Miércoles, 01 Septiembre 2021 08:20

La semana en la que la Justicia fue baleada, amenazada, desafiada, insultada y hasta le dieron cátedra - Por Hernán Cappiello

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Narcotraficantes, sindicalistas, patoteros y el abogado del mandatario reaccionaron con violencia contra funcionarios judiciales; Alberto Fernández al defenderse, les indicó como interpretar la ley

 

Amenazas de muerte, insultos, bravuconadas, desafíos en público y hasta lecciones del presidente Alberto Fernández sobre cómo interpretar la ley. A lo largo de la semana que pasó, funcionarios del Poder Judicial fueron descalificados y estuvieron en la mira de narcotraficantes y delincuentes enmascarados y armados, pero también de abogados y funcionarios que los vapulearon y desacreditaron. Ninguna de estas acciones, evidencia del descenso de la Justicia en la consideración del poder, tuvo una consecuencia ni sanción, más allá de algún repudio aislado.

 

Los magistrados, sin voz para responder a estos ataques, esbozaron su indignación en una catarsis continua durante la consulta de LA NACION con una decena de jueces y fiscales de diversos colores políticos. Y las tres listas de la Asociación de Magistrados –desde las más opositores a las cercanas al Gobierno– plantearon un pedido para “defender institucionalidad” en sendos comunicados.

Algunos de los jueces consultados admitieron errores propios que los ponen en una situación de desprestigio, pero también relacionaron este descenso en su valoración por la imagen pública que reflejan de ellos los medios y sus relaciones no siempre transparentes con el poder.

El único lenguaje que hablan los jueces son sus sentencias, pero cuando esos fallos aparecen acomodarse al poder del turno, pierden legitimidad como para erigirse en autoridad, reconocen. Se les animaron todos, desde los más encumbrados hasta los más impresentables. Durante la última semana terminaron recibiendo amenazas de abogados patoteros, delincuentes armados y enmascarados, condenados y hasta de los que ocupan el último lugar de la escala zoológica del mundo del hampa.

Primero, en Rosario se conocieron los públicos alardes del líder de Los Monos, el narcotráficante Máximo Ariel “Guille” Cantero, que el primer día del juicio oral en su contra les dijo a los jueces que su ocupación consistía en contratar sicarios para disparar a jueces y fiscales. El día anterior habían baleado el frente del tribunal donde se iba a realizar el proceso. Y en el juicio se escucharon grabaciones de hace tres años donde los narcos llamaban al 911 con amenazas como esta: “Somos acá la banda de los Cantero. A ‘Los Monos’ suéltenlos porque lo vamos a agarrar al juez. Al juez le reventamos toda la casa y lo matamos, lo vamos a secuestrar”.

El jueves se conoció un video protagonizado por encapuchados que, con armas largas y chalecos antibalas de policía, amenazaban a los jueces y fiscales que tienen causas contra el sindicalista de la Uocra Juan Pablo “Pata” Medina. Los funcionarios judiciales no reforzaron su custodia y sospechan que en realidad es una reacción de una facción gremial contraria que quiere quitarle a Medina y sus hijos el control de la seccional platense del gremio.

El Pata Medina y su hijo Cristian finalmente regresaron el viernes a prisión porque, al participar en un acto, habían violado la prohibición judicial de participar en actividades sindicales. La decisión de devolverlos a prisión fue tomada por Alejandro Esmoris, del Tribunal Oral Federal 2 de La Plata. La Justicia se plantó ante el desafío de Medina.

El martes, Luis D’Elía recuperó su libertad al cumplir la condena que le fue impuesta en 2017 por la toma de la comisaría 24ª en La Boca. El dirigente piquetero realizó un acto público que pareció un desafío a los jueces que lo condenaron. Alentado por un millar de personas en un escenario, cortó con un cuchillo la tobillera electrónica que controlaba sus movimientos, con una arenga en contra del “lawfare”. Se trata de una figura que el kirchnerismo identifica con las condenas judiciales contra dirigentes populares en conjunción con medios de comunicación.

