Miércoles, 22 Junio 2022 11:11

En Mendoza la corrupción ya no podrá ser el crimen perfecto - Por Luís Petri

Escrito por Luís Petri

Nuestra provincia ha hecho avances significativos para combatir la corrupción, a diferencia del camino elegido a nivel nacional. En un país asqueado por la impunidad de los corruptos, Mendoza dio un paso histórico que les quita escapatoria en el tiempo: la Suprema Corte de Justicia de la provincia declaró imprescriptibles los delitos por corrupción. Nuestra provincia ha hecho avances significativos para combatir la corrupción, con la consagración de ficha limpia, la implementación de los procesos de extinción de dominio y ahora con la declaración de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

A nivel nacional, en cambio, el camino elegido es el opuesto, ya que a los innumerables embates del Gobierno Nacional para quebrar la independencia del Poder Judicial, esta semana se sumó el desistimiento de la querella por parte de la Oficina Anticorrupción en una de las causas de corrupción más obscenas que recuerde nuestra historia y que involucra a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner. Veamos.

 

Por un lado, nuestro máximo Tribunal provincial, determinó la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción en la causa que condenó al ex intendente de Santa Rosa, Sergio Salgado, pero cuyas consecuencias exceden dicho fallo y se propagan en todo el sistema político institucional.

Es un fallo de enorme trascendencia, ya que la larga duración de los procesos de corrupción -14 años promedio- transformaban a los delitos de corrupción en “crímenes perfectos”, no ya porque no se encontrara a los responsables, sino porque aun haciéndolo, se consagraba su impunidad, al impedir su juzgamiento por el transcurso del tiempo. Basta, como muestra, recordar que Carlos Menem, fue absuelto por prescripción de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, al no ser juzgado en un plazo razonable después de 23 años.

La imprescriptibilidad de los delitos de corrupción surge de la propia Constitución Nacional en su artículo 36, en donde establece que los atentados al sistema democrático y al orden institucional son insanablemente nulos y las acciones imprescriptibles, para luego especificar que: “…Atentará contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el estado que conlleve enriquecimiento”, por consiguiente, los delitos de corrupción comparten el carácter de imprescriptibles. En el año 2015, presenté en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que expresamente establecía la imprescriptibilidad de estos delitos, que nunca pudo ser tratado por la resistencia y oposición de quienes hoy nos gobiernan. No hace falta decir que han hecho del poder una guarida para garantizar su impunidad.

Quieren feudalizar la Corte Suprema

La importancia de la lucha contra la corrupción está dada en las amenazas que ésta plantea para la estabilidad y seguridad de las sociedades, al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de las leyes, tal como reza el Preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

En la vereda de enfrente a este trascendental fallo, la Oficina Anticorrupción a nivel nacional, decidió renunciar a la querella por corrupción en la causa “Vialidad”. De esta manera, el organismo encargado de velar por la transparencia y luchar contra la corrupción en nuestro país, no va a participar del juicio que podría imponer penas de 5 y 16 años de cárcel para la ex presidente, por el delito de asociación ilícita y fraude en perjuicio de la administración pública.

La Oficina Anticorrupción, -que ante este verdadero bochorno debería ser disuelta- incumple una de las atribuciones que le son conferidas por el Decreto de su creación y desiste de la querella en la etapa de juicio oral, bajo el pretexto de haberse rendido toda la prueba propuesta por ella y ante la ausencia de personal, como si le fuese indiferente el resultado del juicio y la averiguación de la verdad. Un escándalo.

Dos decisiones diametralmente opuestas en la lucha contra la corrupción, que dan cuenta de la verdadera grieta por la que atraviesa nuestro país, entre quienes defienden el estado de derecho y el valor de la Justicia y quienes buscan quebrarla para hacerse de impunidad.

Avances y retrocesos en el principal flagelo institucional que azota a nuestro país desde hace décadas y que es uno de los responsables de nuestra decadencia, ya que el desvío de fondos y los sobornos que involucran a funcionarios públicos, suponen menos presupuesto para educación, menos hospitales y menos inversión en infraestructura productiva que permita combatir la pobreza y resolver los graves problemas por los que atraviesa nuestro país.

La corrupción y su lucha no puede ni debe sernos indiferente, porque de ello depende el futuro de nuestro país. Tenemos el deber de ofrecerles a nuestros hijos el ejemplo y el valor de la decencia.

*Luis Petri es abogado y ex Diputado Nacional por Mendoza

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