Justicia

 

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, está impulsando una investigación sobre lo actuado por el juez de Bahía Blanca. También hay otros dos magistrados en la mira de San Isidro y Lomas de Zamora.

El juez Claudio Orlando Blum, titular del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 del Departamento Judicial, quedó al borde del juicio político luego de que se abriera una investigación por la liberación de presos peligrosos en el marco de la pandemia por coronavirus.

La denuncia fue presentada formalmente por la abogada María Agustina Petersen ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires por el otorgamiento de la prisión domiciliaria a Néstor Luis Ibars, condenado en 2015 por el abuso sexual agravado con acceso carnal de una menor con retraso madurativo.

El delincuente recibió una pena de prisión de 7 años y aún le restan para su cumplimiento 2 años y 7 meses.

Además, se lo investiga por la liberación de otros 12 presos con delitos graves que van desde el abuso sexual agravado, homicidio y robo agravado por uso de armas de fuego.

“Existe una clara violación de los deberes propios a su cargo, puesto que el Magistrado no ha realizado una aplicación razonada del derecho vigente a las circunstancias comprobadas de la causa. Tampoco valoró adecuadamente la prueba relevante incorporada al expediente”, indica el escrito.

El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, junto a otros legisladores como Ramiro Gutiérrez, Pablo Garate y Jorge D’Onofrio impulsaron esta semana el juicio político contra Claudio Blum y otros dos jueces con jurisdicción en Lomas de Zamora y San Isidro, todos de la provincia de Buenos Aires, donde se concentra la mayor población carcelaria del país.

Además, recibieron el apoyo de la Oficina de Víctimas del Congreso que lidera Sandra Rossi y de la que participan entre otros Matías Bagnatto y Vivian Perrone, de Madres del Dolor.

“A mí me parece que las penas o las sanciones son para ser cumplidas, porque son el acto de reparación que el delincuente debe cumplir para subsanar el error que cometió, y cuando aparece una situación que viola esto, se rompe el principio de acuerdo de convivencia social que tenemos los argentinos", señaló Massa en medio de la polémica por las liberaciones que llevó a la reacción de buena parte de la población a través de un cacerolazo el pasado jueves.

“Estoy sacando una instrucción para que en los casos donde los jueces no cumplan con la Ley de la Víctima, y no les den vista y se proceda a la liberación de un delincuente, le iniciamos un juicio político, porque hay un procedimiento para avanzar con las excarcelaciones y los jueces lo tienen que cumplir”, agregó Massa.


 

La institución se sumó al rechazo a la liberación masiva de presos de las cárceles con la excusa de la pandemia del coronavirus.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires se sumó al rechazo a la liberación masiva de presos de las cárceles con la excusa de la pandemia del coronavirus y aseguró que esas decisiones judiciales “despiertan honda preocupación en el ámbito del Derecho y –muy especialmente– en la ciudadanía en general”.

En un comunicado, la entidad que preside Máximo Fonrouge destacó que “las detenciones preventivas durante el proceso son la excepción a la regla de la libertad, y se imponen en análisis individuales y pormenorizados en cada causa, sujetos a la intervención y contralor de todas las partes del proceso penal”.

“Lo mismo cabe decir respecto de quienes cumplen detención en calidad de condenados, en tanto las penas impuestas a ellos han sido el resultado de procesos con la debida intervención de las partes naturales y revisión de todos los estamentos judiciales. De ello se colige que sus legítimas detenciones son el resultado del ejercicio pleno de las garantías constitucionales del debido proceso penal y del juez natural”, detalló la misiva.

En ese sentido, en el Colegio de Abogados resaltaron que por ese motivo “estamos en desacuerdo con los cientos de excarcelaciones en masa que se están concediendo en estos días, muchas de ellas en el marco de procesos que han soslayado la legítima intervención del Juez natural, del Ministerio Público, de los informes carcelarios o médicos de rigor, y de las víctimas”.

