Miércoles, 09 Septiembre 2020 21:00

Una república cantonal - Por Vicente Massot

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La Argentina se ha convertido en una república cantonal en donde cada poder hace lo que le viene en gana.

 

Mientras el intendente de Tandil, Miguel Ángel Lunghi, decide por las suyas salirse del protocolo oficializado a instancias del gobernador de la provincia de Buenos Aires, y fija un criterio propio con arreglo al cual determinar la manera en la que habrá de gerenciar de ahora en más la cuarentena, distintos movimientos sociales avanzan sobre tierras fiscales, en unos casos, y privadas en otros, con el propósito de transformar la acción directa en fuente de derecho.

En tanto Sergio Berni, poco dado a callarse la boca, dice que “hay integrantes del gobierno que promueven las usurpaciones» y acusa sin pelos en la lengua al Chino Navarro y a Emilio Pérsico de ser sus responsables, estos dos -que forman parte del mismo Frente que el ministro de Seguridad bonaerense- lo tildan de fascista. Que Máximo Kirchner haya puesto el grito en el cielo por semejante muestra de beligerancia de parte de compañeros de un mismo espacio político y que el Cuervo Larroque lo secundara en las críticas, no cambia en nada las cosas.

Casi al mismo tiempo que el gobierno de la capital federal toma la iniciativa de abrir al público, en las veredas, determinados bares y restaurantes, desde la Casa Rosada le ponen un palo en la rueda y reducen los alcances de la medida a menos de la mitad. Viajar por el interior del país se ha vuelto una odisea. Los permisos otorgados por la administración de Alberto Fernández valen lo que la voluntad del gobernador, intendente, jefe u oficial de policía con el cual uno se cruce en el camino.

San Luis está vallada. Hartos de no poder ingresar en territorio puntano, los habitantes de Punilla, en Córdoba, acaban de cerrar la ruta 8 como represalia a lo dispuesto por Alberto Rodríguez Saá. Casos por el estilo se multiplican a lo largo y ancho del país dando la impresión de que vale todo. Así como se rompe la cadena de pagos, también se hace trizas la cadena de mandos sin que el principio de autoridad encuentre una instancia superior en la que cobijar su acentuado deterioro. Marchamos al garete y nada hace prever que las desinteligencias y falencias puestas de manifiesto por quienes tienen la responsabilidad de poner orden en los asuntos públicos cesen y den lugar a un ciclo virtuoso.

En medio de una crisis fenomenal por su envergadura y las consecuencias que ha traído aparejadas, el Frente de Todos -como si los problemas no existiesen y no se hubiese enemistado con tantos sectores a la vez- renueva su intemperancia y carga lanza en ristre contra los Estados Unidos, el lord mayor de los porteños y los millones de argentinos que gestaron semanas atrás un banderazo que el presidente de la Nación descalificó moralmente. Pareciera que llevarle guerra a la Corte Suprema de Justicia, al Procurador General de la Nación y a los magistrados que juzgan a Cristina Fernández, al kirchnerismo no le bastara.

Redobla la apuesta y escala la embestida comprándose una contienda gratuita, que no está en condiciones de ganar. En este contexto se inscriben dos compadradas: la pulseada por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) en la que, al candidato presentado por Washington, Mauricio Clarer Carone, desde estas orillas se pretende oponerle la desabrida figura de Gustavo Béliz, y las tronitonantes acusaciones del senador Oscar Parrilli enderezadas a expensas del embajador de la primera potencia mundial en Buenos Aires.

Una cosa es la protesta enderezada a la administración republicana por el hecho de romper un pacto no escrito respecto de la titularidad de ese organismo de crédito -que siempre ha correspondido a un latinoamericano- y otra es convertir a la citada diferencia en una suerte de cruzada, perdida de antemano, en la cual nuestro país se ha quedado solo con dos o tres apoyos intrascendentes de los así denominados “países hermanos”.

Para pulsear con el Departamento de Estado hay que tener una musculatura que nos falta. Si, además, la vicepresidente lo instruye a uno de sus falderos para que le diga al representante de Donald Trump en el Río de la Plata que la política de su gobierno es racista, las relaciones bilaterales con el país que posee un peso decisivo en el Fondo Monetario Internacional y en las principales cuestiones estratégicas hemisféricas, lógicamente habrán de deteriorarse. Justo en el momento que más necesitamos de su ayuda y buena voluntad.

Los integrantes del gobierno nacional semejan a aquellos pasajeros del Titanic que no se dieron por enterados, hasta último momento, de que el trasatlántico en el que viajaban había embestido un iceberg colosal, que terminaría por arrastrarlo al fondo del helado Océano Atlántico. Se chocan en los pasillos y no aciertan a asumir una hoja de ruta consensuada que les fije un rumbo y les permita unificar un discurso que lleve tranquilidad a la gente.

No sólo disputan como si fuesen extraños, sino que, más allá de las palabras, nadie es capaz de tomar decisiones. Resulta grave que en el máximo nivel gubernamental no exista una política concerniente a las usurpaciones mencionadas más arriba, pero aún peor es que ninguna de las autoridades involucradas en el asunto tome el toro por las astas. Se pasan la pelota como si fuese una brasa ardiente que ninguna se anima a apagar. La Justicia, de su lado, con sus medias tintas, deviene parte del problema y no de la solución.

