Justicia

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, está impulsando una investigación sobre lo actuado por el juez de Bahía Blanca. También hay otros dos magistrados en la mira de San Isidro y Lomas de Zamora.
El juez Claudio Orlando Blum, titular del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 del Departamento Judicial, quedó al borde del juicio político luego de que se abriera una investigación por la liberación de presos peligrosos en el marco de la pandemia por coronavirus.
La denuncia fue presentada formalmente por la abogada María Agustina Petersen ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires por el otorgamiento de la prisión domiciliaria a Néstor Luis Ibars, condenado en 2015 por el abuso sexual agravado con acceso carnal de una menor con retraso madurativo.
El delincuente recibió una pena de prisión de 7 años y aún le restan para su cumplimiento 2 años y 7 meses.
Además, se lo investiga por la liberación de otros 12 presos con delitos graves que van desde el abuso sexual agravado, homicidio y robo agravado por uso de armas de fuego.
“Existe una clara violación de los deberes propios a su cargo, puesto que el Magistrado no ha realizado una aplicación razonada del derecho vigente a las circunstancias comprobadas de la causa. Tampoco valoró adecuadamente la prueba relevante incorporada al expediente”, indica el escrito.
El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, junto a otros legisladores como Ramiro Gutiérrez, Pablo Garate y Jorge D’Onofrio impulsaron esta semana el juicio político contra Claudio Blum y otros dos jueces con jurisdicción en Lomas de Zamora y San Isidro, todos de la provincia de Buenos Aires, donde se concentra la mayor población carcelaria del país.
Además, recibieron el apoyo de la Oficina de Víctimas del Congreso que lidera Sandra Rossi y de la que participan entre otros Matías Bagnatto y Vivian Perrone, de Madres del Dolor.
“A mí me parece que las penas o las sanciones son para ser cumplidas, porque son el acto de reparación que el delincuente debe cumplir para subsanar el error que cometió, y cuando aparece una situación que viola esto, se rompe el principio de acuerdo de convivencia social que tenemos los argentinos", señaló Massa en medio de la polémica por las liberaciones que llevó a la reacción de buena parte de la población a través de un cacerolazo el pasado jueves.
“Estoy sacando una instrucción para que en los casos donde los jueces no cumplan con la Ley de la Víctima, y no les den vista y se proceda a la liberación de un delincuente, le iniciamos un juicio político, porque hay un procedimiento para avanzar con las excarcelaciones y los jueces lo tienen que cumplir”, agregó Massa.

El Colegio de Abogados de la Ciudad cuestionó la liberación de presos: “Si no se respetan las normas, Argentina se convertirá en el país al margen de la ley”
Infobae
La institución se sumó al rechazo a la liberación masiva de presos de las cárceles con la excusa de la pandemia del coronavirus.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires se sumó al rechazo a la liberación masiva de presos de las cárceles con la excusa de la pandemia del coronavirus y aseguró que esas decisiones judiciales “despiertan honda preocupación en el ámbito del Derecho y –muy especialmente– en la ciudadanía en general”.
En un comunicado, la entidad que preside Máximo Fonrouge destacó que “las detenciones preventivas durante el proceso son la excepción a la regla de la libertad, y se imponen en análisis individuales y pormenorizados en cada causa, sujetos a la intervención y contralor de todas las partes del proceso penal”.
“Lo mismo cabe decir respecto de quienes cumplen detención en calidad de condenados, en tanto las penas impuestas a ellos han sido el resultado de procesos con la debida intervención de las partes naturales y revisión de todos los estamentos judiciales. De ello se colige que sus legítimas detenciones son el resultado del ejercicio pleno de las garantías constitucionales del debido proceso penal y del juez natural”, detalló la misiva.
En ese sentido, en el Colegio de Abogados resaltaron que por ese motivo “estamos en desacuerdo con los cientos de excarcelaciones en masa que se están concediendo en estos días, muchas de ellas en el marco de procesos que han soslayado la legítima intervención del Juez natural, del Ministerio Público, de los informes carcelarios o médicos de rigor, y de las víctimas”.
“No se nos escapa la crítica situación sanitaria que vive el país y las precarias condiciones bajo las cuales están alojados los presos en sus respectivos centros de detención. Esta crisis debe servir para que las autoridades inicien finalmente el camino hacia la construcción de más y mejores cárceles, sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. No para vaciarlas artificialmente, dejando de lado la larga y encomiable labor de los actores propios del proceso penal en miles de causas judiciales”, destacó el comunicado.
En tanto, el directorio de la institución sostuvo que “las excarcelaciones pueden y deben evaluarse caso por caso, por parte de los jueces, fiscales y defensores propios de cada causa, sin condicionamientos de quienes llevan adelante motines carcelarios, ni de los estamentos superiores del Poder Judicial, y ciertamente que tampoco de parte de otros poderes del Estado. Al momento de ser reevaluadas, ha de tenerse en cuenta, por supuesto, la situación particular de cada preso.
En el contexto actual, podría ponderarse como un factor favorable a su otorgamiento si el condenado se encuentra dentro de los grupos de riesgo de contagio (por su edad o enfermedades preexistentes); si fue sentenciado por delitos no relacionados con actos violentos; si no registra antecedentes de evasión del proceso anteriores; si sufre prisión preventiva y especialmente si ella supera los dos años máximos de límite; si su detención domiciliaria podría realizarse en un lugar físico determinado, supervisable, alejado de sus víctimas, etc.”.
“Aún los países que más sufren los efectos de la pandemia como Italia, España o Estados Unidos, con millones de contagiados y decenas de miles de muertos, ninguno ha abierto la puerta de sus cárceles otorgando indiscriminadamente la libertad a miles de presos, incluyendo –como en nuestro caso– condenados por graves delitos como homicidios, robos con armas y abusos sexuales”, destacó la institución que preside Fonrouge.
En ese sentido, el comunicado resalta que “cualquiera fuere la teoría de la pena elegida, absolutas o relativas, retributivas o preventivas, las penas se sustentan en la ley y se legitiman en su naturaleza social, entrelazando a todos los ciudadanos en la libertad, garantizada por el Estado, o en privaciones de la libertad racional y legalmente impuestas.
En ello se constata la legitimidad y existencia del Estado de Derecho que las Naciones Unidas define como ‘un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal’”.