“No se nos escapa la crítica situación sanitaria que vive el país y las precarias condiciones bajo las cuales están alojados los presos en sus respectivos centros de detención. Esta crisis debe servir para que las autoridades inicien finalmente el camino hacia la construcción de más y mejores cárceles, sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. No para vaciarlas artificialmente, dejando de lado la larga y encomiable labor de los actores propios del proceso penal en miles de causas judiciales”, destacó el comunicado.

En tanto, el directorio de la institución sostuvo que “las excarcelaciones pueden y deben evaluarse caso por caso, por parte de los jueces, fiscales y defensores propios de cada causa, sin condicionamientos de quienes llevan adelante motines carcelarios, ni de los estamentos superiores del Poder Judicial, y ciertamente que tampoco de parte de otros poderes del Estado. Al momento de ser reevaluadas, ha de tenerse en cuenta, por supuesto, la situación particular de cada preso.

En el contexto actual, podría ponderarse como un factor favorable a su otorgamiento si el condenado se encuentra dentro de los grupos de riesgo de contagio (por su edad o enfermedades preexistentes); si fue sentenciado por delitos no relacionados con actos violentos; si no registra antecedentes de evasión del proceso anteriores; si sufre prisión preventiva y especialmente si ella supera los dos años máximos de límite; si su detención domiciliaria podría realizarse en un lugar físico determinado, supervisable, alejado de sus víctimas, etc.”.

“Aún los países que más sufren los efectos de la pandemia como Italia, España o Estados Unidos, con millones de contagiados y decenas de miles de muertos, ninguno ha abierto la puerta de sus cárceles otorgando indiscriminadamente la libertad a miles de presos, incluyendo –como en nuestro caso– condenados por graves delitos como homicidios, robos con armas y abusos sexuales”, destacó la institución que preside Fonrouge.

En ese sentido, el comunicado resalta que “cualquiera fuere la teoría de la pena elegida, absolutas o relativas, retributivas o preventivas, las penas se sustentan en la ley y se legitiman en su naturaleza social, entrelazando a todos los ciudadanos en la libertad, garantizada por el Estado, o en privaciones de la libertad racional y legalmente impuestas.

En ello se constata la legitimidad y existencia del Estado de Derecho que las Naciones Unidas define como ‘un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal’”.

“Si se deja de lado a los actores propios del sistema judicial, si se soslayan las normas y se toman decisiones judiciales en función a situaciones e intereses ajenos al de cada caso en particular, la Argentina se convertiría en el ‘país al margen de la ley’ que –sin dudas– deseamos evitar.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresa que la República no está en cuarentena, las instituciones judiciales tampoco. No debe suspenderse la aplicación de las leyes en esta emergencia sanitaria por la que estamos atravesando. En estas situaciones excepcionales es cuando más las necesitamos”, concluyó la misiva.


 

Integrante de Casación, ordenó analizar los casos de condenados por delitos graves que pidieron salir.


A pesar de desempeñarse en el segundo tribunal en importancia en la provincia, hace poco más de un año dijo a viva voz: "Tengo muchas ganas de ser candidato a intendente de La Plata". Su aspiración quedó en el camino, ante la falta de apoyo político dentro del PJ platense.

La actual seora Cristina Kirchner destacó la figura de Violini, quien había declarado: "No queremos que la Justicia bonaerense se convierta en Comodoro Py. Nunca vi cosas como las actuales en 25 años dentro de la Justicia". La expresidenta replicó las declaraciones del juez, que hace un año había respaldado al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo de Lázzari, en su enfrentamiento con la entonces gobernadora María Eugenia Vidal.

Los caminos de Violini y De Lázzari volvieron a coincidir el 20 de marzo pasado. Dos días después, de que se decretara el aislamiento obligatorio a raíz de la pandemia, el presidente de la Suprema Corte dispuso que las decisiones urgentes de los distintos tribunales provinciales "podrán ser adoptadas de manera unipersonal por su presidente o quien lo reemplace".

