Domingo, 25 Octubre 2020 12:13

Vacunas contra el covid-19: el proyecto de ley atropella la inviolabilidad de la persona humana - Por Agustina Sucri

Escrito por Agustina Sucri

Objetan que la iniciativa legislativa acepte la confidencialidad solicitada por los fabricantes respecto de los componentes con los que se inoculará a la población de forma obligatoria. Arguyen que el órgano que debe controlar la seguridad y eficacia de estas vacunas se ha negado a brindar información en el marco de una causa judicial

Aunque se ha buscado generar confusión al respecto, lo cierto es que una vez aprobada una vacuna contra el covid-19, su aplicación será obligatoria. Según lo resaltaron en una entrevista con La Prensa las abogadas Elizabeth Márquez y Laura Rodríguez, el dato se desprende de la ya vigente ley de vacunas 27.491, que estipula en su artículo 7 que aquellas que sean “indicadas en una situación de emergencia epidemiológica, son obligatorias para todos los habitantes del país conforme a los lineamientos que establezca la autoridad de aplicación”.

La preocupación respecto de esta obligatoriedad surge a partir del proyecto de ley impulsado por el diputado y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara baja, Pablo Yedlin, titulado “Ley de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el covid-19”, en el que se prevé la confidencialidad respecto de los componentes que tendrán estos productos para la inmunización. En pocas palabras, pretenden vacunarnos de prepo sin decirnos con qué. La iniciativa legislativa ya obtuvo media sanción en Diputados y la próxima semana será sometida a votación en el Senado.

Por este motivo, Márquez y Rodríguez participaron el martes último de una reunión virtual con senadores y asesores, en la que las letradas los pusieron en conocimiento sobre los detalles de una causa judicial iniciada contra la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), luego de que ésta se negara a brindar acceso a la información sobre los componentes de las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación.

En concreto, a las abogadas les preocupa que sea este mismo organismo el encargado de evaluar y controlar que los beneficios de la potencial vacuna contra el covid-19 superen los riesgos. Por otra parte, señalaron que tanto la ley 27.491 de vacunación obligatoria como la 27.447 de trasplante de órganos, tejidos y células “no son leyes aisladas, sino que forman parte de un sistema legal, que viene perpetrándose paso a paso desde hace décadas”.

“Si se mira en relación, por ejemplo, a la ley de órganos, es la misma dinámica, se repite el mismo patrón. Se pierde el total respeto hacia la inviolabilidad de la persona humana, estipulada en todos los tratados internacionales”, enfatizó Rodríguez, quien hizo hincapié en que la persona humana es inviolable desde la concepción hasta la muerte por causas naturales. “Estas leyes quieren atropellar ese principio. La clave es preguntarnos si esta clase de leyes respetan a la persona humana o avanzan sobre la misma bajo la excusa del colectivo, de la salud pública o de los derechos del Estado o vaya a saber qué otro paradigma que ponen de excusa para darle viso de legalidad, como si con eso cumplieran con la legitimidad. Pero son dos cosas distintas”, remarcó.

Las abogadas sugirieron que en caso de que existan compromisos prestablecidos con los laboratorios, a los que no se pueda renunciar, al menos se incluya en el proyecto de ley una cláusula específica y expresa en la que se estipule “la no obligatoriedad para todo ciudadano de vacunarse con esta sustancia y que no exista ninguna consecuencia de limitación en el acceso a servicios o ejercicio de derechos de cualquier índole” para aquel que decida no ser inmunizado con esta vacuna específica.

Sin Obligación

” Básicamente, pedimos que no nos obliguen a todos a vacunarnos cuando no sabemos qué nos ponen. En todos los países donde la libertad existe, los ciudadanos no pueden ser obligados a vacunarse compulsivamente con una vacuna experimental como esta”, añadió Márquez.

Asimismo, explicó por qué resulta inquietante que se acepte no revelar los contenidos de la vacuna contra el covid-19: “Si nosotros le queremos dar la confidencialidad a los laboratorios la única forma en que podríamos hacerlo es que confiáramos ciegamente en la ANMAT. ¿Pero cómo voy a confiar en la ANMAT cuando le vengo pidiendo la información sobre las vacunas que me están inoculando desde que nací y no me saben decir lo que tienen? Imaginate lo que puede llegar a pasar con una vacuna en etapa experimental, porque realmente al momento en que se está sancionando esta ley la vacuna está en etapa experimental”.

” Nosotras llevamos esta información a los senadores y les preguntamos si ellos van a confiar en este organismo. Tengo tres sentencias judiciales que indican que tienen que brindarnos acceso a la información sobre las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación y que no quiere entregar, poniendo excusas absurdas. ¿Creen que es un ente que está a nivel de poder controlar que la vacuna sea segura?”, insistió la abogada.