“Si se deja de lado a los actores propios del sistema judicial, si se soslayan las normas y se toman decisiones judiciales en función a situaciones e intereses ajenos al de cada caso en particular, la Argentina se convertiría en el ‘país al margen de la ley’ que –sin dudas– deseamos evitar.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresa que la República no está en cuarentena, las instituciones judiciales tampoco. No debe suspenderse la aplicación de las leyes en esta emergencia sanitaria por la que estamos atravesando. En estas situaciones excepcionales es cuando más las necesitamos”, concluyó la misiva.

Víctor Violini, un camarista penal que intentó ser intendente y no oculta su militancia política
Gustavo Carabajal
Integrante de Casación, ordenó analizar los casos de condenados por delitos graves que pidieron salir.
A pesar de desempeñarse en el segundo tribunal en importancia en la provincia, hace poco más de un año dijo a viva voz: "Tengo muchas ganas de ser candidato a intendente de La Plata". Su aspiración quedó en el camino, ante la falta de apoyo político dentro del PJ platense.
La actual seora Cristina Kirchner destacó la figura de Violini, quien había declarado: "No queremos que la Justicia bonaerense se convierta en Comodoro Py. Nunca vi cosas como las actuales en 25 años dentro de la Justicia". La expresidenta replicó las declaraciones del juez, que hace un año había respaldado al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo de Lázzari, en su enfrentamiento con la entonces gobernadora María Eugenia Vidal.
Los caminos de Violini y De Lázzari volvieron a coincidir el 20 de marzo pasado. Dos días después, de que se decretara el aislamiento obligatorio a raíz de la pandemia, el presidente de la Suprema Corte dispuso que las decisiones urgentes de los distintos tribunales provinciales "podrán ser adoptadas de manera unipersonal por su presidente o quien lo reemplace".
Diez días después, Violini, como único integrante de la Cámara de Casación, ordenó que se dispongan las prisiones domiciliarias de los acusados de delitos leves que formen parte de grupos de riesgo ante un eventual contagio de coronavirus y que en los casos de imputados o condenados por delitos graves los jueces revisen cada caso en particular.
Violini aceptó un planteo de los defensores de todos los departamentos judiciales bonaerenses. Dicha presentación fue apoyada por la Comisión Provincial de la Memoria.
En un mensaje de audio enviado a familiares de detenidos en situación de riesgo por la pandemia, el secretario del organismo, Roberto Cipriano García, explicó que todos los días se presentaban entre 100 y 150 pedidos en favor de detenidos. "Ante un Poder Judicial conservador, que no acepta resolver libertades, nos encontramos con la voluntad política del gobierno provincial de descomprimir el sistema penitenciario. Es un momento bastante singular e histórico", expresó García en el audio.
García manifestó que el mensaje fue sacado de contexto y que la frase sobre "momento histórico" se refería a la situación de pandemia.
Los dichos del funcionario provincial y el fallo de Violini fueron criticados por los familiares de víctimas de delitos.
Cuestionaron al juez no haber cumplido con la obligación legal de notificar a la víctima de un abuso cuando el agresor sexual salía de la cárcel, tal como ocurrió con un acusado de violación, de 67 años, beneficiado con prisión domiciliaria, que se instaló en su casa, cerca de la vivienda de la menor de la que había abusado.
Violini y García visitaron el martes el penal de José León Suárez y les explicaron a los presos el alcance de la resolución.
Los nombres de los presos que serían beneficiados con las prisiones domiciliarias figurarían en un listado cuya elaboración se encargó al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). En principio, estaba integrado por 662 reclusos. Enrique "Quique" Petrullo no figuraba en ese listado de presos con grupo de riesgo. Sin embargo, Violini aceptó una acción de habeas corpus presentada por la defensa de Petrullo y le concedió la prisión domiciliaria.
Petrullo aparece procesado en dos causas penales. En uno de los expedientes fue imputado de integrar la denominada banda del juez, supuestamente comandada por el exmagistrado César Melazo. En el segundo sumario está acusado de ser el nexo entre el camarista Martín Ordoqui y el dueño de una inmobiliaria, que habría entregado dinero para ser beneficiado con prisión domiciliaria.
Hasta agosto pasado, Ordoqui, también acusado en la causa Melazo, integraba con Violini la Sala V de la Cámara de Casación. Pero Ordoqui fue suspendido y enfrenta un pedido de juicio político.
Gustavo Carabajal

El Presidente avaló las excarcelaciones y ya son más de mil los liberados - Por Hernán Cappiello
Hernán Cappiello
Fernández se mostró comprensivo con las prisiones domiciliarias por la pandemia; Massa, en cambio, advirtió sobre sanciones a quienes liberen

Lo determinaron en una acordada firmada por Rosenkrantz, Highton y Maqueda, en línea con lo dispuesto por Nación.
La Corte Suprema prorrogó la feria judicial extraordinaria hasta el 10 de mayo próximo, en línea con lo dispuesto por el Gobierno nacional.
Mediante la acordada 13/2020, firmada por Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, se decidió extender el paréntesis en el funcionamiento de la Justicia y se designaron autoridades de feria para los asuntos impostergables.
El responsable de la feria será Rosenkrantz, secundado por Julio Navarro como secretario, y el horario de atención durante este receso extraordinario será de 9.30 a 13.30.
Los ministros Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, se consignó en la acordada, no suscribieron la decisión por encontrarse "fuera de la sede del tribunal", pero dieron su "conformidad" con los términos de la directiva.
Del mismo modo, los jueces del alto tribunal encomendaron a los distintos tribunales nacionales y federales que designen sus autoridades de feria, siguiendo el mecanismo que se establece en cada feria judicial ordinaria.
También reiteraron "la necesidad de habilitación del trabajo desde los lugares de aislamiento, para que los magistrados, funcionarios y empleados que presten servicios de manera presencial en los tribunales y dependencias, puedan seguir realizando tareas de forma remota".

El intento de Cristina por convertir un rechazo de la Corte en un triunfo político - Por Daniel Santoro
Escrito por Daniel Santoro
Los cinco ministros del máximo tribunal rechazaron el pedido de avalar una sesión virtual del Senado en la parte resolutiva de sus votos. Pero Lorenzetti, Highton y Maqueda en la parte argumentativa señalaron que nada impide que sesione así.