Diez días después, Violini, como único integrante de la Cámara de Casación, ordenó que se dispongan las prisiones domiciliarias de los acusados de delitos leves que formen parte de grupos de riesgo ante un eventual contagio de coronavirus y que en los casos de imputados o condenados por delitos graves los jueces revisen cada caso en particular.

Violini aceptó un planteo de los defensores de todos los departamentos judiciales bonaerenses. Dicha presentación fue apoyada por la Comisión Provincial de la Memoria.

En un mensaje de audio enviado a familiares de detenidos en situación de riesgo por la pandemia, el secretario del organismo, Roberto Cipriano García, explicó que todos los días se presentaban entre 100 y 150 pedidos en favor de detenidos. "Ante un Poder Judicial conservador, que no acepta resolver libertades, nos encontramos con la voluntad política del gobierno provincial de descomprimir el sistema penitenciario. Es un momento bastante singular e histórico", expresó García en el audio.

García manifestó que el mensaje fue sacado de contexto y que la frase sobre "momento histórico" se refería a la situación de pandemia.

Los dichos del funcionario provincial y el fallo de Violini fueron criticados por los familiares de víctimas de delitos.

Cuestionaron al juez no haber cumplido con la obligación legal de notificar a la víctima de un abuso cuando el agresor sexual salía de la cárcel, tal como ocurrió con un acusado de violación, de 67 años, beneficiado con prisión domiciliaria, que se instaló en su casa, cerca de la vivienda de la menor de la que había abusado.

Violini y García visitaron el martes el penal de José León Suárez y les explicaron a los presos el alcance de la resolución.

Los nombres de los presos que serían beneficiados con las prisiones domiciliarias figurarían en un listado cuya elaboración se encargó al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). En principio, estaba integrado por 662 reclusos. Enrique "Quique" Petrullo no figuraba en ese listado de presos con grupo de riesgo. Sin embargo, Violini aceptó una acción de habeas corpus presentada por la defensa de Petrullo y le concedió la prisión domiciliaria.

Petrullo aparece procesado en dos causas penales. En uno de los expedientes fue imputado de integrar la denominada banda del juez, supuestamente comandada por el exmagistrado César Melazo. En el segundo sumario está acusado de ser el nexo entre el camarista Martín Ordoqui y el dueño de una inmobiliaria, que habría entregado dinero para ser beneficiado con prisión domiciliaria.

Hasta agosto pasado, Ordoqui, también acusado en la causa Melazo, integraba con Violini la Sala V de la Cámara de Casación. Pero Ordoqui fue suspendido y enfrenta un pedido de juicio político.

Gustavo Carabajal

Fernández se mostró comprensivo con las prisiones domiciliarias por la pandemia; Massa, en cambio, advirtió sobre sanciones a quienes liberen

 

Lo determinaron en una acordada firmada por Rosenkrantz, Highton y Maqueda, en línea con lo dispuesto por Nación.

La Corte Suprema prorrogó la feria judicial extraordinaria hasta el 10 de mayo próximo, en línea con lo dispuesto por el Gobierno nacional.

Mediante la acordada 13/2020, firmada por Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, se decidió extender el paréntesis en el funcionamiento de la Justicia y se designaron autoridades de feria para los asuntos impostergables.

El responsable de la feria será Rosenkrantz, secundado por Julio Navarro como secretario, y el horario de atención durante este receso extraordinario será de 9.30 a 13.30.

Los ministros Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, se consignó en la acordada, no suscribieron la decisión por encontrarse "fuera de la sede del tribunal", pero dieron su "conformidad" con los términos de la directiva.

Del mismo modo, los jueces del alto tribunal encomendaron a los distintos tribunales nacionales y federales que designen sus autoridades de feria, siguiendo el mecanismo que se establece en cada feria judicial ordinaria.