De momento, una sociedad mansa por naturaleza se limita a protestar y se escandaliza por la desidia de la clase dirigente en la materia. Pero si nadie está en condiciones de ponerle coto a la acción directa de unos, tarde o temprano los otros bien pueden creer que la única solución a la vista es responder a la violencia que ejercen los usurpadores con una violencia semejante. Algo de esto temen los intendentes del Gran Buenos Aires y esa fue una de las preocupaciones que le hicieron llegar al gobernador en las últimas horas. Merced a la pasividad y omisión de los estados -nacional, provinciales y municipales- van ganando los desclasados, por ponerle un nombre. Más adelante, está por verse cómo sigue la película. Que la situación es complicada lo demuestra la súbita postura ordenancista -cierto que verbal- de Axel Kicillof, Sabina Frederic y Andrés Larroque. Sin embargo, en parte por sus preconceptos ideológicos y en parte por el temor a que un intento de desalojo se cobre víctimas fatales, han descartado las medidas punitivas contra los ocupantes ilegales. Con lo cual el problema no tendrá solución.”

Los irresponsables que hasta pocas semanas atrás -no sin una marcada suficiencia- se jactaban del manejo impecable que habían hecho en materia sanitaria, ahora han entrado en pánico y por boca del mismísimo presidente de la República venimos a enterarnos de que, de seguir las cosas así, “no le temblará el pulso para oprimir el botón rojo”. A esta altura, cuando figuramos entre los primeros diez países del mundo en cantidad de apestados, entre los primeros quince en punto a defunciones, entre los primeros cuatro en términos de tasa diaria de contagios y acreditamos ser uno de los peores en lo que hace a la cantidad de testeos por millón de habitantes, salta a la vista que a la Casa Rosada y su brain trust de científicos se les quemaron los papeles en más de un sentido.

A seis meses del inicio de la llamada cuarentena, el escenario que presenta Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Jujuy y Río Negro habla a las claras de que ese triunfalismo inicial sobraba. Con la particularidad de que ahora ni el Poder Ejecutivo nacional ni tampoco el de aquellas provincias pueden dar marcha atrás y ensayar un aislamiento estricto y obligatorio, como el que se decretó el 20 de marzo. La vuelta a una cuarentena pura y dura lo único que lograría es hundir más aún a una economía en estado comatoso. En cuanto a la gente, nadie le hace caso a los retos y amenazas de los poderes públicos para permanecer en sus casas. La demostración más cabal de lo dicho lo arroja el resultado de una compulsa que acaba de conocerse: malgrado el pico de contagios, la Argentina está ubicada entre las top ten de las naciones con mayor movilidad en las calles.

El desmanejo del poder se extiende, asimismo, al factor más sensible de la economía, desde tiempo inmemorial un barómetro notable para medir el terreno que pisamos: el dólar. Las tomas de tierras y el incremento en el número de muertos producto de la pandemia (se calculan entre 20.000 y 30.000 para fines de noviembre) si bien deterioran la imagen de Alberto Fernández -tal cual lo vienen mostrando las encuestas de opinión- y echarán en brazos de la oposición a sectores que en las últimas elecciones votaron al Frente de Todos por el rechazo y la decepción que les produjo el macrismo, no son disparadores de una crisis fuera de lo común. Tampoco una huelga policial como la protagonizada por la Bonaerense, la reacción de un conjunto de vecinos decididos a impedir el ingreso de Lázaro Báez al country Ayres del Pilar o la inconcebible ligereza de los jueces que le permitieron, al otrora cajero del matrimonio Kirchner, salir de la prisión de Ezeiza sin necesidad de pagar la correspondiente fianza. El dólar -en cambio- si perdiese el quicio, obraría un terremoto como en tantas oportunidades pasadas que registra nuestra historia.

A semejanza de lo que es común apreciar en otras esferas oficiales, sobre el tipo de cambio no terminan de ponerse de acuerdo el titular de la cartera de Hacienda y el mandamás del Banco Central. Negar las desavenencias entre uno y otro es algo que se explica -de parte del kirchnerismo- por el temor a que una disputa abierta generase una estampida del billete. Pero es un secreto a voces que Martín Guzmán y Miguel Pesce piensan bien distinto al respecto. Como no logran conciliar posiciones, a alguien se le ocurrió la brillante idea de crear un escuadrón de control cambiario. Aunque parezca increíble, todavía hay burócratas que creen posible domesticar a los mercados con medidas policiales.

Desde el 15 diciembre el BCRA ha perdido reservas netas hasta quedar hoy prácticamente exhausto. Sólo en agosto los compradores del dólar ahorro se llevaron al colchón U$ 800 MM, y en apenas cuatro días de septiembre se estiman otros U$ 600 MM. Sin plan ni medidas de fondo, más temprano que tarde el gobierno deberá optar por una de estas tres salidas: o restringir aún más la posibilidad de los argentinos de comprar a razón de U$ 200 por mes en el mercado oficial, o suspender la operatoria, o devaluar. Ninguna es a prueba de balas.

Vicente Massot

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