Un juez porteño determinó que la medida implica "una discriminación en razón de la edad". Larreta no apelará.
La Justicia porteña declaró inconstitucional la resolución del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que establece la restricción para circular en la vía pública a personas mayores de 70 años. El gobierno anunció que no apelará.
La medida fue dispuesta el lunes por la noche por el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Lisandro Fastman, quien hizo lugar a un pedido de un particular que se vio afectado por la medida y declaró inconstitucionales la obligación de llamar al número 147 y la vigencia del permiso por dos días.
El magistrado sostuvo que la obligación de solicitar una autorización previa del gobierno para salir a la calle "resulta una exigencia más gravosa para este colectivo de personas que para el resto de la población".
En ese sentido, indicó que si bien hay "buenas intenciones" en la resolución del gobierno porteño, ello implica "una discriminación en razón de la edad, que vulnera los derechos y las garantías del grupo etario al cual se encuentra destinada", ya que dispone "imponer una exigencia mayor y distintiva del resto de la población". Y agregó que se ve "disminuida la autonomía personal y la capacidad de decisión" de ese grupo de personas "solo en función de la edad".
La acción de amparo había sido interpuesta por un ciudadano del Gran Buenos Aires, pero que sostuvo que sintió afectados sus derechos para circular por la Ciudad. El pedido se efectuó solo horas antes del fallo judicial.
El demandante expuso que la resolución del GCBA es "discriminatoria" y le "cercena los derechos constitucionales a trabajar y ejercer toda industria lícita", con "arbitrariedad, incongruencia e irracionabilidad manifiesta".
En el gobierno porteño admiten que la medida es "antipática" pero buscan desalentar la circulación de gente, sobre todo de los grupos de riesgo. Es por eso que a pesar de las críticas Larreta la sostuvo, aunque ya el viernes pasado, el mismo día que se anunció, dio marcha atrás con las posibles sanciones que implicaban trabajo comunitario.
Ante este revés, Rodríguez Larreta informó que no va a apelar la decisión del juez, aunque avisó que mantendrán la línea 147 para que los adultos mayores conozcan las herramientas que tienen a disposición para evitar salir a la calle. El jefe de Gobierno aseguró que gracias a esta medida el lunes lograron que el 40 por ciento de los que llamó no saliera a la calle.
La medida está funcionando: ayer, 35 mil mayores de 70 nos llamaron antes de salir. El 40% aceptó alguna de las soluciones que les ofrecimos y se quedó en casa. Son miles de adultos mayores que evitaron salir a la calle y contagiarse.

Un fiscal promovió una denuncia penal por la millonaria compra de alimentos con sobreprecios - Por Nicolás Pizzi
Nicolás Pizzi
Sergio Rodríguez, titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, presentó una denuncia ante el juez federal de turno
El Gobierno pidió la prisión domiciliaria de Ricardo Jaime por el coronavirus - Por Omar Lavieri
Omar Lavieri
La Cámara de Casación debe decidir si el ex Secretario de Transporte del kirchnerismo sigue o no detenido en la cárcel de Ezeiza. En el escrito, se afirma que la salud del ex funcionario "se encuentra en estado crítico y agravándose constantemente por sus condiciones de detención”
La inmensa mayoría de los juristas considera improcedente el pedido de Cristina Kirchner a la Corte sobre la validez de las sesiones virtuales del Congreso - Por Patricia Blanco
Infobae
“Objetable”, “sin sentido”, “jugada política”, “carente de apoyo legal”, “ignorante de la competencia del alto tribunal”: algunas de las definiciones de los especialistas sobre una iniciativa que hasta el propio Zaffaroni cuestionó como atentatoria de la división de poderes.
Gran parte de los constitucionalistas y juristas cuestionaron el planteo de la vicepresidenta Cristina Kirchner tendiente a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dé garantías de validez, a través de una acción declarativa de certeza, a las sesiones legislativas que se harían por videoconferencia en medio de la pandemia. La ex presidenta busca así evitar futuras impugnaciones a leyes debatidas de esa forma, como la que intenta fijar un impuesto a la riqueza.
¿Puede la Corte Suprema expedirse sobre un tema que no se ha transformado en una causa judicial? ¿Debe ser el máximo tribunal el que lo analice, si no pasó previamente por otras instancias? ¿El Congreso no tiene, acaso, facultades internas para dictar su propio reglamento? ¿Corresponde que la Corte Suprema dé garantías sobre el funcionamiento legislativo y las leyes que allí se voten? ¿Podría interpretarse ello como una suerte de aval indirecto para esas normas?
Las opiniones están divididas pero, aunque algunos expertos entendieron que la cuestión amerita el análisis del máximo tribunal por la gravedad del escenario de pandemia y el no funcionamiento del Congreso, la mayoría de los constitucionalistas se inclina por rechazar el pedido de la vicepresidenta.
Incluso sorprendió la declaración del ex ministro de la Corte y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Raúl Zaffaroni, que le dijo a Página/12 que el pedido de Cristina Kirchner concierne a “una cuestión política no judiciable” en la que “ni la Corte ni ningún juez” debería entrometerse, porque se trata de “otro poder del Estado”.
Según aseguró, “ni el Legislativo puede decirle a la Corte que se reúna o no virtualmente o que los jueces hagan o no audiencias virtuales, ni la Corte ni ningún juez se lo puede decir al Legislativo” porque “son incumbencias propias de cada Poder del Estado, que cada uno resuelve como mejor entiende y el otro no puede dictarle reglas”.
A criterio del penalista, “si la Corte resolviese de esa manera [rechazando pronunciarse], quedaría claro que en el futuro no sería viable ninguna objeción a una ley en base a la forma en que el Congreso decidió sesionar” y "se resaltaría el respeto a un principio republicano fundamental desde Montesquieu en adelante”.
Por lo pronto, el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, le pidió el viernes a la Procuración General, a cargo interinamente de Eduardo Casal, que dé su opinión sobre si el máximo tribunal es competente para estudiar el pedido de Fernández de Kirchner. No se trata de estudiar el fondo de la cuestión y, vale la pena aclarar, el dictamen del jefe de los fiscales tampoco es vinculante. Desde la Procuración deberían enviar su respuesta el martes, más allá de que la Corte no tenga plazos para expedirse.
