Jueves, 24 Septiembre 2020 13:46

La Corte en su laberinto - Por Vicente Massot

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En cualquier país medianamente serio una decisión de la Corte Suprema tiene carácter definitivo. Cierra la cuestión disputada por una razón sencilla: resulta la última instancia judicial. Pero, entre nosotros, ello no siempre es así.

De lo contrario, alguien debería explicar la crisis estallada a propósito de los magistrados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. En el año 2018 el entonces ministro Germán Garavano realizó una consulta a los ministros del máximo tribunal respecto de los traslados de los tres jueces antes mencionados. La respuesta que recibió -con base en las acordadas 4 y 7 de aquel año- no dejó lugar a dudas: si se tratase de una mudanza entre cargos del mismo grado, competencia y jurisdicción, las designaciones no necesitaban pasar por el Senado.

Más allá de los motivos que pudo haber tenido el poder político macrista para obrar esos cambios, lo cierto es que la decisión de la Corte fue clara. Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti conformaron la mayoría. En cuanto al voto de la minoría, integrada por Carlos Rosenkratz y Helena Highton, fue aún más contundente en sus fundamentos. De modo tal que el 3 a 2 no reflejó una diferencia de fondo. En lo que concierne a la legalidad de la medida, todos estuvieron de acuerdo. Claro que nos hallamos en la Argentina, y en estas benditas playas hay que prestarle más atención a la Constitución sociológica que a la escrita. En resumidas cuentas, Fernando Lasalle -socialista alemán, contemporáneo del príncipe Bismarck- nos puede explicar lo que ha ocurrido mejor que Juan Bautista Alberdi.

En una serie de conferencias, luego compiladas en formato de libro, que lleva por título ¿Qué es una Constitución?, en vano se buscará un preámbulo o distintos artículos en donde quedaran reflejados aspectos tales como la división de poderes, el sistema de gobierno y las atribuciones propias del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El pensador germano abordó el tema por otro costado y dejó establecido un criterio de análisis constitucional con arreglo a lo puramente fáctico. Para él la Carta Magna, más allá de cuanto haya sido condensado en un texto, es la suma de los factores reales de poder que existen y tienen el suficiente peso específico como para imponer su autoridad. Su enseñanza apunta no a cómo deben ser las cosas sino a cómo son. Lo cantante y sonante precede al principismo normativo. Si alguien, a esta altura, se preguntase qué tiene que ver lo expresado más arriba con el país que pisamos, le recomendaría que se tomase un par de horas y leyese con cuidado a Lasalle. Pronto se dar cuenta de que el notable socialista del siglo XIX tiene mucha más actualidad que la mayoría de los constitucionalistas clásicos. Al menos, si el propósito es entender los motivos en virtud de los cuales un tema sobre el que hay cosa juzgada sigue abierto a debate.

¿Dónde dice, en la ley fundamental promulgada en 1853, que el vicepresidente manda por sobre el presidente de la República? ¿En qué parte se establece el derecho de un gobernador a ignorar las sentencias de la Corte Suprema Justicia de la Nación? ¿En qué sección quedó establecida la prepotencia con la que determinados personajes pueden desobedecer la orden de un juez y seguir por la vida tan campantes? Cristina Kirchner es quien hoy lleva la batuta, al margen del espacio de maniobra que todavía le queda a Alberto Fernández. En su momento, Néstor Kirchner desoyó tres acordadas de la Corte Suprema ordenándole reponer en su cargo al fiscal de Estado, Eduardo Sosa, que el gobernador de Santa Cruz, asesorado por Carlos Zannini, había despedido porque no estaba dispuesto a allanarse a sus prácticas corruptas. Por su lado, Pablo Moyano, uno de los hijos predilectos de la monarquía de los camioneros, logró en las últimas horas postergar por quinta vez consecutiva la indagatoria a la que cualquier ciudadano común y corriente no podría negarse so pena de terminar preso.

Los recién expuestos son sólo tres ejemplos paradigmáticos, de los muchos que cabría enumerar. Su importancia viene dada porque ponen de manifiesto que, en paralelo con la Constitución escrita, los códigos y las leyes, en la Argentina -y en otros países con instituciones devaluadas- vale más el poder crudo que la norma. Sería perder el tiempo analizar en forma contrapuesta lo fáctico y lo normativo en los Estados Unidos o en Suecia. Pero tiene todo el sentido del mundo hacerlo aquí.

Lo primero que debe entenderse es que el origen del problema no es jurídico sino estrictamente político. Cristina Fernández, acusada de ser la cabeza de una asociación ilícita, desea sacarse de encima a unos jueces que considera enemigos. Entiende que la impunidad que anhela para ella comienza con la remoción de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Ello explica la celeridad con que ha marchado el proceso. En tiempo récord el Consejo de la Magistratura dio el puntapié inicial, el Senado habilitó una sesión especial para tratar los pliegos, la Presidencia de la Nación obró un decreto en consonancia con lo dispuesto por el Senado unas horas después, y una jueza de primera instancia y la Cámara de Casación se expidieron en menos de lo que canta un gallo.

Conociendo los movimientos paquidérmicos de la Justicia criolla, parece asombroso. Sin embargo, las cosas cobran claridad si le hacemos caso al siempre lúcido Lasalle y miramos dónde anida el poder real. En el citado Consejo la mayoría está hoy subordinada al oficialismo. Balcarce 50 acepta a libro cerrado las instrucciones emanadas de la Señora; en la cámara alta del Congreso Nacional, el Frente de Todos hace según su voluntad y en la Casación no es novedad que Ana María Figueroa y Ángela Ledesma han defendido siempre los intereses del kirchnerismo. En cuanto a Mariano Borinsky, es de los que juegan al empate y por nada del mundo querría importunar a quienes mandan.

