Jueves, 10 Septiembre 2020 21:00

La arriesgada prueba del equilibrista - Por Jorge Raventos

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Durante este fin de semana el oficialismo y Juntos por el Cambio empezaron a negociar los pasos que culminarían el lunes 7, con los que se pudo rebobinar la tensión institucional que se había creado en el Congreso.

La oposición sostenía hasta allí que el protocolo que regía las sesiones virtuales había caducado y amenazaba con sabotear el funcionamiento de la cámara baja si el oficialismo no retomaba las sesiones presenciales. Finalmente se pactó una continuidad de las sesiones virtuales, que se combinarán con otras presenciales cuando se traten temas de mayor envergadura.

¿Hasta dónde podrían haber llevado su intransigencia las dos partes? En rigor, el cortocircuito beneficiaba objetivamente a los sectores más inflexibles de las dos coaliciones y perjudicaba las actitudes de los grupos más razonables de ambas. El gobierno, por su parte, no gana nada lidiando con una fisura que inmovilice uno de los poderes del Estado, una circunstancia que le restaría peso institucional a las normas, y coquetearía con la ingobernabilidad.

Ahora bien, es posible que el acuerdo que se consiguió el lunes al día de hoy fuera inalcanzable porque el miércoles 9 la relación entre gobierno y oposición se tensó al máximo y esta vez abarcó a la cabeza moderada de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta. Ese día, en el contexto de una turbulenta revuelta gremial de la policía bonaerense que incluyó el asedio de la quinta presidencial, Alberto Fernández decidió rebanar a la Ciudad de Buenos Aires un punto de coparticipación (este año, unos 30 a 35.000 millones de pesos) para destinarlo a la provincia que gobierna Axel Kicillof, de modo de financiar así las mejoras que reclaman los 90.000 policías bonaerenses.

Aunque Larreta fue anoticiado de la medida apenas diez minutos antes de que el Presidente la anunciara, el corte no fue un rayo en cielo sereno: el jefe de gobierno sabe desde hace meses que el gobierno nacional venía estudiando un recorte de la coparticipación porteña, que en 2016 fue incrementada un 150 por ciento por Mauricio Macri vía decreto de necesidad y urgencia y pasó entonces de 1,40 por ciento a 3,75.

La decisión de Fernández corrige, también por DNU, aquel aumento de Macri y lo deja virtualmente en un 100 por ciento.

Larreta venía practicando el clinch con el Presidente en parte por la constricción de la pandemia, pero también con la esperanza de que la amabilidad contribuyera a moderar el recorte que la Casa Rosada maquinaba desde hace meses; indudablemente lo sorprendió la circunstancia elegida por Fernández (para colmo escoltado por alcaldes del conurbano, entre ellos varios opositores que son aliados del jefe porteño).

LA RUPTURA DE ALBERTO

El momento fue, en rigor, desconcertante, en un punto de extrema fragilidad del Estado y el sistema político: apenas logrado con esfuerzo el acuerdo para que funcione el Congreso, justo en el vórtice del alboroto policial, de las tomas de tierras en el conurbano, en la Patagonia y en distintos puntos del país; en medio de las rabietas consorcistas que consiguieron impedir que el servicio penitenciario federal cumpliera una disposición judicial y que Lázaro Báez pueda hacer uso de sus propiedades privadas; y casi en simultáneo con una ofensiva de organizaciones de derechos humanos que forzó al Ejército a retirar una comunicación de homenaje a soldados caídos durante el combate al terrorismo librado bajo un gobierno legítimo.

La jugada de Fernández tiene riesgos.

Acuciado por la impotencia financiera y de gestión exhibida por el gobierno bonaerense para dar respuesta a los reclamos laborales y profesionales de su policía (reclamos bien acogidos en la opinión pública, por otra parte) el Presidente decidió patear el tablero de las buenas relaciones con el sector dialoguista de la oposición y financiar la solución salarial de la policía de la provincia con fondos extraídos del distrito porteño. Los 35.000 millones de pesos que se le transferirán a Kicillof equivalen a la mitad del presupuesto de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Kicillof anunció que la policía bonaerense se equiparará a la porteña justo cuando ésta sangrará por la herida provocada por el DNU de Fernández.

El anuncio salarial que hizo Kicillof tuvo la virtud de desactivar las protestas de los policías, pero sería un error pensar que todo volvió a su cauce. La revuelta dejó resentida la cadena de mandos -los efectos alcanzan al ministro de Seguridad, Sergio Berni, que tal vez deje la gestión para dedicarse full time a la política- y marcó el ingreso al escenario de una nueva generación de policías que no parece predispuesta a disciplinas ciegas y que pretende una organización profesional y sindical para plantear orgánicamente sus reclamos.