También reiteraron "la necesidad de habilitación del trabajo desde los lugares de aislamiento, para que los magistrados, funcionarios y empleados que presten servicios de manera presencial en los tribunales y dependencias, puedan seguir realizando tareas de forma remota".


Los cinco ministros del máximo tribunal rechazaron el pedido de avalar una sesión virtual del Senado en la parte resolutiva de sus votos. Pero Lorenzetti, Highton y Maqueda en la parte argumentativa señalaron que nada impide que sesione así.

 

Un juez porteño determinó que la medida implica "una discriminación en razón de la edad". Larreta no apelará.

La Justicia porteña declaró inconstitucional la resolución del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que establece la restricción para circular en la vía pública a personas mayores de 70 años. El gobierno anunció que no apelará.

La medida fue dispuesta el lunes por la noche por el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Lisandro Fastman, quien hizo lugar a un pedido de un particular que se vio afectado por la medida y declaró inconstitucionales la obligación de llamar al número 147 y la vigencia del permiso por dos días.

El magistrado sostuvo que la obligación de solicitar una autorización previa del gobierno para salir a la calle "resulta una exigencia más gravosa para este colectivo de personas que para el resto de la población".

En ese sentido, indicó que si bien hay "buenas intenciones" en la resolución del gobierno porteño, ello implica "una discriminación en razón de la edad, que vulnera los derechos y las garantías del grupo etario al cual se encuentra destinada", ya que dispone "imponer una exigencia mayor y distintiva del resto de la población". Y agregó que se ve "disminuida la autonomía personal y la capacidad de decisión" de ese grupo de personas "solo en función de la edad".

La acción de amparo había sido interpuesta por un ciudadano del Gran Buenos Aires, pero que sostuvo que sintió afectados sus derechos para circular por la Ciudad. El pedido se efectuó solo horas antes del fallo judicial.

El demandante expuso que la resolución del GCBA es "discriminatoria" y le "cercena los derechos constitucionales a trabajar y ejercer toda industria lícita", con "arbitrariedad, incongruencia e irracionabilidad manifiesta".

En el gobierno porteño admiten que la medida es "antipática" pero buscan desalentar la circulación de gente, sobre todo de los grupos de riesgo. Es por eso que a pesar de las críticas Larreta la sostuvo, aunque ya el viernes pasado, el mismo día que se anunció, dio marcha atrás con las posibles sanciones que implicaban trabajo comunitario.

Ante este revés, Rodríguez Larreta informó que no va a apelar la decisión del juez, aunque avisó que mantendrán la línea 147 para que los adultos mayores conozcan las herramientas que tienen a disposición para evitar salir a la calle. El jefe de Gobierno aseguró que gracias a esta medida el lunes lograron que el 40 por ciento de los que llamó no saliera a la calle.

La medida está funcionando: ayer, 35 mil mayores de 70 nos llamaron antes de salir. El 40% aceptó alguna de las soluciones que les ofrecimos y se quedó en casa. Son miles de adultos mayores que evitaron salir a la calle y contagiarse.


Sergio Rodríguez, titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, presentó una denuncia ante el juez federal de turno

La Cámara de Casación debe decidir si el ex Secretario de Transporte del kirchnerismo sigue o no detenido en la cárcel de Ezeiza. En el escrito, se afirma que la salud del ex funcionario "se encuentra en estado crítico y agravándose constantemente por sus condiciones de detención”

 

“Objetable”, “sin sentido”, “jugada política”, “carente de apoyo legal”, “ignorante de la competencia del alto tribunal”: algunas de las definiciones de los especialistas sobre una iniciativa que hasta el propio Zaffaroni cuestionó como atentatoria de la división de poderes.

Gran parte de los constitucionalistas y juristas cuestionaron el planteo de la vicepresidenta Cristina Kirchner tendiente a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dé garantías de validez, a través de una acción declarativa de certeza, a las sesiones legislativas que se harían por videoconferencia en medio de la pandemia. La ex presidenta busca así evitar futuras impugnaciones a leyes debatidas de esa forma, como la que intenta fijar un impuesto a la riqueza.

