

Este lunes presentó el proyecto de ley para darle a la Corte la protección de los testigos que aporten datos de corrupción, que ya había promovido en 2014. "No pueden estar a cargo del Poder Ejecutivo, porque es el denunciado. Es cierto que nuestro Gobierno no lo hizo en 2016, pero creamos la figura del arrepentido, la extinción de dominio y la ley de responsabilidad penal empresaria".

Su texto prevé protección plena para los delatores: residencia, custodia, protección de sus bienes, subsidio, empleo si fuera necesario, colegio para los hijos y hasta cambio de identidad. Adhirieron los diputados de la línea dura de Cambiemos, como Graciela Ocaña, Waldo Wolff y Jorge Enríquez.

Los más moderados no se sumaron y en los grupos de chat se mostraron molestos con las autoridades de Cambiemos por el prematuro comunicado del sábado, en el que involucraban a la justicia federal por la instrucción ordinaria quedaría a cargo de Natalia Mercado, la sobrina de Cristina Kirchner.

"La justicia provincial ya está tratando de instalar, sin prueba alguna, hipótesis sobre el motivo del asesinato", hicieron saber en un comunicado firmado por las autoridades del PRO, la UCR y la Coalición Cívica, que le valió a Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo una rebelión interna por no consultar. No fue el caso de Petri, de una fluida relación con ambos.

La jefa del PRO es la más apuntada: la acusan de consultar sólo con los duros antes de difundir ideas para no dar el debate. Pero casi ninguno hizo su fastidio público y Bullrich, a quien le reproche, le recuerda las acusaciones que sufrió por el supuesto asesinato de Santiago Maldonado.

En el kirchnerismo rechazan que los testigos sean protegidos por la Corte, que está en la mira de Cristina por su actuación en los años de Macri. De hecho, en las últimas horas la vicepresidenta pidió a los diputados oficialistas volver a gestionar los votos para quitarle las escuchas judiciales, aun después de haber creado una subcomisión para controlar el sistema desde el Congreso.

Califican la muerte de Gutiérrez como un posible crimen pasional que la oposición politizó; y minimizan su declaración como testigo colaborador en la causa de los cuadernos, que seguirá vigente. "Mencionó que vio bolsos pero no que tenían adentro. Fue lo que le pidieron decir para quedar libre y no aportó nada".

Además, destacan que en ese testimonio eliminó la coartada de López, que lo había señalado como quien le dio el dinero que arrojó en el convento. El fallecido ex secretario, que dejó la función pública hace casi una década, testificó que no estaba en Buenos Aires en ese momento.

El ex secretario de Obras Públicas sigue bajo el programa y en el Gobierno no muestran premura por denunciar los supuestos abusos que, dicen, cometió Garavano con los testigos. Hablan de una posada en la que se alojó Vandenbroele y gastos fastuosos de Fariña, quienes renunciaron a la protección oficial y no han variado su situación procesal desde el cambio de Gobierno.

El tema cobra relieve porque los casos de corrupción del anterior Gobierno comenzaron a avanzar en Tribunales, como el que investiga irregularidades en la concesión de autopistas, por el que están citados los ex ministros de Hacienda Nicolás Dujovne y de Infraestructura Guillermo Dietrich; además del ex director de Vialidad Javier Iguacel y el ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías.

Petri propondrá su proyecto a viva voz en alguna de las próximas sesiones del Congreso, que seguirá funcionando de manera remota, pero difícilmente logre aliados para alcanzar la mayoría. Si el debate llega al recinto, se escucharán denuncias cruzadas de todo calibre. Ese es el tono que hay, después del crimen de Gutiérrez.