Lunes, 17 Agosto 2020 21:00

Una reforma judicial a espaldas de la sociedad - Por Jorge Enríquez

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En medio de una crisis gravísima, que está empujando a la pobreza a la mitad de la población, el gobierno nacional se embarca en una reforma judicial inoportuna, inconsulta, improvisada y sectaria, que no responde a las necesidades sociales sino tan solo a la enfermiza obsesión del oficialismo por utilizar la pandemia como excusa para incrementar su poder.

 

Dos aspectos contiene la iniciativa gubernamental: un consejo consultivo en el ámbito del Poder Ejecutivo, que deberá asesorarlo sobre reformas a la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público; y un proyecto de ley de modificación de la justicia federal. En cuanto a lo primero, si bien habrá que esperar el dictamen de ese consejo, parece bastante obvio que una de las propuestas consistirá en una ampliación de la Corte Suprema, con el pretexto de la necesidad de incluir criterios de género y de federalismo mencionados en el decreto de designación de los asesores. Tales pautas serían inconstitucionales, porque solo la Constitución Nacional puede determinar los requisitos para integrar el alto tribunal, el único creado directamente por ella.

El objetivo de ampliar la Corte, ya adelantado por los dos constitucionalistas integrantes del consejo, Andrés Gil Domínguez y Gustavo Ferreyra, quien postuló la necesidad de contar con más “cosmogonías”, se justificará además en el propósito de mejorar su funcionamiento. Fue el argumento del menemismo cuando la llevó de cinco a nueve miembros.

Es un motivo falaz, porque con más jueces se demora más la tramitación de los expedientes. Tal vez se intente, para contrarrestar esa objeción, la división en salas del tribunal, que sería inconstitucional ya que el artículo 108 de la Constitución se refiere a “una Corte”. Por lo demás, las salas actuarían como una suerte de casación federal del derecho común, lo que también sería inconstitucional en virtud del artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación solo debe entender en cuestiones federales. No lo son las relativas a la interpretación de los códigos de fondo (Civil y Comercial, Penal, etc.), salvo que medie arbitrariedad, pero esta vía de acceso a la Corte, de creación jurisprudencial, debería ser cada vez más restrictiva.

El consejo consultivo es el instrumento supuestamente “técnico” para la obtención de una meta política que, a la luz de la historia argentina, es diáfana: tener una Corte adicta, con el triple propósito de asegurar la impunidad para los propios, la persecución de los adversarios y la legitimación de cualquier deriva autoritaria.

El segundo aspecto de la reforma judicial es el proyecto de ley destinado a modificar la organización y competencia de la justicia penal federal. No se entiende, en primer lugar, el motivo de que este asunto no haya sido objeto también de consulta con los “expertos”, quienes probablemente, si obraran de buena fe, podrían haber señalado las groseras deficiencias de la iniciativa, que revela una elaboración improvisada, incompatible con la seriedad con la que debe encararse cualquier enmienda en el ámbito judicial.

No se entiende cuál es la justificación de crear 23 nuevos juzgados, en especial si se considera que está en marcha - y el propio proyecto lo menciona - la implementación gradual y progresiva en todo el país del sistema acusatorio, en el que el rol principal está a cargo de los fiscales. Este sistema es completamente opuesto al inquisitivo. Por lo tanto, es absurdo incrementar los jueces, funcionarios y recursos de una forma de concebir la justicia criminal que el Congreso de la Nación, con amplio consenso, ha decidido dejar atrás.

En cuanto al método de designación de los nuevos jueces, es claramente inconstitucional en tanto omite el procedimiento establecido en la Constitución (concurso y elaboración de ternas por parte del Consejo de la Magistratura, designación por parte del presidente y acuerdo del Senado). Se propone en forma transitoria la “subrogación” de jueces ya designados en los juzgados a crearse, pero la subrogación implica el reemplazo temporal de un juez ya existente. La designación de un juez en un nuevo juzgado no es una subrogación.

Tampoco queda claro el motivo de la unificación de los fueros Contencioso Administrativo y Federal Civil y Comercial. Es cierto que el Congreso tiene amplias atribuciones para modificar fueros y competencias, pero no se advierte la necesidad de esa fusión, que lesiona sin ventaja aparente alguna la especialidad lograda durante muchos años en cada uno de esos fueros.

En cuanto a la transferencia de competencias a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, se la limita a la penal ordinaria, en lugar de avanzar decididamente en una transferencia amplia de competencias que cumpla el mandato constitucional plasmado en el art. 129 de la Constitución nacional, siempre, claro está, que sea acompañada con la correspondiente asignación de recursos, como lo dispone el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional.

Finalmente, una reforma judicial debería estar centrada no tanto en movimientos tácticos de piezas en el tablero, sino en la modernización de los procesos, en la incorporación de tecnología, en la simplificación de los trámites, en la difusión de la oralidad y la inmediatez; en síntesis, en todo aquello que facilite a las personas el acceso a la justicia y la obtención de una respuesta eficaz y rápida.

Se trata, en definitiva, de un intento de reforma pensado para el poder y no para la sociedad.

Jorge R. Enríquez
Diputado Nacional (Juntos por el Cambio- PRO) - CABA

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