Un fortísimo rumor está corriendo entre los matriculados platenses que tienen relación con el caso de Julio "Chocolate" Rigau y sus presuntos jefes políticos. Todos esperan que, por sus problemas precedentes, algunos relacionados con sus adicciones, y algún consejo adicional escuchado durante todo el día de hoy, Emiliano Funes Ayerdi pueda rever su declaración pública de ayer, en el que acusó a la plana mayor del Frente Renovador de repartir el dinero recaudado por su puntero estrella en los cajeros automáticos de La Plata. 

Para mañana, además, se espera la apertura y el análisis del contenido del teléfono celular de "Chocolate" Rigau, algo que pretendieron impedir por todos los medios y que provocó un escándalo judicial que puso a tiro del juicio político a los jueces de la Sala III Alejandro Villordo y Juan Benavidez promovido, entre otros, por el Procurador General bonaerense, Julio Conte Grand.

En caso de que se produzca un "cambio de opinión" de Funes Ayerdi, se consagrará otro episodio dantesco en una zaga de situaciones que refleja el pánico que tiene la dirigencia política bonaerense de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y en particular el Frente Renovador, del cual "Chocolate" es un militante que está "enchastrando" todo lo que toca cuando antes lo endulzaba.

La primera situación bizarra se dio en la misma noche que fue detenido Rigau. Como un verdadero "hombre de la bolsa", la policía municipal y luego la provincial advirtieron de su sospechoso accionar cuando poseía casi medio centenar de tarjetas de débito, solo una de su pertenencia, y retiraba de a $30.000 pesos por cada oportunidad, de los cajeros ubicados en la sede central del Banco Provincia platense.

"Están jugando al bowling con granadas", se reía casi de su ocurrencia un ex empleado jerárquico de la Legislatura que conocía a Claudio Albini, a Guillermo Escudero, el diputado provincial que lo hizo ingresar a Rigau como empleado de maestranza, y, por supuesto, a Rubén Eslaiman, el presidente del bloque Renovador y a Raúl "Cabezón" Pérez, el exlegislador provincial - ahora en la Cámara de Diputados de la Nación - que supo manejar una excelente relación con Daniel Scioli y hoy es uno de los operadores estrellas de Sergio Massa. Pérez es, además, quien designó a Juan Malpermi como legislador provincial, armando un momento de gran tensión en su ciudad, La Plata, porque ese lugar estaba destinado para José Arteaga.

En la tarde de hoy, el que también pidió participar de todo el proceso fue el Fiscal de Estado, Hernán López. Miembro de ese ámbito desde hace décadas, asumió hace diez años como titular de este organismo que debe vigilar y defender al Estado bonaerense ante cualquier posibilidad de perjuicio económico producto de actos de corrupción o incorrecciones administrativas.

López, de origen radical, no debe pedir permiso ni autorización del gobernador Axel Kicillof para presentarse como querellante en la causa. El gobernador sigue manteniendo un prudente silencio sobre este tema porque, presume, nada de esto lo puede afectar al no tener a nadie de su confianza involucrado. Si fuera por eso, casi nada de lo que suceda en el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires lo puede tocar a pesar de ser el jefe de Estado, ya que varias áreas centrales están manejadas por aliados que no siempre lo consideran como jefe. 

Quien primero advirtió que el caso podría determinar un escándalo fue el juez Guillermo Atencio, que conduce la causa que instruye la fiscal Betina Lacki cuando no autorizó la excarcelación de Rigau. Luego, Fernando Mateo, quien votó en contra de lo que habían dispuesto por sus pares Villordo y Benavidez, también había alertado que aquel fallo que suspendía todo lo actuado hasta el momento podía desencadenar en un "escándalo público de dimensiones".

Algo parecido expresó ayer Conte Grand, quien además advirtió que todas las decisiones de apartar a las autoridades naturales de la causa y las presentaciones de los abogados defensores de Chocolate tuvieron como objetivo un "forum shopping", es decir, buscar un juez y un fiscal que atienda las necesidades de la política.

Alejandro Cancelare