¿Puede la Corte Suprema expedirse sobre un tema que no se ha transformado en una causa judicial? ¿Debe ser el máximo tribunal el que lo analice, si no pasó previamente por otras instancias? ¿El Congreso no tiene, acaso, facultades internas para dictar su propio reglamento? ¿Corresponde que la Corte Suprema dé garantías sobre el funcionamiento legislativo y las leyes que allí se voten? ¿Podría interpretarse ello como una suerte de aval indirecto para esas normas?

Las opiniones están divididas pero, aunque algunos expertos entendieron que la cuestión amerita el análisis del máximo tribunal por la gravedad del escenario de pandemia y el no funcionamiento del Congreso, la mayoría de los constitucionalistas se inclina por rechazar el pedido de la vicepresidenta.

Incluso sorprendió la declaración del ex ministro de la Corte y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Raúl Zaffaroni, que le dijo a Página/12 que el pedido de Cristina Kirchner concierne a “una cuestión política no judiciable” en la que “ni la Corte ni ningún juez” debería entrometerse, porque se trata de “otro poder del Estado”.

Según aseguró, “ni el Legislativo puede decirle a la Corte que se reúna o no virtualmente o que los jueces hagan o no audiencias virtuales, ni la Corte ni ningún juez se lo puede decir al Legislativo” porque “son incumbencias propias de cada Poder del Estado, que cada uno resuelve como mejor entiende y el otro no puede dictarle reglas”.

A criterio del penalista, “si la Corte resolviese de esa manera [rechazando pronunciarse], quedaría claro que en el futuro no sería viable ninguna objeción a una ley en base a la forma en que el Congreso decidió sesionar” y "se resaltaría el respeto a un principio republicano fundamental desde Montesquieu en adelante”.

Por lo pronto, el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, le pidió el viernes a la Procuración General, a cargo interinamente de Eduardo Casal, que dé su opinión sobre si el máximo tribunal es competente para estudiar el pedido de Fernández de Kirchner. No se trata de estudiar el fondo de la cuestión y, vale la pena aclarar, el dictamen del jefe de los fiscales tampoco es vinculante. Desde la Procuración deberían enviar su respuesta el martes, más allá de que la Corte no tenga plazos para expedirse.

Recordemos que Cristina Kirchner -en su carácter de titular de la Cámara de Senadores- se presentó el miércoles ante la Corte Suprema pidiendo una “acción declarativa de certeza” para que “de modo urgente y mediante un trámite sumarísimo” establezcan si es constitucional que el Senado sesione a través de “medios digitales”. Aunque en el mismo escrito hizo saber su convicción de que era “absolutamente válida” esa vía, la Vicepresidenta aclaró que buscaba el aval judicial frente a “maniobras de todo tipo -incluidas las judiciales- tendientes a impedir la aplicación de leyes que afecten intereses de grupos económicos”.

“Objetable y sin sentido”

Felix V. Lonigro: “Técnicamente el pedido del Senado a la Corte tiene por finalidad avalar la validez de sesiones virtuales. Se llama Acción Declarativa de Certeza. El problema es que la Corte no tiene competencia originaria para intervenir en asuntos en los que no son parte ni una provincia ni un embajador. La acción debería iniciarse en primera instancia de la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo.

Y, a lo sumo, si la sentencia fuera desfavorable, podría aplicar un ‘per saltum’ a la Corte. Otro problema es que la Corte no tiene por qué pronunciarse en la interpretación de un Reglamento de una Cámara, salvo que se sancione una ley en violación al mismo, lo cual ameritaría, si ello ocurriese, y solo si ello ocurriese (no antes), un planteo de inconstitucionalidad.

