Miércoles, 12 Agosto 2020 21:00

El FMI a la vista - Por Vicente Massot

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Poco importa determinar, a esta altura del partido, cuán beneficioso fue el acuerdo al cual se llegó la semana pasada con los bonistas. Analizada la cuestión desde los ámbitos académicos, tiene todo el sentido del mundo entrar y salir en disputas a su respecto.

 

En cambio, vista desde un ángulo específicamente político, resulta intrascendente, o poco menos. Lo hecho, hecho está. Despejada la incógnita que planteaba la posibilidad del default, cuanto corresponde es no perder tiempo y mirar hacia adelante. Del otro lado de la mesa en la cual deberá sentarse Martín Guzmán, se hallarán las autoridades del Fondo Monetario Internacional y no un conjunto heterogéneo de capitalistas.

El organismo de crédito internacional, que hasta ayer hizo las veces de aliado del gobierno kirchnerista, ahora se transformó, no en el enemigo a batir, pero sí en la contraparte de una negociación que recién empieza y cuyo final se encuentra abierto, merced a diferentes motivos. Por de pronto, la carta orgánica del FMI es clarísima a la hora de señalar que no hay lugar para quita alguna en los montos que los países le adeudan. Los tiras y aflojes, que estuvieron a la orden del día mientras duró la puja con los fondos acreedores, son cosa del pasado.

Cuando se vea la cara con Kristalina Giorgieva, el ministro de economía criollo no tendrá espacio alguno para solicitar rebajas en términos del capital y de los intereses en mora. La segunda razón es que cualquier facilidad que la búlgara pueda otorgarle, lo hará a cambio de un programa de ajuste al que deberá comprometerse la administración presidida por Alberto Fernández. Es lógico que el Fondo quiera conocer, antes de dar el sí, un programa consistente que demuestre que la Argentina está en condiciones de devolver U$ 50.000 MM. Y hay un tercer dato importantísimo, vinculado con la relación de fuerzas existente en el seno de su estructura de gobierno: quien decide, en última instancia, es Estados Unidos. El mayor auxilio otorgado en su historia por el FMI -del que fuera beneficiario el macrismo- tuvo lugar porque Washington le dio la luz verde y no debido a la buena relación de la señora Lagarde con Nicolás Dujovne.

A semejanza de lo que sucedió con los bonistas, cualquiera sabe que nuestra deuda es impagable en tiempo y forma. Pero la diferencia es que, en este caso, la única opción será diferir los pagos a condición de devolverle al Fondo hasta el último dólar. No resulta un detalle menor para un país fundido.

Es cierto que el staff de Kristalina Giorgieva se cansó de decir, a quien quisiera escucharlo, que la situación por la cual atravesábamos era dramática y que no estábamos en condiciones de honrar los compromisos contraídos con los tenedores de bonos, si no era con arreglo a una quita importante. No es necesario repetir que nada ha cambiado en lo que hace a nuestra inexistente capacidad de pago. Por lo tanto, será materia de discusión el estiramiento de los vencimientos, el eventual otorgamiento de un plan de facilidades extendidas y las condiciones a cumplir para que el mismo se haga efectivo.

Es posible que las dificultades de todo tipo que se recortan en el horizonte oficialista ayuden a explicar porque fue extremadamente cauto y nada eufórico al momento de anunciar que se había acordado un programa de pagos con los bonistas y que, por lo tanto, se había logrado exorcizar con éxito el default con los acreedores protegidos por la jurisdicción de Nueva York, que a tantos preocupaba dentro y fuera del gobierno. Los dos Fernández -tanto Alberto como Cristina- sabían cuáles eran los riesgos que corrían si acaso aquéllos daban un portazo y acudían a los tribunales competentes.

Parece claro que la estrategia que los dos, de común acuerdo, pusieron en marcha desde un principio, descansaba en la idea de que el hilo podía tensarse al máximo, cuidando que no se cortará nunca. Por eso hicieron tantas concesiones y consiguieron algo que no deja de ser un logro fundamental si a la cuestión de la deuda se la considera en términos de la próxima década. Entre el año 2020 y el 2027 los gobiernos de turno -sean o no de naturaleza peronista- deberán pagar montos insignificantes, centavos casi. Eso se llama, en la jerga futbolística, patear la pelota para adelante, y quien deba enfrentar el problema a partir del 2028 que se arregle como pueda. En definitiva, gambetear el default tuvo un determinado mérito menos por lo que se ganó -que no fue mucho- como por lo que se evitó.

Los bonistas ya son historia. La llamada cuarentena, que lleva 142 días ininterrumpidos, y la contraofensiva de la Justicia, inversamente, no pueden ser más actuales. Si el kirchnerismo no es capaz de retroceder como hizo en la nonata estatización de la empresa Vicentin, su rumbo es de colisión. Marcha a toda máquina a un singular conflicto de poderes, en donde el Ejecutivo y parte del Judicial dirimirán supremacías en medio de un tembladeral.

Como era de suponer, ante el ataque en toda la línea del frente de combate, llevado contra parte de la judicatura por Alberto Fernández y la vicepresidente en ejercicio, ésta reaccionó acorde al calado de la amenaza que representa para ella el proyecto de reforma que llegó al Senado, el intento de ampliación de la Corte, y su división en salas, y el propósito de tirarlo por la ventana al Procurador General.