Recordemos que Cristina Kirchner -en su carácter de titular de la Cámara de Senadores- se presentó el miércoles ante la Corte Suprema pidiendo una “acción declarativa de certeza” para que “de modo urgente y mediante un trámite sumarísimo” establezcan si es constitucional que el Senado sesione a través de “medios digitales”. Aunque en el mismo escrito hizo saber su convicción de que era “absolutamente válida” esa vía, la Vicepresidenta aclaró que buscaba el aval judicial frente a “maniobras de todo tipo -incluidas las judiciales- tendientes a impedir la aplicación de leyes que afecten intereses de grupos económicos”.
“Objetable y sin sentido”
Felix V. Lonigro: “Técnicamente el pedido del Senado a la Corte tiene por finalidad avalar la validez de sesiones virtuales. Se llama Acción Declarativa de Certeza. El problema es que la Corte no tiene competencia originaria para intervenir en asuntos en los que no son parte ni una provincia ni un embajador. La acción debería iniciarse en primera instancia de la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo.
Y, a lo sumo, si la sentencia fuera desfavorable, podría aplicar un ‘per saltum’ a la Corte. Otro problema es que la Corte no tiene por qué pronunciarse en la interpretación de un Reglamento de una Cámara, salvo que se sancione una ley en violación al mismo, lo cual ameritaría, si ello ocurriese, y solo si ello ocurriese (no antes), un planteo de inconstitucionalidad.
He escuchado que la Corte podría emitir una Acordada. Error. En un proceso judicial la Corte se pronuncia mediante sentencia. La presentación es objetable además porque el Senado, por sí solo, no tiene personería jurídica para iniciar una acción legal. Lo debería hacer el Congreso como órgano de gobierno.
La Corte podría rechazar la acción por falta de legitimación activa. La acción fue iniciada contra “los poderes del Estado” (según el escrito de inicio). Pues no tiene sentido. No hay que iniciarla contra nadie. Simplemente se inicia para que la Corte se pronuncie declarando la validez de una sesión virtual o fuera del recinto”.
“Daño institucional y jugada política”
Gregorio Badeni: “La presentación no es viable porque la Corte no puede intervenir en cuestiones políticas sino solamente en aquellos casos que importan controversias, en donde se discuten derechos.
Acá no existe ninguna controversia. Segundo, y la Corte lo ha dicho muchas veces tratándose de acciones meramente declarativas, porque los jueces no pueden emitir opiniones, tienen que resolver casos. Tercero, porque las atribuciones que tiene el Congreso deben ser resueltas por sus propias Cámaras. De modo que la Cámara de Diputados y la de Senadores tendrán que convocarse y definir cómo funcionan; y lo que diga una cámara no es obligatoria para la otra. Yo veo una gran ignorancia en Cristina Kirchner en materia de temas jurisdiccionales.
Acá se está haciendo un daño institucional y una jugada política. Tratar de que quedemos impresionados por su preocupación de hacer funcionar a la Cámara Alta. Lo que sí es cierto es que se está produciendo una gran irregularidad en este momento y es que el Congreso no sesiona.
Los integrantes del Congreso implícitamente han resuelto anular el funcionamiento del poder legislativo y eso rompe la doctrina de la división de poderes. Nunca pasó en la historia argentina. Hay que tener la suficiente habilitada para afrontar las situaciones difíciles dentro de los cauces democráticos y no al margen de ellos. Este es un procedimiento totalmente impertinente y si un alumno me dice esto en un examen, lo tengo que reprobar”.
“Totalmente improcedente”
Eduardo Menem: “La presentación ante la Corte es totalmente improcedente, porque el Congreso tiene facultades propias para tomar las decisiones que le atañen a su funcionamiento. No puede depender de otro poder ni debe pedir permiso a otro poder.
Es un principio fundamental es la división de poderes y la armonía entre ellos. Cada uno tiene atribuciones propias y debe resolver sin ninguna condición o pedido de autorización, ni a la Corte ni a una instancia inferior. Directamente el Congreso tiene que sesionar. Puede hacer una sesión presencial, para modificar los reglamentos, tomando todas las precauciones, con barbijo, distancia y el mínimo de empleados.
Tampoco es problema para los legisladores del interior: el Estado puede disponer de un vuelo especial que los traiga en vuelos para esa sesión en donde se modifique el reglamento. Incluso, hasta eso podría hacerse en una sesión virtual, con un quorum indispensable, con el resto de los legisladores participando y dando a publicidad la sesión”.
“Claramente procedente”
Domingo Rondina: “La acción planteada por la presidenta del Senado es claramente procedente. La jurisprudencia argentina viene evolucionando desde los tribunales inferiores y ha habido precedentes de Corte en el sentido, máxime cuando media una situación de gravedad institucional.
En este caso están reunidas las condiciones para que la Corte despeje una incertidumbre constitucional, en aras de evitar el desgaste que implica un proceso legislativo que luego pueda ser anulado por razones formales por la Corte. La conducta asumida por la misma Corte en la ‘causa Rizzo’ donde se anuló la reforma judicial, siguiendo un procedimiento de apelaciones muy veloz, demuestra la necesidad de encontrar mecanismos de acuerdo procedimental entre las cabezas de los poderes. Es un tema técnico, doctrinario, que venimos planteando hace tiempo y que se hace en otros países para evitar el desgaste del debate público y democrático respecto a un proyecto que por razones formales o sustanciales pueda ser anulado por el órgano jurisdiccional. Y la Corte Suprema tiene facultades para hacerlo. Además, no es la primera vez que la Corte Suprema toma un caso anticipadamente, al solo efecto de despejar inconstitucionalidad.
El más antiguo se llama ‘Rodríguez Aeropuertos’, donde se inventó el per saltum, y el más reciente es ‘Fonteveccia’ donde con solo un oficio la Corte tomó el tema y se pronunció. Muchos colegas dicen que no hay caso porque están mirando con un sistema del siglo XIX. No se puede seguir trabajando así porque los procesos de construcción normativa son complejos y ponen a la Corte en una posición de árbitro democrático contramayoritario”.