Velocistas de primer nivel, en apenas tres semanas los K han dejado sin despacho a sus tres enemigos y, a la par, han producido dos efectos de fundamental importancia: por un lado, le han hecho llegar a todos los jueces de la República una señal clara, mostrándoles los riesgos que corren en caso de sacar los pies del plato. Éstos -entre cuyas virtudes la valentía es una desconocida- deben haber tomado debida nota de la relación de fuerzas que rige en el país. Por el otro, han depositado en el umbral de la Corte Suprema un bombón envenenado. Con decisiones y fallos -desfavorables a los tres jueces en capilla- del presidente y vicepresidente de la Nación, del Consejo de la Magistratura, de jueces de primera instancia y de la Cámara de Casación, los cinco ministros enfrentan un brete de proporciones.

Si se atuviesen a las acordadas del año 2018 y pusieran un freno a la avanzada de Cristina Fernández, quedarían en solitario frente a la catarata de pronunciamientos en contra que han recibido Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Además, el kirchnerismo es consciente de las pujas internas que dividen a los integrantes del supremo tribunal de justicia y no deja de actuar, por líneas interiores, para que la grieta existente entre ellos se agigante. Si a ello se le suma el hecho de que -producto de la cuarentena- Ricardo Lorenzetti se halla en su domicilio, en la localidad de Rafaela; que Horacio Rosatti se encuentra en la ciudad de Santa Fe, de donde es oriundo; que Helena Highton no sale de su casa en la capital federal, y que solamente Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda -cuando no viaja a Córdoba- asisten regularmente al Palacio de Tribunales, el contexto en el que les tocará decidir tamaña cuestión no es el mejor, precisamente.

Ni bien la Cámara en lo Contencioso Administrativo -como es de suponer- rechace la pretensión de los jueces cuestionados, la Corte Suprema no tendrá más remedio que meterse de lleno en el asunto. Aun cuando cabía la posibilidad de que, mediante el recurso de per saltum, terciase en el diferendo antes de que se agotaran las otras instancias judiciales, por razones que sólo los cinco ministros saben, no lo hicieron.

La explicación que se ha echado a correr -sin mayor fundamento- de que no están dispuestos a interceder en los problemas que la política no ha querido o podido resolver, si fuese cierta sería una excusa pobre. Lo que está en juego es la violación de un derecho constitucional, nada más y nada menos. Por donde se mire, pues, y prescindiendo de considerar la hondura de sus riñas -que no es un dato menor- los miembros de la Corte tendrán que elegir uno de tres caminos posibles, que ahora se abren delante suyo. Todos tienen sus riesgos y una vez decidido el rumbo no habrá marcha atrás posible. La decisión que deberán tomar dejará a una parte del país político conforme y al otro, si no en pie de guerra, masticando odio y pensando en una futura venganza.

Primera alternativa: a través de algún malabarismo jurídico, desandan lo andado y dictaminan que los magistrados puestos en entredicho deben volver a los juzgados de los cuales salieron para integrar, en 2018, la Cámara de la cual acaban de ser desalojados. Ello importaría corregirse a sí mismos y demoler su credibilidad futura.

Es posible, aunque parece muy poco probable que actúen de semejante manera. Representaría un suicidio. Segunda alternativa: que se atengan a derecho y reafirmen las acordadas que generaron hace dos años, dejando expuesta la arbitrariedad del oficialismo y propinándole a su estrategia de control de la Justicia un revés de consideración.

Ello importaría comprarse un pleito mayúsculo con el kirchnerismo y estar dispuestos a hacerse obedecer si los Fernández optasen por emular la jugada de Néstor Kirchner en Santa Cruz. Tercera alternativa: que dejasen pasar el tiempo y en ese lapso le resultase posible, a la mayoría del Consejo de la Magistratura, reemplazar a los hoy despedidos por otros tantos jueces afines. Ya se está hablando de Alejo Ramos Padilla y de José Boico para ocupar los lugares de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. El peligro que correrían si ésta resultase su postura es que harían las veces de Poncio Pilatos. La incógnita quedará develada, según lo anunciado ayer por Carlos Rosenkrantz el martes que viene.

El poder del gobierno acredita, en comparación con el de la Corte, algunas ventajas significativas. Tiene un plan y actúa en la materia con una férrea unidad de mando. Sus objetivos son precisos y carece de reparos a la hora de poner en marcha la estrategia que ha delineado. Su contrincante, en cambio, luce más débil por las peleas internas que -desde antiguo- sostienen los cinco ministros que integran el cuerpo jurídico más importante de la Argentina. Pero en última instancia estos poseen, malgrado sus disputas, una bala de plata: si confirmasen la legitimidad de los traslados de 2018 y el Ejecutivo y Legislativo no les prestasen atención, el gobierno quedaría al borde de la ilegalidad, con las consecuencias que ello acarrearía dentro y fuera de nuestras fronteras. Después de todo la República Argentina tiene más entidad que la provincia de Santa Cruz, y el caso de su ex–fiscal de Estado -ejemplo de coraje y hombría de bien- en punto a su trascendencia institucional no admite parangón con el que hoy ocupa la atención del país.

Vicente Massot

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