Por su parte, Rodríguez apuntó que, en el mundo, por lo controvertido que es el tema de las inmunizaciones, los países desarrollados dan mayor libertad y -donde son obligatorias- existen lo que se llaman exenciones, “que son las certificaciones o el reconocimiento del consentimiento en el que la persona destinataria de la inoculación puede manifestar una razón de suficiente peso para no ser vacunada”.

” Por ejemplo, en Estados Unidos, donde en algunos estados la vacunación es obligatoria, existe un fondo de reparación para los afectados por efectos adversos de las vacunas. Y este fondo paga anualmente millonarias sumas a los afectados. Quiere decir que tenemos la prueba evidente y constatable por la propia estadística de que hay un sinnúmero de personas que se encuentran afectadas y que si eso pasa en Estados Unidos cómo no va a pasar acá”, reflexionó Rodríguez.

En ese sentido, señaló que la actual ley de vacunas 27.491 tiene una faz impositiva, totalitaria, “pero le falta la parte preventiva y reparadora”.

Márquez relató que -en coincidencia con la polémica generada en los últimos días en torno a la obligatoriedad de la inoculación contra el covid-19- la ANMAT presentó un escrito en el que dice que ella puede asistir a hacer copias de todos los legajos solicitados. Sin embargo, la letrada precisó: “Me decían que fuera el 16 y la cédula me llegó el 16 a la noche.

De todas formas, no me voy a presentar sola a hacer copias de los expedientes. Tengo que ir con un escribano, que certifique todo lo que me entregan porque es información pública. Quiero llevarme algo que sirva y que quede constatado lo que me llevo. Esto ocurrió en la desesperación de estas últimas dos semanas, en las que el tema empezó a estar muy caliente: ellos presentaron un escrito al juez diciendo que vaya, pero la cédula llegó tarde”.

Información Publica

Ambas abogadas se mostraron muy conformes con el accionar de la justicia en la causa iniciada contra la ANMAT en febrero de 2019, y por la que la institución fue condenada en Primera instancia y Segunda instancia y en Rechazo de Recurso extraordinario federal a entregar la documentación requerida.

”La Justicia claramente ha demostrado un interés profundo en saber qué tienen las vacunas. Esto no fue casual. Que un juez de primera instancia y tres jueces de cámara y dos fiscales, insistan con el tema de que esta información es pública y que la tienen que entregar, no es un tema menor”, subrayó Márquez.

En tanto, Rodríguez consideró que la actual ley 27.491 de vacunas exacerba “el avance totalitario del Estado sobre la ciudadanía general, privándonos de la posibilidad de la privacidad del acto médico” y sostuvo que se ha transformado “la vacunación en un acto administrativo, sin vía recursiva y con potenciales consecuencias irreparables e irreversibles”.

Respecto de cómo manejarán la información solicitada a la ANMAT una vez que puedan acceder a ella, las letradas detallaron que la entregarán a toda la comunidad médica, a la Asociación de Víctimas de Vacunas y a la Asociación de Consentimiento Informado.

Según recordaron, gracias al pedido de informes que ellas realizaron se dio a conocer a principios de 2019 que ciertas vacunas tienen líneas celulares fetales (de fetos de 16 semanas). “Esto causó revuelo porque según los genetistas te están incorporando ADN de otra persona a tu cuerpo. Entonces empiezan a saberse cosas que muchos desconocían, incluso médicos”, puntualizó Márquez.

” En el marco de esta búsqueda de la verdad que iniciamos, muchos se vienen a enterar incluso de cosas que no les enseñaron en la facultad de Medicina. Esta es la otra cara grave de la situación”, expresó Rodríguez, para luego añadir: “El doctor Oscar Botta lo mencionó en la reunión ante el Senado y pidió, por ejemplo, a la Facultad de Medicina de Buenos Aires que le informe una serie de cuestiones relativas a la formación de los médicos en este tema. Porque acá hay que investigar el sesgo con el que los médicos son casi adoctrinados en esta cuestión. No hay una verdadera discusión científica sobre el contenido de las vacunas”.

Por último, lamentaron la pérdida total de soberanía sanitaria que existe en la Argentina en materia de vacunas y, en ese sentido, mencionaron el caso del doctor Hugo Luján, el científico cordobés que se encuentra investigando una vacuna contra el Sars-CoV-2 pero que no ha recibido apoyo del Estado para poder avanzar.

Al parecer, la potencial inmunización contra el Covid-19 ha puesto en la mira una problemática mucho más amplia, que plantea interrogantes vinculados con el acceso a la información en cuestiones de salud y el verdadero respeto por la inviolabilidad de la persona humana.

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