“Desconoce la competencia de la Corte”
Daniel Sabsay: "La acción que la vicepresidente de la Nación interpuso ante la Corte Suprema desconoce la competencia de ese alto tribunal. A la Corte se llega por apelación, cuando se viola algún derecho. La competencia originaria solo existe cuando hay un conflicto entre provincias o un tema en el que esté comprometido un país extranjero.
La acción debería ser rechazada in límine. Para que la Corte tome una cuestión tienen que darse las características de un caso, un tema en donde el que lo interpone pone de manifiesto que esta situación ha violado algún derecho del cual esa persona es titular. Un tema subjetivo. Acá se trata de una consulta de tipo doctrinario de un poder al otro, de manera abstracta, sin mostrar lesión. Por lo tanto, a mi entender la Corte debería rechazarlo. Se trata de un cuestión externa de un órgano que la propia Constitución le da la facultad de fijar sus reglamentos.
“Es dudoso”
Andrés Gil Domínguez: “Hay una duda sobre si el reglamento de ambas cámaras permite las sesiones digitales no presenciales. El reglamento no es claro. Y lo que se puede hacer es lo que expresamente dice el reglamento. Entonces hay una duda razonable.
¿Esto lo tendría que resolver el Congreso?. Sí, pero para definirlo se tendría que reunir presencialmente y eso es un problema porque hay una gran cantidad de legisladores que pertenece al grupo de riesgo y otros que viven muy lejos. ¿Cuál sería la mejor forma de garantizar la presencia? La vía digital. Pero es la cuadratura del círculo: tendría que hacerse una sesión especial para autorizarlo.
Para mí, tomando el artículo 75 de la Constitución Nacional que obliga al Congreso a proveer todas las medidas conducentes al desarrollo tecnológico, sí. Pero que hay duda, hay duda. ¿Se dan los presupuestos de la competencia originaria de la Corte? No, no se dan. ¿Pero la Corte no ha generado excepciones a esa competencia originaria? Si, lo ha hecho y ha generado excepciones. Si la Corte sigue con su jurisprudencia tradicional, dirá que no hay caso o lo mandará a otro fuero porque dirá que no es competencia originaria. También podría hacer lo que hizo la Cámara Electoral cuando se frenó la re-reelección de Carlos Menem, diciendo que no había ninguna situación de incertidumbre porque estaba claro que no estaba habilitado a postularse y así, por una vía negativa, pronunciarse.
Estamos ante una situación objetiva de excepcionalidad nunca vista. Muchos colegas dicen que la Corte nunca hace excepciones, pero las hace. Para los teóricos de los libros, puede ser, pero la realidad es otra cosa”.
“Carece de apoyo legal”
Felix Loñ: “La pretensión de Cristina Kirchner de acudir directamente a la Corte Suprema de Justicia carece de apoyo legal pues ello solamente es posible en los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros y en los que alguna provincia sea parte. Así lo establece el artículo 177 de la Constitución Nacional. Lo que la vicepresidenta tendría que haber hecho es acudir al propio Senado y no que la Corte. Ningún otro poder puede meterse. Ni el judicial ni el ejecutivo.”
“Es la política y los acuerdos políticos los que tiene que resolver esta cuestión”
Diego Armesto: “El Congreso puede sesionar sin consultar a la Corte Suprema porque en el reglamento existen distintas normas que le permiten a cada cámara sesionar fuera del ámbito del Congreso. Incluso podría haber un acuerdo político entre los presidentes de los bloques ad referendum del cuerpo. Ya lo hicieron Mendoza y Córdoba. Es la política y los acuerdos políticos los que tiene que resolver esta cuestión y no la Justicia. El poder legislativo no necesita que otro poder del Estado le diga qué hacer”.
“¿De qué inminencia estamos hablando?”
Jorge Alberto Diegues: "No hay competencia originaria de la Corte para recibir la demanda. No se puede dirigir a la Corte Suprema cualquier cosa en competencia originaria, porque se trata de un fuero de privilegio para determinados casos. Acá no hay ni provincia ni embajador actuando. A la Corte se llega por un recurso extraordinario, con requisitos formales porque no todo es de gravedad institucional.
Suponiendo que haya un milagro que pueda pasar la competencia originaria, no hay caso tampoco. La Constitución exige que para que se pueda hacer una demanda haya una controversia. Los tribunales no están para evacuar consultas. Y, además de tener caso, tiene que haber un interés concreto. Acá la acción declarativa se presenta porque se explica que se busca tratar leyes tributarias.
Esas leyes se debaten primero en Diputados. Si la Cámara de Diputados todavía no aprobó el proyecto, ¿de qué inminencia estamos hablando? Otro de los argumentos es el riesgo para los senadores. El viernes, cuando el presidente Alberto Fernández anunciaba la reestructuración de la deuda, ¿quién estaba a su lado y sin barbijo? ¿Ahí no se ponía en riesgo la vida? Los legisladores, por su función, están excluidos del aislamiento. Entonces, ¿no es lo mejor reunirse una vez para reformar el reglamento y así poder sesionar? ¿Qué da mayor seguridad jurídica, una demanda ante la Corte con todas estas dificultades o una única reunión al solo efecto de modificar el reglamento y así poder sesionar mientras dure esta pandemia?
“Razonable, pero es el Congreso el que debe encontrar el modo de sesionar”
José Miguel Onaindia: “En nuestro sistema judicial el control de constitucional es posterior. No es previo. Ni de la Corte Suprema ni ningún otro tribunal puede actuar ante un acto administrativo y menos una ley. La presentación que hizo la vicepresidenta no reúne las características que tiene el control constitucional.
Sin perjuicio de eso, opino que el Congreso debe estar sesionando y debe adecuar su forma de sesionar a las circunstancias actuales porque el Estado de derecho no se puede interrumpir por una circunstancia excepcional como es esta epidemia. En ese sentido, el planteo tiene razonabilidad. Pero es el Congreso el que debe encontrar los modos y seguir sesionando. La constitucionalidad de esos métodos los va a tener que controlar la justicia, no la Corte como primer tribunal”
“Absolutamente improcedente”
Ricardo Gil Lavedra: “La presentación es absolutamente improcedente. No es un caso de competencia originaria y no hay un caso o controversia. ¿Contra quién se dirige, quién tendría que resistir? Acá no hay caso. La Corte ha dicho en numerosos precedentes que no está dentro de sus funciones emitir opiniones consultivas. Es una atribución excluyente del Congreso.
