Martes, 08 Junio 2021 12:55

Envían a juicio oral a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó por corrupción - Por Lucía Salinas

Escrito por

Lo decidió el juez Julián Ercolini. Es por la compra irregular de un edificio.

 

Alejandra Gils Carbó se convirtió en la primera ex procuradora general de la Nación en ir a juicio por corrupción. El juez federal Julián Ercolini dio por clausurada la investigación y firmó la elevación del caso para la instancia del debate oral. La ex jefa de los fiscales, fue procesada por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, por la compra de un edificio en la calle Perón al 600, para que funcionen las oficinas de la Procuración.

 

Después de dos años y medio desde la confirmación de su procesamiento, la ex Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, irá a juicio oral.

Con la confirmación por parte de la Sala I de la Cámara Federal porteña del procesamiento -aunque modificaron el delito original que era el de administración en perjuicio del Estado-, el fiscal Taiano solicitó al juez Ercolini que la ex Procuradora sea enviada a juicio oral.

Pero posterior a la firma de aquel dictamen, hubo una serie de presentaciones de la defensa de la ex Procuradora que retrasaron este último trámite que se encontraba pendiente en el juzgado a cargo de Ercolini.

Una serie de recusaciones y reclamos fueron enviados a la Cámara federal porteña que finalmente, rechazó todo lo planteado y así, se allanó el caminó para que el juez Ercolini firme este martes la elevación a juicio oral, tal como confirmaron fuentes judiciales a Clarín.

Alejandra Gils Carbó fue la última jefa de los fiscales en carácter de titular. Desde que dejó el cargo, Eduardo Casal ocupa el puesto de forma interina. Pese a que el presidente Alberto Fernández eligió al juez federal Daniel Rafecas para que sea el próximo Procurador General, el Kirchnerismo no acompaña la propuesta y busca avanzar en el Congreso con la modificación de la ley que rige al Ministerio Público Fiscal, que incluye bajar las exigencias para la selección del Procurador.

Ahora, en Comodoro Py deberá afrontar un debate oral bajo la acusación de negociaciones incompatibles con la función pública por la compra de un edificio en la calle Perón al 600, para que funcionen las oficinas de la Procuración. Por el inmueble se pagaron -en su momento- 43 millones de pesos y se abonaron comisiones que rondaron los 10,7 millones de pesos.

El objetivo de la operación, según la Justicia, fue dar "apariencia de legitimidad" a un proceso administrativo, "con personas insertadas con calidad simulada, con otras interpuestas para apariencia de empresa o negociación", señaló el juez Ercolini cuando la procesó. En consecuencia, todo el proceso administrativo fue considerado como "una farsa".

En este contexto, los imputados -entre ellos Gils Carbó- se valieron de "formas engañosas orientadas a hacer aparecer como legítima la licitación pública que llevó a la adquisición del inmueble", pero que para la Justicia estuvo decidido de "antemano" para favorecer a quienes intervinieron en el millonario proceso, sostuvo el fiscal Taiano.

Por ello, Ercolini procesó como principales responsables a la Procuradora y al subdirector Guillermo Bellingi. La Sala I de la Cámara, cuando en 2018 confirmó el caso, indicó que el comportamiento responde a una práctica que choca con sus funciones públicas.

Para la Justicia, las principales autoridades de la Procuración "idearon y ejecutaron un complejo plan" orientado a "adquirir directamente para el Ministerio Público Fiscal, bajo la simulación engañosa de una licitación pública".

Sobre dichos aspectos, se indicó que no solo se trataba de adquirir un inmueble con bóveda, cochera y auditorio, sino que "debía ser un edificio señorial; de época… En ese marco, a los pocos competidores que las primeras exigencias imponían, las últimas terminaban por eclipsar. Así, se eliminaban los rivales que podían disputar la licitación al inmueble de Juan Domingo Perón 667".

La compra del inmueble habría estado "decidida de antemano, previo acuerdo con ejecutivos de la sociedad propietaria del edificio, Arfinsa Argentina Financiera SA", cuya cara visible fue Adrián Fischer.

Esta empresa ofertó en el marco de la licitación lanzada por el Ministerio Público Fiscal, a través de Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios SA (constituida por Bárbara Jaureguiberry e Ignacio Costa Urquiza).

El inmueble tuvo un costo de $43.850.000​ y contó con la intervención "dolosa y fundamental" de Bárbara Jaureguiberry y Juan Carlos Thill (productor de seguros que participó como intermediario y medio hermano de Bellingi).

Durante la operación se pagó una comisión de $7,7 millones a la inmobiliaria Jaureguiberry que a su vez pagó otra comisión de $3 millones por asesoramiento a Thill, el medio hermano de Bellingi.

La Justicia sostuvo que la compra fue por un "monto significativamente mayor a los $27 millones que se hubieran pagado de haberse concretado la operación relativa a la licitación pública N° 17/2012, que sólo dos meses antes había sido dejada sin efecto".

Lucía Salinas

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…