El juez federal Ariel Lijo desconfía de la explicación de Manuel Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y no descarta pedir otros elementos de prueba antes de redirigir el caso a una investigación por presunta evasión fiscal.

Fuentes cercanas al magistrado señalaron a MDZ que "por lo que se vio, no cierran" las aclaraciones que hizo el exjefe de Gabinete sobre su exponencial incremento patrimonial, por lo que toma distancia del fiscal Gerardo Pollicita que no logró encontrar evidencia que dé cuenta de que se haya enriquecido ilegalmente durante su paso como funcionario, convalidando la supuesta ganancia en bitcoins.

Adorni explicó ante la Justicia que una parte de los fondos utilizados para afrontar sus gastos y operaciones inmobiliarias provenía de inversiones en criptomonedas que había realizado antes de ingresar al Gobierno. Según la versión presentada por su defensa, junto con su esposa, Bettina Angeletti, había reunido alrededor de US$ 200.000 en ahorros, producto de sus actividades profesionales y una herencia familiar, que posteriormente destinó a la compra de Bitcoin entre 2014 y 2018. El exvocero aseguró que esas operaciones le permitieron multiplicar el capital inicial y llegar a acumular aproximadamente US$565.000.

Para respaldar esa explicación, Adorni hizo referencia a ocho billeteras virtuales, conocidas como cold wallets o billeteras frías, que permiten almacenar criptomonedas sin permanecer conectadas a Internet. Según su relato, compraba Bitcoin mediante operaciones particulares, entregando dólares en efectivo a vendedores, y luego los vendía de la misma manera a otros compradores. La defensa sostuvo que conservó esos fondos fuera del circuito bancario y que recurrió a ellos años después para afrontar distintos compromisos económicos.

La postura de los fiscales

El fiscal Gerardo Pollicita evaluó esa descripción y consideró que no había elementos suficientes para sostener que el patrimonio de Adorni se había incrementado injustificadamente como consecuencia del ejercicio de la función pública.

Sin embargo, durante la investigación tampoco se logró reconstruir plenamente la titularidad histórica de las billeteras ni identificar a todas las personas que participaron de las operaciones. Por ese motivo, Pollicita pidió que las actuaciones pasen al fuero Penal Económica para que se analice una eventual evasión tributaria.

Desde el entorno de Lijo, adelantaron que retomará la causa próxima semana, y agregaron que el planteo del fiscal "implicaría sobreseerlo" ya que el posible giro a una causa por evasión podría "dejarlo amparado en la ley de inocencia fiscal" que sancionó el Congreso y que el exportavoz podría adherir al Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias, contemplado en la Ley de Inocencia Fiscal, aunque no tendría acceso a los beneficios centrales del sistema por su condición de exfuncionario de alta jerarquía.

La normativa establece una restricción para quienes hayan ocupado cargos con rango de secretario de Estado o superiores durante los cinco años anteriores a la adhesión. Adorni todavía podría invocar la aplicación retroactiva de los nuevos montos mínimos de punibilidad establecidos por la Ley de Inocencia Fiscal, bajo el principio de la ley penal más benigna, si las eventuales irregularidades tributarias investigadas quedan por debajo de los nuevos umbrales. Eso cree Lijo que podría hacer el expanelista, según manifestaron desde la cercanía de su despacho.

"A partir de ahora, cualquiera que tenga un problema de blanco agarra una billetera fría, le encuentra un mecanismo inviable para investigar y listo. Es algo que debe evaluarse bien y es posible que él pida más pruebas si no le cierra la explicación", razonaron desde los alrededores del juez.

Las principales dudas sobre la explicación de Adorni

Si bien el exjefe de Gabinete sostuvo que comenzó a operar con criptomonedas entre 2014 y 2018, con un capital inicial de aproximadamente US$200.000 proveniente de ahorros familiares y una herencia, la investigación no logró reconstruir de manera independiente toda la operatoria.

Entre los principales puntos pendientes aparecen la acreditación del origen del dinero utilizado para comprar los activos digitales, la identificación de las personas que le habrían vendido y comprado los Bitcoin y la documentación que permita verificar cómo esas inversiones llegaron a convertirse en los aproximadamente US$565.000 que Adorni asegura haber acumulado.

Otro de los interrogantes pasa por las ocho billeteras frías que presentó su defensa para respaldar el relato. La posibilidad de acceder actualmente a esas direcciones no alcanza, por sí sola, para demostrar que Adorni era su titular o controlador durante los años en los que asegura haber realizado las operaciones. Tampoco permite reconstruir automáticamente las transacciones particulares que, según su versión, se concretaron mediante entregas de dólares en efectivo.

La falta de trazabilidad completa y de documentación sobre los compradores y vendedores constituye uno de los puntos que todavía generan dudas en el expediente y que podrían motivar nuevas medidas de prueba antes de que el juez Ariel Lijo resuelva si corresponde avanzar con el cambio de fuero y la investigación por una eventual evasión tributaria.

Otro elemento que despierta inquietudes en el cuarto piso de Comodoro Py es que Adorni nunca había hecho pública esta supuesta fortuna en criptomonedas ni había explicado que una parte sustancial de su patrimonio provenía de esas inversiones. Por el contrario, en sus anteriores apariciones públicas había reconocido que no tenía demasiados conocimientos sobre Bitcoin y el funcionamiento de ese mercado.

Fuente: https://www.mdzol.com/politica/2026/11/12/ariel-lijo-toma-distancia-del-fiscal-y-evalua-pedir-mas-pruebas-en-la-causa-de-manuel-adorni-1994902.html