La Constitución Nacional le da instrucciones al Congreso para que regule su funcionamiento interno sin intervención de otro poder. Por lo tanto, la posibilidad de regular sesiones no presenciales es una competencia exclusiva de cada Cámara. No veo inconveniente en que los senadores sesionen una vez en la sede de Cámara de Diputadas, que es muchísimo más grande.
La Corte Suprema también tiene remedios para agilizar el funcionamiento del Congreso, permitiendo una aprobación en general y el articulado de una ley en comisión. Por qué se hizo esta presentación a la Corte no lo sé, porque por lo que leo hay una unanimidad de pareceres y es un tema que está fuera de discusión”.

Más...
Cristina Kirchner puso a un hombre suyo a manejar la protección de los testigos que la denunciaron
Clarín
Se trata del viceministro de Justicia Juan Martín Mena, ex vicejefe de los espías de la AFI en 2015. El controlará al nuevo titular del Programa, Santiago Eguren.
El aislamiento es la premisa esencial para las personas que integran el Programa de Testigos e Imputados protegidos, y bajo esa condición rigen sus nuevos estilos de vidas y ahora también los recaudos sanitarios en medio de la pandemia del coronavirus.
Algunos integrantes de dicho régimen solicitaron al Ministerio de Justicia una ayuda financiera al ver sus economías domésticas dañadas por la cuarentena total. Pero además de esas novedades personales, hay otra noticia política: luego de haber recuperado el manejo del Programa y designado a su titular, el ministerio de Justicia resolvió que responderá a uno de los hombres más leales a Cristina Kirchner, el secretario de Justicia Juan Martín Mena.
Mena integró la Agencia Federal de Inteligencia durante la conducción de Oscar Parrilli, y es todo un "alfil" de la vicepresidenta. Nuevamente integrando el ministerio de Justicia, antes del inicio de la pandemia del COVID19 era uno de los responsables en trabajar en la reforma judicial que anunció el presidente Alberto Fernández.
El actual Secretario de Justicia, se encuentra procesado junto a Parrilli y a la vicepresidenta de la Nación -entre otros-, en la causa por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, expediente que ya se encuentra elevado a juicio oral. Es un hombre de trayectoria en el ministerio que conduce Marcela Losardo. Ya habían trabajado juntos cuando ella ocupaba el cargo que hoy ostenta el abogado.
El 19 de marzo, en el Boletín Oficial se publicó la designación del nuevo director del Programa, Santiago Eguren, abogado y uno de los apoderados del Frente de Todos. También fue funcionario de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante una parte del segundo mandato presidencial de Cristina Kirchner.
Pero el dato es que, como director de este programa que brinda protección a más de 400 personas -incluyendo sus grupos familiares- reportará a la Secretaría de Justicia, es decir a Mena. "Regresa a su conformación original, porque así era antes que se cree la Agencia independiente durante la anterior gestión", explicaron fuentes oficiales a Clarín.
Cuando Mauricio Macri dejó la Casa Rosada, el Programa contaba con 236 personas, de las cuales solo quince eran en causas por corrupción. Pero todos ellos estaban vinculados a expedientes contra Cristina Kirchner y sus ex funcionarios. Ahora, en este último grupo sólo quedan doce, tras la salida de Víctor Manzanares (ex contador de Cristina Kirchner), Leonardo Fariña y Alejandro Vandenbroele. Todos ellos renunciaron justamente por temor a la influencia de la vicepresidenta en la "protección" de quienes la habían acusado.
Geolocalización, nueva identidad, restricciones en el uso de líneas celulares, trabajos en lugares como remiserías, pizzerías, confiterías, puestos de flores, son sólo algunas de las condiciones bajo las cuales viven los integrantes del Programa, la gran mayoría de los cuales llegó a él por causas de narcotráfico y trata de personas.
Entre los doce imputados en causas de corrupción, varios se convirtieron primero en arrepentidos, y luego pidieron ser parte del sistema de protección. En esas causas, casi todos apuntaron contra la vicepresidenta.
Tal es el caso del ex chofer Oscar Centeno, que con sus ocho cuadernos desnudó el "sistema de recaudación de fondos ilegales (coimas) que pagaban los empresarios y cobraban los ex funcionarios". El expediente colocó a Cristina Kirchner como la principal responsable al punto de acusarla y enviarla a juicio oral bajo la calificación de jefa de esa asociación ilícita.
En esa misma causa, confesó e ingresó al programa el ex funcionario kirchnerista José López, quien sostuvo que Cristina Kirchner "tenía conocimiento de lo que sucedía" y que era quien "decidía a qué empresas se pagaba /certificaciones de obras primero, de un listado que se le entregaba todos los meses". Además, expresó que la propia ex Presidenta una vez le dijo "podés ser parte de la solución o del problema", pidiéndole explicaciones sobre ciertas anotaciones que habrían referido a los sobornos.
Dos años después de quedar detenido en una causa donde se lo acusó junto a la vicepresidenta por lavado de dinero, Víctor Manzanares, ex contador de la familia Kirchner, se acogió al régimen del imputado colaborador en el caso Cuadernos, y pidió ser parte del Programa de Protección.
Apuntó a cómo los ex presidentes construyeron su fortuna a través del rubro hotelero, señaló algunas inconsistencias en las declaraciones juradas y cómo Cristina estaba al tanto de esos movimientos. También sumó detalles sobre la estructura de blanqueo que montó con Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirchner.
Por otras causas sensibles para los Kirchner, también fueron parte del programa Leonardo Fariña y Alejandro Vandenbroele: el primero, en "la ruta del dinero K", develó las operaciones lavado encabezadas por Lázaro Báez, ex socio comercial de Cristina Kirchner, y habló de aquella relación y algunos negocios que los vincularon. El segundo, señalado testaferro de Amado Boudou, confesó en una causa conexa a Ciccone en la que se condenó al ex vice por cohecho.
Pero al igual que Manzanares, Fariña y Vandenbroele decidieron abandonar el régimen al que habían ingresado después de convertirse en imputados colaboradores en casos de corrupción. Coincidieron en plantear que el cambio de Gobierno no les brindaba seguridad en cuanto a su privacidad y resguardo, ya que habían denunciado a los K, que ahora tenían que vigilarlos.