La andanada tocó otro pico cuando se conocieron los altisonantes insultos de Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner y consultor de Alberto Fernández. Al fiscal federal Ramiro González, que investiga al Presidente por el Olivos Gate, Dalbón le dijo “coimero”. Sobre el juez Sebastián Casanello afirmó: “Me importa un huevo”. El juez y el fiscal optaron por el bajo perfil, no hicieron comentarios ni propiciaron repudios corporativos para no darle entidad.

Finalmente, quien bajó línea a la Justicia fue el propio Presidente, al defenderse en la causa que lo tiene como imputado por haber violado el DNU que el mismo dictó y festejar con otras 10 personas el cumpleaños de Fabiola Yañez, durante la cuarentena estricta.

Cada abogado se defiende con los argumentos que encuentra. Sin embargo, su palabra como Presidente, explicando a la Justicia como debe interpretarse la ley, cayó mal en los tribunales, donde el jefe de Estado pretende llegar a un cuerdo para cerrar la causa en su contra.

Reacciones 

La lista Bordó de la Asociación de Magistrados, la más opositora de los jueces, escribió en defensa de los jueces rosarinos. “Queremos destacar la valiosa y valiente tarea que llevan adelante nuestros colegas en el juzgamiento de las organizaciones criminales”, dijeron, para convertir su comunicado en un reclamo al Gobierno. “Deseamos enfatizar la impostergable necesidad de que las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y de las provincias pongan de inmediato a disposición de los/as jueces/zas y fiscales todas las medidas de resguardo de su persona, y de sus colaboradores y familiares”, pidieron.

“Las actitudes violentas nunca deben ser subestimadas y deben ser repudiadas en todo contexto, tanto cuando resultan extremas como en el caso de las bandas criminales que operan en Rosario, Santa Fe, como cuando provienen de expresiones de sindicalistas que fomentan la violencia como ha sucedido recientemente”, agregaron, en alusión al Pata Medina.

“No pueden quedar sin reproche otras conductas portadoras de violencia, como las recientes declaraciones de un letrado mediático, conocido por su proclividad al escándalo público, que pretendieron agraviar certeramente a magistrados que tienen a su cargo causas penales que tocan sus intereses políticos”, fue otro de los párrafos, con Dalbón como destinatario.

En la Asociación de Magistrados tallan otras dos listas: la Celeste, más cercana al Gobierno, y Compromiso Judicial, que se ubica en un carril intermedio.

Bajo el título “Sigue la violencia contra la Justicia, ahora con acusaciones infundadas”, Compromiso Judicial dio a conocer un comunicado en el que planteó su “repudio a las declaraciones y descalificaciones que el abogado Gregorio Dalbón emitió en contra de los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal”. Y agregó: “Acusaciones violentas e infundadas como las que se expresaron implican un menoscabo a la dignidad e independencia del trabajo judicial, el que debe ser debidamente respetado en un sistema republicano de gobierno.

“Recordamos que toda persona siempre cuenta con las herramientas procesales pertinentes para eventualmente cuestionar cualquier decisión judicial que no comparta, pero en un Estado de Derecho no resultan aceptables el insulto y el agravio personal como medios para manifestar las discrepancias”, señalaron.

El juez Alberto Lugones, vicepresidente del Consejo de la Magistratura y líder de la Lista Celeste, expresó también su descontento. “Defendamos la institucionalidad”, reclamó. Pidió seguridad para los jueces de federales de Sana Martín, víctimas de amenazas por sus causas, y repudió las expresiones de Dalbón.

“Es muy grave lo que está ocurriendo, se está perdiendo el respeto. Por ahora los actos son de las personas que están interesadas en el resultado del pleito”, expresó el magistrado. En el caso de Dalbón, señaló que “si haya alguna evidencia de lo que dijo, que presente una denuncia”, más allá de lo que resuelva el fiscal González en la causa contra Alberto Fernández.

“En este último tiempo parece que la única forma de dirigirse a los magistrados es mediante el insulto o una expresión injuriante”, agregó un comunicado de la Lista Celeste. “Los colegas que ejercen la abogacía en forma liberal se olvidan del respeto que nos tenemos que tener mutuamente”, señalaron, para concluir: “Todo lo demás es inadmisible y ausente del compromiso democrático que alegamos y al cual estamos obligados”.

Hernán Cappiello

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