Viernes, 14 Enero 2022 13:16

El Congreso: la madre de todas las reformas – Por Gabriel Salvia

Escrito por Gabriel Salvia

Las elecciones legislativas del 2021 evidenciaron aires de cambio, incluyendo la llegada al Congreso Nacional de figuras con mayores ambiciones políticas. 

Es decir, diputados y senadores nacionales que buscarán luego de la última elección candidatearse en 2023 a gobernadores, jefes de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o a la presidencia de la Nación. Cargos que, de obtener, implicarán un enorme desafío para implementar reformas políticas, económicas, institucionales y sociales.

Por lo tanto, cabe preguntar si pueden mantener dichas aspiraciones políticas sin haber impulsado previamente una reforma de sentido común en el ámbito en el que actualmente se desempeñan: el Poder Legislativo Nacional (PLN).

El Congreso de la Nación cuenta ahora con una representación muy plural, desde el peronismo oficialista, kirchnerista, provincial y opositor; la centenaria Unión Cívica Radical; el PRO; la Coalición Cívica; liberales clásicos, libertarios y socialistas trotskistas. Pero no hay ningún parlamentario como los socialistas de principios del siglo XX, fervientes defensores de la austeridad republicana en su accionar legislativo.

Al respecto, el 3 de febrero de 1915, el primer senador socialista de América, Enrique del Valle Iberlucea, intervenía en un debate legislativo sobre el presupuesto nacional, afirmando que “si abrigamos el firme y sincero propósito de introducir apreciables economías en este Presupuesto, debemos dar el ejemplo, reduciendo considerablemente el anexo del Congreso”. A ningún legislador actual se le ocurriría hacer este planteo, o incluso proponer iniciar el debate de la ley de presupuesto empezando por la del propio PLN.

Solamente con consultar los sitios web del Senado y la Cámara de Diputados, especialmente el primero, se puede analizar con precisión las dimensiones irracionales de la burocracia legislativa, donde una mayor transparencia sobre su gasto y estructura debería concluir en una reforma de la misma que empiece, fundamentalmente, por congelar vacantes y reemplazar el criterio político en la incorporación de personal permanente por la designación por concurso u otro método que garantice tanto la transparencia como la igualdad ante la ley. Es decir, aplicar lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Nacional y en el artículo 21.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

De acuerdo a los datos del presupuesto nacional 2021, el PLN (Jurisdicción 1) contaba con 13930 empleados. Comparado con el Bundestag de Alemania, tiene la mitad de parlamentarios y el doble de empleados.

El Senado de la Nación, con 72 legisladores que representan a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, registraba para el año pasado 5027 empleados; mientras que la Cámara de Diputados contaba con 5058, con 257 legisladores.

Un estudio de CADAL precisa que solamente un tercio de los empleados de ambas cámaras están asignados a los legisladores, mientras que la mayor parte cumplen funciones en dependencias cuya denominación y cantidad de personal escandalizarían a los socialistas del siglo pasado.

Por su parte, la Biblioteca del Congreso de la Nación (creada por Ley 212 de 1859) tenía 1396 agentes; la Imprenta del Congreso de la Nación (creada por Ley 11.601 de 1932) unos 498; y la Dirección de Ayuda Social (Ley 13265 de 1948) 780 empleados. Por Ley Nº 24.284 de 1993 se creó la Defensoría del Pueblo, que actualmente tiene 546 empleados y cuyo titular está vacante desde el año 2009.

En 2004, por Ley 25.875 se creó la Procuración Penitenciaria, que en 2021 contaba con 340 empleados; en 2005, por Ley 26.061 se creó la Defensoría de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que al 2021 tenía 112 personas; y en 2012 por Ley 26.522 la Defensa del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual que al año anterior registraba 139 agentes.

En 2012, por Ley 26.827 se creó también el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que cuenta 16 empleados. Finalmente, en 2016, impulsado por organizaciones de políticas públicas, se creó la Oficina de Presupuesto del Congreso, Ley 27.343, que reúne a 18 empleados, en este caso designados por concurso.

El cruce de datos del personal legislativo es una tarea muy sencilla de hacer y sus resultados revelan la complicidad de toda la dirigencia política, aunque en mayor medida del kirchnerismo y en especial el paso irresponsable de Amado Boudou en la Vicepresidencia de la Nación, que llevó los empleados de la cámara alta de 3287 a 6020, superando por primera vez los empleados del Senado a los de Diputados.

En conclusión, si legisladores con ambiciones ejecutivas no se ocupan de impulsar una reforma político-administrativa del Poder Legislativo nacional, lo cual implicaría encarar una racionalidad económica en este ámbito y establecer un criterio de austeridad, mérito y transparencia en materia de recursos humanos, el interrogante que surge es si realmente luego podrán generar cambios en las administraciones subnacionales o en el Gobierno nacional. Por eso mismo, la reforma en el Congreso es la madre de todas las reformas políticas.

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