Por la cuarentena se disparan los casos de violencia de género y se complica la asistencia
La Política on line
Los tribunales y oficinas de violencia familiar están cerrados, buscan nuevos protocolos para proteger a las víctimas.
El confinamiento preventivo que dispuso el gobierno nacional como parte de la emergencia sanitaria disparó los casos de violencia de género. Las denuncias virtuales se multiplicaron, sin embargo en algunos las oficinas de denuncia aparecen como lugares clave, pero están cerradas.
Un caso es paradójico, en septiembre de 2008 la Corte Suprema decidió que la violencia de género era tan grave como para merecer una oficina propia. A instancias de Elena Highton de Nolasco se creó la Oficina de Violencia Doméstica.
Sin embargo, esa dependencia se encuentra cerrada y no cuenta con instancia de teletrabajo. Curioso, las denuncias no son consideradas como algo esencial.
Sin actividad de los jueces, el confinamiento paraliza el Poder Judicial
Esa oficina apenas tiene activos sus canales electrónicos para recibir denuncias por violencia de género, denuncias que bajaron drásticamente desde que se dispuso el aislamiento social obligatorio por la pandemia del coronavirus.
A una semana de la cuarentena, la oficina de la Corte había recibió un total de 26 denuncias, cuando antes de la cuarentena el promedio era de 50 por día.
Es algo previsible: el no salir a la calle dificulta el acceso a una comisaría o una fiscalía. Las llamadas a la línea 144, por su parte, se dispararon un 60 por ciento.
Por esas complicaciones se están tomando medidas. Por ejemplo, el ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación habilitó tres líneas de teléfonos por WhatsApp (11-2771-6463, 11-2775-9047 y 11-2775-9048) para que se puedan hacer denuncias por esa vía sin la necesidad de salir de sus casas o exponiéndose a una llamada que pueda ser escuchada por el agresor.
Según pudo saber LPO, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires generó desde que se activó el confinamiento obligatorio una serie de canales como mail, sitios web y números de WhatsApp para agilizar denuncias. Pero el problema ocurre en los sectores más humildes a quienes es difícil llegar con la difusión de esas vías para denunciar.
Desde la Fiscalía General de la ciudad de Buenos Aires se intensificaron los llamados telefónicos con las mujeres. "El contacto presencial está reducido a casos muy específicos. Pero tenemos 70 referentes de contacto que llaman por teléfono y seguimos cada caso.
Dependiendo de la conflictividad lo hacemos todos los días o todas las semanas", explicó Ana Barata Vallejo, Secretaria de Políticas de Asistencia Integral a la Persona Afectada por el Delito. "Hay que prestar más atención a la palabra, a la entonación, porque no es lo mismo que el cara a cara", agregó a Infobae.
Según un informe elaborado por Télam, las denuncias -entre correos y contactos telefónicos- superaron los 8.600 pedidos de ayuda desde que se inició la cuarentena.
En la provincia de Buenos Aires, una aplicación unificará la recepción de las denuncias por violencia de género y se complementará con una campaña comunicacional para difundir las vías de ayuda para víctimas de violencia de género.
Estas medidas se definieron luego que un relevamiento de la línea 144 en la provincia de Buenos Aires revelara un incremento de llamados de casi el 60 por ciento a partir de la cuarentena.


El juez federal Sebastián Casanello le otorgó el arresto domiciliario a Daniel Pérez Gadín, el ex contador del empresario Lázaro Báez, debido a que por su edad integra el grupo de riesgo ante la pandemia de coronavirus.
Pérez Gadín dejó así el penal de Ezeiza después de cuatro años detenido en la causa por presunto lavado de dinero a cargo de Casanello, quien definió que el ex contador continúe bajo arresto con tobillera y con una "consigna policial permanente" en su casa.
Entre los argumentos de su decisión, el juez sostuvo que Pérez Gadín tiene 67 años y esto constituye un "factor de riesgo" ante la pandemia, además del hecho de haber sido fumador y tener un antecedente de neumonía, entre otros puntos.
El mes pasado la defensa de Pérez Gadín había solicitado la excarcelación, pero el fiscal federal Guillermo Marijuan se opuso y el magistrado había definido que el acusado continuara en Ezeiza con prisión preventiva.
El martes pasado, el juez federal emitió un segundo fallo en el que dispuso que el arresto fuera domiciliario.
Pérez Gadín fue detenido por orden de Casanello en el marco de la causa conocida como "ruta del dinero K" el 5 de abril de 2016, el mismo día que ordenó la prisión preventiva de Báez y en diciembre de 2017 elevó a juicio a los dos bajo la acusación de haber lavado 60 millones de dólares.

La jurisprudencia determina que los nuevos impuestos a la riqueza son inconstitucionales
Mario Volman
Dos fallos de la Corte Suprema de 1929 y 1981 dejaron antecedentes. La reliquidación retroactiva es perjudicial para el contribuyente. La teoría del "efecto liberatorio del pago".
Todo ello conlleva en nuestro país a una baja abrupta en la recaudación impositiva a nivel nacional, de los estados provinciales y municipales. Lo descripto no es sólo aplicable para nuestro país sino que aplica para todo el mundo. En ello no estamos solos sino que una de las consecuencias de la globalización es que un virus originado en China llega en pocos días a los distintos confines del mundo.
Los controles en aeropuertos, puertos, rutas, accesos a ciudades, cuarentenas en hoteles, el SAME trabajando a full las 24 horas, hospitales a pleno, mayores gastos de salud, vacunaciones masivas, el auxilio alimenticio en barrios carenciados por el Ejército u otras fuerzas, desplazamientos, establecimientos de hospitales de campaña, son solventados por el Estado.
Cuando un pícaro o un violento incumple con la cuarentena y hay que obligarlo a hacerlo, hasta quizás con un móvil policial en la puerta: ¿Quién paga ello? ¿Quién paga la “fiesta”? El Estado no es una abstracción ontológica. Las cuentas del Estado las pagamos todos.