El pronunciamiento de dos Cámaras -la del fuero Civil y Comercial y la Nacional del Crimen- declarando la inconstitucionalidad del proyecto antes mencionado, las terminantes declaraciones de Eduardo Casal de que va a dar pelea y el trascendido de que el máximo tribunal de la Nación tendría en estudio un fallo respecto de la legitimidad constitucional de la reforma del Consejo de la Magistratura -efectuada en el año 2006- delatan un espíritu de resistencia a los avances gubernamentales distinto por completo a lo que sucedió entre los años 2003 y 2015. Si en Balcarce 50 y en el Instituto Patria pensaban que del otro lado de la colina se dejarían pisotear, estaban bien equivocados.

La táctica de acorralar a sus adversarios sin medir las consecuencias -que ha sido la regla de oro de los K cuando entran en guerra- conlleva un riesgo muy serio: el de unir en su contra a quienes se sienten perseguidos, aunque no necesariamente coincidan en sus apreciaciones políticas ni comulguen similares credos. Es seguro que los ministros de la Corte no están todos cortados por la misma tijera. Cualquiera conoce hasta dónde han llegado sus disputas,

Pero basta percibir que existe una amenaza extendida a sus expensas por el gobierno nacional para que hagan sus disidencias de lado y se abroquelen, como un solo hombre, por elementales razones de sobrevivencia. Otro tanto correspondería decir de ese heterogéneo agrupamiento que alguna vez se unió en torno al rótulo de Cambiemos. De no mediar las agresiones que le fueron enderezadas desde el oficialismo, los halcones y las palomas que hoy hallan cobijo en Juntos para el Cambio habrían ensanchado sus diferencias y hubiera sido difícil que cerrasen filas y votasen como un bloque a prueba de balas en las dos cámaras del Congreso. Claro que, si el riesgo que perciben es el de ser arrasados por un adversario que no entiende de límites, lo lógico es que dejarán sus riñas para momento menos comprometido y formarán, en apretado haz, para hacerle frente al kirchnerismo. Eso fue lo que ocurrió.

Tamañas peleas se dan en un contexto distinto a cualquier otro que hayamos conocido por efecto de ese fenómeno inédito que es la pandemia. Luego de cuatro meses y medio de aislamiento obligatorio, las cosas no lucen tan bien como al principio para el gobierno. Más allá de las filminas y gráficos que el presidente -sin saber muy bien de lo que está hablando- exhibe en sus conferencias de prensa en Olivos, hay un hecho incontrovertible: nunca se logró que el índice de contagiosidad (RO) bajará de 1. Las medidas que se tomaron -acertadas en ciertos casos, desacertadas en otros tantos- consiguieron aplanar la curva, pero no hicieron descender los contagios. Las consecuencias son visibles: si bien hay pocos muertos, la economía se halla en estado de coma y la gente no tolera más un encierro que ya no puede sostenerse ni con razones ni -mucho menos- con amenazas.

El último DNU acerca de las reuniones sociales ha sido un verdadero hazmerreir. La mejor prueba es recorrer los fines de semana el Gran Buenos aires para percibir in situ el nivel de (des)acatamiento de la prohibición de asados, partidos de fútbol y fiestas varias. Por momentos daría la impresión de que determinados funcionarios públicos se creen aprendices de brujo.

Daniel Gollán, el ministro de Salud bonaerense es un caso arquetípico. Si se le ocurriese llevar a la práctica las tonterías que proclama, generaría una rebelión social de proporciones. Su idea, ventilada hace pocos días, de que es “inimaginable” habilitar la temporada turística en la costa atlántica si no se descubre antes una vacuna contra el Covid-19, suena a provocación. En caso de tomarse en serio sus palabras, millones de personas deberían pensar en las sierras o las montañas o la popular Pelopincho como alternativa a Mar del Plata, Pinamar, Necochea o Mar de Ajó. Por suerte, sus pronósticos tremebundos mueven a burla y nadie dejará de ir en diciembre, enero, febrero y marzo en pos del mar y de la arena. Le guste o no a un gobierno que -cosa increíble- por su torpeza infinita es capaz de hacer de los bañistas, enemigos.

Cuánto podría parecer una zoncera, en realidad no lo es tanto. Si a los gravísimos efectos de carácter económico y social que han golpeado de lleno a las clases medias y bajas se le suma el hartazgo societario que ha producido la cuarentena, no es necesario hilar muy fino para vincular tamaña situación con los comicios legislativos que habrán de sustanciarse en octubre del año por venir.

La abrupta caída de PBI, la extensión de la pobreza al 50 % de la población, los cientos de miles de desocupados que difícilmente encuentren trabajo, y el flagelo inflacionario, tendrán consecuencias de peso sobre algunos integrantes de las tribus que votaron al Frente de Todos, sin ser kirchneristas. Imaginar que el gobierno está en condiciones de transformar este círculo vicioso en el que nos encontramos metidos, en uno virtuoso, en apenas doce meses, sería algo así como soñar despiertos.

Alberto Fernández no es Mandrake.


Vicente Massot

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