Viernes, 05 Noviembre 2021 13:00

La citación a Macri y la deuda de una Justicia independiente - Por Daniel Santa Cruz

Escrito por Daniel Santa Cruz

Sin transparencia y ecuanimidad de los jueces, será imposible cerrar la grieta en la Argentina

“Usted, Sr. Juez, forzó mi llamado a indagatoria en pleno proceso electoral con fines repudiablemente políticos”, afirmó ayer Mauricio Macri en un escrito frente al juez Martín Bava, y agregó: “Queda claro que Usted está muy apurado para procesarme antes del 14″.

Mucho se debate alrededor de la incorporación del expresidente en la causa que investiga un supuesto espionaje sobre los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. Algunos especialistas en derecho constitucional creen que es al menos polémico que se cite a indagatoria al expresidente cuando aún no declararon Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, ex autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), procesados en esta causa, y cuando aún el magistrado no tomó las medidas de prueba necesarias. También comentan con ironía, cerca de Macri, la rapidez con la cual el presidente Alberto Fernández firmó el decreto que lo releva “de la obligación de guardar secreto y confidencialidad en los términos de la Ley Nº 25.520″. Lo hizo en tiempo récord, apenas un par de horas después de que el pedido fuera girado por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores. Esa noche, Fernández viajaba a la reunión del G20 en Roma y luego a Glasgow, a la cumbre de cambio climático; se iba a ausentar una semana, así que, si firmaba ese decreto a su regreso, posiblemente no le dieran los tiempos al juez Bava para indagar a Macri antes de las elecciones. “Alberto Fernández actúa con la velocidad de una babosa cuando tiene que gestionar, pero actúa con la velocidad de una Ferrari cuando tiene que perseguir”, señaló Hernán Lombardi.

El expresidente está convencido de que su procesamiento está en marcha y que será anunciado antes del 14, porque la causa está minada de razones e intereses políticos más que jurídicos. Por eso no solo le habló al juez, sino también al electorado.

Cristina Kirchner ha agitado las aguas con la politización de sus defensas cada vez que declaró en algunas de sus tantas causas, con alegatos que transformaban indagatorias en largos discursos políticos. Ayer pidió a través de un escrito que ella y sus hijos Máximo y Florencia sean sobreseídos en la causa Hotesur, para muchos la investigación que más compromete a Cristina y su familia. En un extenso escrito se declaran “injustamente acusados” y hacen una comparación con la causa conocida como Memorándum con Irán, donde la Vicepresidenta fue sobreseída por la “inexistencia de delito”.

También Cristina ha hablado enfáticamente de persecución política cada vez que se defendió exponiendo algunas situaciones, pero obviando otras, como aquel fallo exprés de 2009, cuando el desaparecido juez Norberto Oyarbide los sobreseyó a ella y a su esposo Néstor Kirchner en la causa que investigaba una denuncia de un incremento patrimonial del 158% del matrimonio presidencial. Fue horas antes de que la Coalición Cívica anunciara que iba a presentar más pruebas en el juzgado. Años más tarde, el ex contador de la familia, Víctor Manzanares, imputado colaborador en la causa “Cuadernos”, declaró que Oyarbide había sobreseído irregularmente a los Kirchner mientras brindaba con champagne.

En el kirchnerismo defienden la actuación del juez Martín Bava, pero olvidan cuando el Juez Claudio Bonadío allanó la casa de Cristina Kirchner en Calafate. Allí encontró varias cajas que contenían desgrabaciones sobre periodistas, políticos y empresarios. Era una prueba concreta de posible espionaje. Sin embargo, a la Vicepresidenta nunca la citaron a declarar. Habría que establecer primero cómo y por qué llegaron esas actuaciones a su domicilio, y éste no es un trámite rápido. La comparación es válida, mucho más tratándose del juez que Cristina y el kirchnerismo aborrecían, que, a pesar de obtener una prueba contundente, no apuró los tiempos ni las diligencias como lo está haciendo el juez federal subrogante en Dolores.

El asunto es saber quién tiene razón o si los dos la tienen. Seguramente los seguidores de uno u otro dirán que la persecución la sufre su líder y que el otro se victimiza. El ejemplo más notorio lo encontramos en la situación del ex vicepresidente Amado Boudou, procesado y condenado en la causa Ciccone, causa que atravesó todas las instancias judiciales hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia. En su andar, todos confirmaron la comisión de un delito y su condena, pero, aun así, existe un sector de la sociedad que expone a Boudou como víctima de una persecución política y judicial. Hay algo llamativo: la marcha de su causa tuvo tiempos no tan comunes para nuestra justicia. Un abogado de gran participación en causas que investigan hechos de corrupción en la gestión pública, lo describe así: “Lamentablemente en nuestro sistema hay causas que van por una pista vacía arriba de un Fórmula Uno, mientras que otras avanzan en carro sobre un camino empedrado”.

Hay sectores de la sociedad que creen más en la palabra de su referente político que en lo que pueda acreditar un tribunal. Y en parte tienen razón, porque, en gran medida, fueron algunos jueces los que generaron o abrieron la puerta a la desconfianza colectiva detrás de decisiones adoptadas por oportunismo político o por presión del poder de turno.

La grieta está ahí; vive y seguirá existiendo en la medida en que la justicia garantice impunidad a unos y actúe por conveniencia política con otros. Sin una Justicia independiente que garantice en cada una de sus decisiones un trato imparcial para que la sociedad no vuelva a creer en la justicia, no tenemos la menor chance de abandonar la grieta que enfrenta a dos sectores tan enconados.

Y éste también tiene que ser un compromiso que debería asumir la dirigencia política, porque para resolver el problema de la “grieta” no alcanzan los discursos inclusivos y los gestos amistosos. Toda acción que busque una reconciliación deberá imperiosamente incluir garantías para que todos sepan que nadie será impune ante la ley.

Sin esa condición de igualdad, no habrá señal de convivencia que prospere.

Daniel Santa Cruz

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