He escuchado que la Corte podría emitir una Acordada. Error. En un proceso judicial la Corte se pronuncia mediante sentencia. La presentación es objetable además porque el Senado, por sí solo, no tiene personería jurídica para iniciar una acción legal. Lo debería hacer el Congreso como órgano de gobierno.

La Corte podría rechazar la acción por falta de legitimación activa. La acción fue iniciada contra “los poderes del Estado” (según el escrito de inicio). Pues no tiene sentido. No hay que iniciarla contra nadie. Simplemente se inicia para que la Corte se pronuncie declarando la validez de una sesión virtual o fuera del recinto”.

“Daño institucional y jugada política”

Gregorio Badeni: “La presentación no es viable porque la Corte no puede intervenir en cuestiones políticas sino solamente en aquellos casos que importan controversias, en donde se discuten derechos.

Acá no existe ninguna controversia. Segundo, y la Corte lo ha dicho muchas veces tratándose de acciones meramente declarativas, porque los jueces no pueden emitir opiniones, tienen que resolver casos. Tercero, porque las atribuciones que tiene el Congreso deben ser resueltas por sus propias Cámaras. De modo que la Cámara de Diputados y la de Senadores tendrán que convocarse y definir cómo funcionan; y lo que diga una cámara no es obligatoria para la otra. Yo veo una gran ignorancia en Cristina Kirchner en materia de temas jurisdiccionales.

Acá se está haciendo un daño institucional y una jugada política. Tratar de que quedemos impresionados por su preocupación de hacer funcionar a la Cámara Alta. Lo que sí es cierto es que se está produciendo una gran irregularidad en este momento y es que el Congreso no sesiona.

Los integrantes del Congreso implícitamente han resuelto anular el funcionamiento del poder legislativo y eso rompe la doctrina de la división de poderes. Nunca pasó en la historia argentina. Hay que tener la suficiente habilitada para afrontar las situaciones difíciles dentro de los cauces democráticos y no al margen de ellos. Este es un procedimiento totalmente impertinente y si un alumno me dice esto en un examen, lo tengo que reprobar”.

“Totalmente improcedente”

Eduardo Menem: “La presentación ante la Corte es totalmente improcedente, porque el Congreso tiene facultades propias para tomar las decisiones que le atañen a su funcionamiento. No puede depender de otro poder ni debe pedir permiso a otro poder.

Es un principio fundamental es la división de poderes y la armonía entre ellos. Cada uno tiene atribuciones propias y debe resolver sin ninguna condición o pedido de autorización, ni a la Corte ni a una instancia inferior. Directamente el Congreso tiene que sesionar. Puede hacer una sesión presencial, para modificar los reglamentos, tomando todas las precauciones, con barbijo, distancia y el mínimo de empleados.

Tampoco es problema para los legisladores del interior: el Estado puede disponer de un vuelo especial que los traiga en vuelos para esa sesión en donde se modifique el reglamento. Incluso, hasta eso podría hacerse en una sesión virtual, con un quorum indispensable, con el resto de los legisladores participando y dando a publicidad la sesión”.

“Claramente procedente”

Domingo Rondina: “La acción planteada por la presidenta del Senado es claramente procedente. La jurisprudencia argentina viene evolucionando desde los tribunales inferiores y ha habido precedentes de Corte en el sentido, máxime cuando media una situación de gravedad institucional.

En este caso están reunidas las condiciones para que la Corte despeje una incertidumbre constitucional, en aras de evitar el desgaste que implica un proceso legislativo que luego pueda ser anulado por razones formales por la Corte. La conducta asumida por la misma Corte en la ‘causa Rizzo’ donde se anuló la reforma judicial, siguiendo un procedimiento de apelaciones muy veloz, demuestra la necesidad de encontrar mecanismos de acuerdo procedimental entre las cabezas de los poderes. Es un tema técnico, doctrinario, que venimos planteando hace tiempo y que se hace en otros países para evitar el desgaste del debate público y democrático respecto a un proyecto que por razones formales o sustanciales pueda ser anulado por el órgano jurisdiccional. Y la Corte Suprema tiene facultades para hacerlo. Además, no es la primera vez que la Corte Suprema toma un caso anticipadamente, al solo efecto de despejar inconstitucionalidad.