Pese a mi análisis económico entiendo que el bien a tutelar en primer término es la salud de la población. Si no hay vida no hay economía. Y si la salud no se protege adecuadamente habrán muchos casos de esta enfermedad u otras, y muertes. Y sin vida no tiene entidad hablar sobre déficit fiscal ni de impuestos. Instalar morgues en parques municipales o fosas comunes, como sucede en países “del primer mundo”, no luce como mejor alternativa.
La Argentina antes de la pandemia ya tenía problemas económicos estructurales: baja actividad económica, déficit fiscal, desempleo, deuda externa difícil de pagar con las escasas reservas del BCRA y también una alta presión tributaria.
El Estado nacional ha tomado importantes medidas para paliar o demorar los efectos de la pandemia. Estamos casi todos en cuarentena obligatoria. Esa afortunada decisión en materia de salud no hace más que lamentablemente acrecentar la recesión y el déficit fiscal. Es matemático e inevitable. No se puede todo en la vida.
No entrar en cuarentena podría haber sido mejor para la economía del país, pero pésimo para la salud de la población. Hay antecedentes internacionales que lo validan: España, Italia y Estados Unidos.
El llamado
El llamado "Impuesto Patria", que sería cobrado a aquellas personas con patrimonios desde los $10 millones o con "rentabilidad" de más de $50 millones, sería destinado a fortalecer los recursos frente a las consecuencias de la crisis producida por la cuarentena producto del coronavirus Covid-19.
Sin duda que el auxilio a empresas pequeñas, a los jubilados, a los monotributistas , de las AUH, IFE, etc. se hace con dinero emitido recientemente por el Banco Central que incrementa la base monetaria ( M1) lo que no hace más que incrementar el déficit fiscal y augurar una mayor inflación futura. Pero nuevamente: la emergencia lo amerita. No hay alternativa. Hay que cuidar la salud física y de sustento económico de la población.
También genera mayor déficit fiscal el auxilio a las pymes solventando el Estado parte de los sueldos de la nómina salarial de hasta 100 personas, reduciendo o postergando el pago de las contribuciones sociales, etc. Medidas que sin emergencia son malas pero en este escenario no hubo alternativa.
Y no obstante ello hay sectores que no han recibido ayuda del Estado (monotributistas a partir de la categoría “B”, otros trabajadores independientes, trabajadores informales, empresas medianas y grandes, etc.
El Estado nacional “protector” habrá de generar un mayor déficit fiscal inmediato. Y el impacto económico mediato de la pandemia es muy difícil de predecir en estos días.
El Ministerio de Economía ya anunció que no habrá pagos por capital e intereses de bonos soberanos emitidos bajo legislación argentina por lo que resta del año 2020 y se posterga su pago emitiendo un nuevo bono por tales vencimientos.
Otros países con idénticos efectos de la pandemia tienen menos problemas pues: cuentan con mayores reservas internacionales y cuentas equilibradas o bien son los emisores de dólares. Argentina no está en ese conjunto.
¿Qué hacer en materia de recaudación de impuestos?
Muchas entidades profesionales han solicitado con razón postergar por 180 días la presentación de declaraciones juradas y el pago de impuestos nacionales y estaduales y además los tributos de la seguridad social. Entre otros: el IVA por los meses de marzo a junio de 2020, el impuesto a las ganancias por el período 2019, ingresos brutos, Bienes Personales que tributan las personas humanas y jurídicas, etc.
Como es de conocimiento de la sociedad el impuesto sobre los Bienes Personales ha sido modificado por la ley 27.541 del 23 de diciembre de 2019, estableciendo una tasa de hasta el 2,25% por los bienes en el exterior. Ya existe el “impuesto a la riqueza” del cual se escuchan noticias. No hay margen para incrementar el tributo patrimonial. ¿Es posible incrementar la ya altísima presión fiscal? Mi respuesta nuevamente es negativa.
La sociedad tomó conocimiento de un proyecto de crear un impuesto adicional al blanqueo de capitales establecido por la ley 27.260 del 22 de julio de 2016, por el cual existió la posibilidad de “sacar a la luz” bienes ocultos, hasta el 31 de marzo de 2017. En aquella oportunidad los contribuyentes pagaron un impuesto de normalización del 5% para el caso de inmuebles y del 10% para el resto de los bienes sincerados del país o del exterior.
Entendemos que la aplicación de un impuesto adicional al sinceramiento fiscal de la ley 27.260 es inconstitucional. Similares blanqueos existieron en los años 2009 y 2013 por los que no se establecieron tributos adicionales.
Los nuevos impuestos a la riqueza son inconstitucionales
El contribuyente que se acogió a dicha normalización tributaria finiquitó la relación jurídica con el Estado presentando la declaración jurada requerida y solventado el pago del tributo exigido por la ley 27.260. No puede el fisco tres o cuatro años más tarde exigirle un impuesto adicional.
La Corte Suprema de Justicia ya se pronunció en 1929 en la causa “Sara Doncel de Cook c/ Provincia de San Juan”, sosteniendo que la retroactividad adquiere carácter constitucional cuando la aplicación de la nueva ley priva a un habitante de la Nación de algún derecho incorporado al patrimonio.
En la causa “Angel Moiso y Cia SRL” la CSJ se pronunció el 24 de noviembre de 1981 en contra de la reliquidación retroactiva, perjudicial para el contribuyente, del impuesto a la transmisión gratuita de bienes. La Corte a partir de esa causa se postuló a favor de la teoría del “efecto liberatorio del pago”.
Si el contribuyente presentó la declaración jurada del tributo, en este caso la del sinceramiento fiscal dispuesto por la ley 27.260 y pagó el tributo resultante, no puede una ley posterior afectar esa relación jurídico-tributaria ya finiquitada.
Creo que en lugar de crear impuestos, por lo contrario, una vez se salga de la pandemia será la oportunidad de hacer crecer la economía y reducir la carga tributaria a los efectos de facilitar dicho proceso. Y con el crecimiento de la economía crecerá la recaudación.
En materia inflacionaria creo que acercar el productor al consumidor, en especial por los bienes de la canasta familiar, será más eficiente que un férreo control de precios.
Crear ferias municipales en todas las ciudades del país permitirá que el productor obtenga una mejor retribución por sus productos de la que hoy recibe de los intermediarios generándose bienestar en el oferente y el/la consumidor/a “Doña Rosa” pagará mucho menor precio al que actualmente paga.
Mario Volman