El tema de la sindicalización, que hasta ahora ha sido una especie de tabú, empieza a abrirse paso: hay organización sindical de la policía en la mayoría de los países europeos, en Canadá, en varios estados de Estados Unidos y, más cerca, en Uruguay. En el país se han pronunciado en favor de esa alternativa personalidades de diversa óptica, desde la ministra de Seguridad Frederic hasta el ex gobernador bonaerense Carlos Ruckauf.

EL ESTADO, MÁS DÉBIL

En este intermezzo, la autoridad del Estado ha quedado golpeada: por haber postergado iniciativas propias para mejorar de conjunto la seguridad del distrito incluyendo al personal involucrado, el gobierno de la provincia aparece cediendo ante una medida de fuerza y hasta debió llegar a compromisos en cuanto a no sancionar al personal que participó en protestas de notable gravedad, que incluyeron el cerco y el hostigamiento de las residencias del gobernador y del Presidente.

El fenómeno se repite en otros escenarios: las tomas de terrenos o las obstrucciones al cumplimiento de disposiciones (como ocurrió en el country de Báez y en su departamento del barrio de Belgrano). Señalábamos en esta columna la última semana: “En un país presidencialista, el decaimiento del poder del jefe de Estado consume un punto de referencia esencial, un eje organizador de la sociedad. Cuando ese poder se aísla o se debilita, empiezan a emerger múltiples desafíos a sus decisiones, tironeos o señales crecientes de disgregación”. Siete días más tarde, podría decirse que la situación se ha agravado.

Este fin de semana el gobierno apurará un trago amargo: el fracaso de una operación con la que pretendía desafiar al gobierno de Donald Trump. Pretendía obstruir la elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para evitar la coronación del candidato de la Casa Blanca, Mauricio Claver Carone. Consciente de que Trump ya contaba con mayoría para imponer a Claver Carone, esperaba bloquear el quorum de la elección, de modo de posponerla hasta después de la elección presidencial estadounidense, con la esperanza de que Joe Biden triunfe sobre Trump. El gobierno contaba con el apoyo del gobierno mexicano y también con el de países europeos, algo que no se consiguió. México dará quorum, aunque después respalde con su voto al candidato argentino, Gustavo Béliz. Un apoyo simbólico (lo importante para Trump y Claver es el quorum, pues la mayoría de los votos ya estaba asegurada).

El saldo de esta batalla se conocerá, en rigor, el primer martes de noviembre, cuando se conozca el nombre del próximo presidente norteamericano. La Casa Rosada tiene esperanzas en que sea Joe Biden. Pero Trump viene corriendo de atrás y recuperando terreno, mientras la economía de su país se recobra de la pandemia. Argentina necesita tener boletos ganadores en esa carrera, porque necesita el apoyo de Washington. En principio, ante el FMI. ¿Es este, también desde esta perspectiva, un momento oportuno para cortar puentes de diálogo?

FRAGMENTOS DE UNA BURBUJA

Es irónico que los fragmentos que colisionan en el sistema político no registren el daño que sus enfrentamientos le ocasionan, más allá de a sus adversarios, a la burbuja que, así sea belicosamente, comparten. También es irónico cómo se parecen los razonamientos de esas fracciones: mientas para algunos termocéfalos del oficialismo, la chirinada policial bonaerense fue organizada por Mauricio Macri y por… ¡(José Luis)Espert!, para los delirantes del otro lado las tomas de tierras del conurbano forman parte de un siniestro plan extremista y por cada hecho que les disgusta culpan directamente a la señora de Kirchner.

Unos u otros atribuyen, sea a Macri, sea a CFK, poderes que estos ya no tienen; confunden los gestos o las ilusiones ajenas con hechos, y sus propias pesadillas con realidades. Estas especies suelen vivir en barrios parecidos e ignoran todo o casi todo sobre los fenómenos que comentan.

Detrás de las ocupaciones de tierras hay años de decadencia social y un cuadro de miseria que ha recrudecido con la pandemia. Detrás de la protesta policial hay un contexto no demasiado diferente: buena parte del personal de la bonaerense padece privaciones, vive en barriadas precarias, camina por calles sin asfalto.

Ocupas y policías de filas viven en los bordes, y muchas veces pisan del lado de afuera de la legalidad. Conviene para juzgarlos tomar en cuenta la visión de un estudioso de los márgenes, el peruano Hernando De Soto: “Mucho más que una marea demográfica de pobreza, las oleadas de extralegalidad bien podrían ser el más importante factor que está obligando a acoger la revolución industrial y comercial que ya está encima”. Y que la pandemia acelera.

Jorge Raventos

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