La toma de tierras, que comenzó el 23 de agosto, llevó a un paro de 14 días del Tren Mitre por parte del sindicato de conductores de trenes, La Fraternidad, quienes en su momento aclararon que no se trató de una medida de fuerza sino la "protección a la integridad física de los trabajadores y la seguridad del material e infraestructura en riesgo".

Por su parte, Trenes Argentinos procedió a realizar una denuncia que quedó en manos del Juzgado Federal N°1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, quien luego dio la orden para que se concrete el desalojo.

Las familias que se encontraban viviendo en el lugar serán trasladadas a un albergue.

El presidente Alberto Fernandez había expresado en las primeras horas del día la necesidad de resolver la situación: que se iba a ocupar personalmente de la situación: "Voy a ocuparme personalmente porque no tiene sentido que estén ocupando tierras del ferrocarril e impidan el paso y condicionen al resto de los argentinos a un lugar al que epidemiológicamente no se recomienda".