El más antiguo se llama ‘Rodríguez Aeropuertos’, donde se inventó el per saltum, y el más reciente es ‘Fonteveccia’ donde con solo un oficio la Corte tomó el tema y se pronunció. Muchos colegas dicen que no hay caso porque están mirando con un sistema del siglo XIX. No se puede seguir trabajando así porque los procesos de construcción normativa son complejos y ponen a la Corte en una posición de árbitro democrático contramayoritario”.

“Desconoce la competencia de la Corte”

Daniel Sabsay: "La acción que la vicepresidente de la Nación interpuso ante la Corte Suprema desconoce la competencia de ese alto tribunal. A la Corte se llega por apelación, cuando se viola algún derecho. La competencia originaria solo existe cuando hay un conflicto entre provincias o un tema en el que esté comprometido un país extranjero.

La acción debería ser rechazada in límine. Para que la Corte tome una cuestión tienen que darse las características de un caso, un tema en donde el que lo interpone pone de manifiesto que esta situación ha violado algún derecho del cual esa persona es titular. Un tema subjetivo. Acá se trata de una consulta de tipo doctrinario de un poder al otro, de manera abstracta, sin mostrar lesión. Por lo tanto, a mi entender la Corte debería rechazarlo. Se trata de un cuestión externa de un órgano que la propia Constitución le da la facultad de fijar sus reglamentos.

“Es dudoso”

Andrés Gil Domínguez: “Hay una duda sobre si el reglamento de ambas cámaras permite las sesiones digitales no presenciales. El reglamento no es claro. Y lo que se puede hacer es lo que expresamente dice el reglamento. Entonces hay una duda razonable.

¿Esto lo tendría que resolver el Congreso?. Sí, pero para definirlo se tendría que reunir presencialmente y eso es un problema porque hay una gran cantidad de legisladores que pertenece al grupo de riesgo y otros que viven muy lejos. ¿Cuál sería la mejor forma de garantizar la presencia? La vía digital. Pero es la cuadratura del círculo: tendría que hacerse una sesión especial para autorizarlo.

Para mí, tomando el artículo 75 de la Constitución Nacional que obliga al Congreso a proveer todas las medidas conducentes al desarrollo tecnológico, sí. Pero que hay duda, hay duda. ¿Se dan los presupuestos de la competencia originaria de la Corte? No, no se dan. ¿Pero la Corte no ha generado excepciones a esa competencia originaria? Si, lo ha hecho y ha generado excepciones. Si la Corte sigue con su jurisprudencia tradicional, dirá que no hay caso o lo mandará a otro fuero porque dirá que no es competencia originaria. También podría hacer lo que hizo la Cámara Electoral cuando se frenó la re-reelección de Carlos Menem, diciendo que no había ninguna situación de incertidumbre porque estaba claro que no estaba habilitado a postularse y así, por una vía negativa, pronunciarse.

Estamos ante una situación objetiva de excepcionalidad nunca vista. Muchos colegas dicen que la Corte nunca hace excepciones, pero las hace. Para los teóricos de los libros, puede ser, pero la realidad es otra cosa”.

“Carece de apoyo legal”

Felix Loñ: “La pretensión de Cristina Kirchner de acudir directamente a la Corte Suprema de Justicia carece de apoyo legal pues ello solamente es posible en los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros y en los que alguna provincia sea parte. Así lo establece el artículo 177 de la Constitución Nacional. Lo que la vicepresidenta tendría que haber hecho es acudir al propio Senado y no que la Corte. Ningún otro poder puede meterse. Ni el judicial ni el ejecutivo.”

