La usina generó una fuerte oposición de los vecinos desde el momento de su proyección por su cercanía con las áreas residenciales y a partir de su inauguración en 2019 es cuestionada por sus altos niveles de contaminación sonora.

"El ruido excedió holgadamente los niveles aceptables. Y cuando digo holgadamente hablo de un nivel insoportable", aseguró a LPO el intendente de Escobar Ariel Sujarchuk, cuyo distrito limita con la central.

Con la derrota del macrista Nicolás Ducoté en Pilar, ambos distritos comenzaron los estudios de impacto ambiental y junto con la autoridad del agua de la Provincia (ADA) y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), lograron concretar la clausura.

Ahora, los intendentes van por la clausura de la otra usina -gestionada por APR Energy- y la relocalización de ambas en algún parque industrial de la zona.

"No se debiera poder levantar la clausura. Araucaria no tiene siquiera habilitación y APR está muy flojita de papeles", comentó Sujarchuk, quien adelantó a este medio que se investigará la participación de los funcionarios del gobierno anterior en la irregular puesta en marcha de las centrales.

"Fue una actitud obscena por parte de la gestión anterior de Pilar y de la provincia de Buenos Aires. Tal es así, que se rezonificó a las termoeléctricas una vez que se estaban haciendo y en tiempo récord", destacó el jefe distrital.

Según sostiene, estos procesos demandan entre 8 y 10 años y en este caso se hizo en cuestión de meses, un caso único en todo el mandato de María Eugenia Vidal. A su vez, no se dio lugar a la opinión de Escobar tal como exige la ley 8.912 respecto a rezonificaciones en límites distritales.

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Otra de las irregularidades de la planta es que a pesar de no poder funcionar a más de un 60% o 70% de su capacidad por las limitaciones de infraestructura en el acceso al gas, se realizaron contratos en dólares en los cuales se cobra por el 100% de la potencia instalada.

"En 2019 usaron solo el 8% de su capacidad y en 2020 solo el 2%. Están mal hechas y a las apuradas. Son sinónimo de corrupción, vamos a seguir hasta el final porque no se puede destruir el medio ambiente por un negocio inmobilario", agregó Sujarchuk.

El panorama también luce muy complicado para los propietarios de la planta, que como explicó LPO, aprovecharon la crisis del holding Stoneway Capital para hacerse de este activo estratégico.

Quienes conocen el accionar de la Corte sostienen que una apelación no tiene chances de prosperar en un caso tan evidente de atropello ambiental. Por otro lado, ambos grupos carecen de las simpatías del gobierno que podría dificultar la nueva operación de las centrales y pasar a discutir la legalidad de los contratos, de comprobarse las fallas iniciales.

Manzano ya había sido vetado en su fallido intento de quedarse con Vicentín, mientras que en el gobierno no toleran a Gustavo Ferraro el encargado local de Gramercy al que califican como un ejecutivo "muy arrogante", que tuvo una actitud "nefasta" con los vecinos y municipios involucrados a lo largo del proceso.