Miércoles, 29 Julio 2020 21:00

En Comodoro Py desconfían del plan de Alberto Fernández y exigen acelerar el sistema acusatorio antes que sumar jueces - Por Lucía Salinas

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Los magistrados objetan los cambios anunciados, y desafían a “que la política explique para qué impulsa la reforma”, cuyo costo superaría los $ 4.000 millones anuales.

 

Unificación de fueros, incremento del número de jueces, ampliación de los Tribunales Orales, un sistema de subrogancias, son algunos de los puntos que integran el proyecto de ley que el presidente Alberto Fernández remitirá al Congreso de la Nación y que tienen como fin declamado reformar a la Justicia. En Comodoro Py, donde funciona el fuero que investiga los casos de corrupción que involucra a funcionarios como ex funcionarios nacionales, descreen de las intenciones del plan oficialista: consideran que lo que debe hacerse es avanzar con el sistema acusatorio, en el cual quienes investigan son los fiscales. "Que explique la política para qué impulsa la reforma, por qué es un buen proyecto", indicaron algunos magistrados.

Ya no son doce los jueces federales en Comodoro Py. Un cuarto de los juzgados se encuentra vacante de magistrados titulares. Este miércoles, luego de 26 años al frente de su despacho, fue el último día de Rodolfo Canicoba Corral uno de "los doce". Ya había otras dos vacantes. De los ocho tribunales orales federales, sólo cuatro tienen magistrados titulares. La Cámara Federal porteña, responsable de revisar los fallos de los jueces de instrucción, cuenta con dos vacantes.

La justicia además atraviesa graves problemas financieros. El Administrador del Consejo de la Magistratura había advertido que si el Poder Judicial no recibe asistencia del Tesoro, no llegaría a fin de año. La cifra demanda ascendía a 16.000 millones de pesos.

El presidente Alberto Fernández reiteró sus críticas al fuero federal porteño, ya pronunciadas en la apertura de las sesiones legislativas en marzo. Prometió poner fin a "la designación de jueces amigos", a los "sorteos (de causas) manejados" y a la "manipulación judicial" y prometió impulsar un reordenamiento que "evite el cajoneo o impulso de las causas según los tiempos políticos". El planteo fue aún más explícito: "De esta manera los delitos contra la administración pública no quedarán en manos de unos pocos jueces".

El anuncio que creará un fuero de mayor magnitud prevé la unificación de los fueros penal económico con el penal federal porteño. Luego se crearán otros 23 juzgados, para llegar a una Justicia General Penal integrada por 46 juzgados.

Ese número fue ampliamente criticado en los Tribunales de Retiro. "Hasta el momento no explicaron en el Gobierno la finalidad de esta reforma que suma juzgados, y tampoco cómo lo financiarán, o qué finalidad se persigue", indicó un integrante de la Cámara Federal de Casación Penal.

Uno de los magistrados de instrucción, señaló que lo anunciado "no es una reforma sino cambios, porque aumentan los números sin explicar a dónde se apunta con ello, las reformas son sobre el sistema". Palabras similares eligió un juez de Cámara, que planteó que los anuncios y el envío del proyecto al Congreso "padecen de los inconvenientes que padece la política: en lugar de elegir primero cuál es el norte y para alcanzarlo, elegir las mejores herramientas, el Gobierno no define para qué quiere la reforma, para poder evaluar críticamente cuáles son los medios para dicho fin".

En la instancia de instrucción, algunos magistrados consideraron que los anuncios "apuntan contra personas y no mejoran el sistema". Otro juez, con más de diez años frente a su juzgado, advirtió que en el Gobierno "quieren reformar el funcionamiento de uno de los poderes del Estado sin participación de representantes legítimos de ese poder".

Otro planteo vinculado a la ampliación de los juzgados es el financiamiento de ese salto. En los Tribunales de Retiro, un primer cálculo estima que esto demandará entre 4.000 y 5.000 millones de pesos por año "Cuando el Consejo de la Magistratura requiere año tras año la asistencia del Tesoro Nacional para funcionar, nadie explica cómo se afrontará esto", dijo un magistrado de la Cámara de Casación.

Como punto de coincidencia, varios de los jueces de instrucción como de las cámaras revisoras, y la Casación que tiene superintendencia sobre los Tribunales Orales, consideraron que una verdadera reforma sería "implementar el sistema adversarial". Es decir, aquel que le concede mayor potestad de acción a los fiscales durante la investigación, siendo el juez el garante del proceso, es decir, quien siempre tendrá la última palabra sobre las determinaciones que se tomen en el caso.

Lucía Salinas

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