“Es la política y los acuerdos políticos los que tiene que resolver esta cuestión”

Diego Armesto: “El Congreso puede sesionar sin consultar a la Corte Suprema porque en el reglamento existen distintas normas que le permiten a cada cámara sesionar fuera del ámbito del Congreso. Incluso podría haber un acuerdo político entre los presidentes de los bloques ad referendum del cuerpo. Ya lo hicieron Mendoza y Córdoba. Es la política y los acuerdos políticos los que tiene que resolver esta cuestión y no la Justicia. El poder legislativo no necesita que otro poder del Estado le diga qué hacer”.

“¿De qué inminencia estamos hablando?”

Jorge Alberto Diegues: "No hay competencia originaria de la Corte para recibir la demanda. No se puede dirigir a la Corte Suprema cualquier cosa en competencia originaria, porque se trata de un fuero de privilegio para determinados casos. Acá no hay ni provincia ni embajador actuando. A la Corte se llega por un recurso extraordinario, con requisitos formales porque no todo es de gravedad institucional.

Suponiendo que haya un milagro que pueda pasar la competencia originaria, no hay caso tampoco. La Constitución exige que para que se pueda hacer una demanda haya una controversia. Los tribunales no están para evacuar consultas. Y, además de tener caso, tiene que haber un interés concreto. Acá la acción declarativa se presenta porque se explica que se busca tratar leyes tributarias.

Esas leyes se debaten primero en Diputados. Si la Cámara de Diputados todavía no aprobó el proyecto, ¿de qué inminencia estamos hablando? Otro de los argumentos es el riesgo para los senadores. El viernes, cuando el presidente Alberto Fernández anunciaba la reestructuración de la deuda, ¿quién estaba a su lado y sin barbijo? ¿Ahí no se ponía en riesgo la vida? Los legisladores, por su función, están excluidos del aislamiento. Entonces, ¿no es lo mejor reunirse una vez para reformar el reglamento y así poder sesionar? ¿Qué da mayor seguridad jurídica, una demanda ante la Corte con todas estas dificultades o una única reunión al solo efecto de modificar el reglamento y así poder sesionar mientras dure esta pandemia?

“Razonable, pero es el Congreso el que debe encontrar el modo de sesionar”

José Miguel Onaindia: “En nuestro sistema judicial el control de constitucional es posterior. No es previo. Ni de la Corte Suprema ni ningún otro tribunal puede actuar ante un acto administrativo y menos una ley. La presentación que hizo la vicepresidenta no reúne las características que tiene el control constitucional.

Sin perjuicio de eso, opino que el Congreso debe estar sesionando y debe adecuar su forma de sesionar a las circunstancias actuales porque el Estado de derecho no se puede interrumpir por una circunstancia excepcional como es esta epidemia. En ese sentido, el planteo tiene razonabilidad. Pero es el Congreso el que debe encontrar los modos y seguir sesionando. La constitucionalidad de esos métodos los va a tener que controlar la justicia, no la Corte como primer tribunal”

“Absolutamente improcedente”

Ricardo Gil Lavedra: “La presentación es absolutamente improcedente. No es un caso de competencia originaria y no hay un caso o controversia. ¿Contra quién se dirige, quién tendría que resistir? Acá no hay caso. La Corte ha dicho en numerosos precedentes que no está dentro de sus funciones emitir opiniones consultivas. Es una atribución excluyente del Congreso.

La Constitución Nacional le da instrucciones al Congreso para que regule su funcionamiento interno sin intervención de otro poder. Por lo tanto, la posibilidad de regular sesiones no presenciales es una competencia exclusiva de cada Cámara. No veo inconveniente en que los senadores sesionen una vez en la sede de Cámara de Diputadas, que es muchísimo más grande.

La Corte Suprema también tiene remedios para agilizar el funcionamiento del Congreso, permitiendo una aprobación en general y el articulado de una ley en comisión. Por qué se hizo esta presentación a la Corte no lo sé, porque por lo que leo hay una unanimidad de pareceres y es un tema que está fuera de discusión”.


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