Viernes, 12 Marzo 2021 12:00

El ataque al Poder Judicial y el Ministerio público - Por Jorge Enríquez y Luis Cevasco

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¿Por qué importa la reforma de la ley de Ministerio Público? ¿Por qué importa cómo se designa y cuánto dura en el cargo el Procurador General de la Nación?

Según la Constitución Nacional (art. 120), la defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad de carácter federal ante el Poder Judicial compete al Ministerio Público Fiscal. La conducción del Ministerio Público Fiscal está en manos del Procurador General de la Nación y, en consecuencia, su figura es relevante en materias como la acción contra la corrupción, el crimen organizado como el narcotráfico y la trata de personas, el terrorismo, el contrabando, la ley de marcas, etc.

En el federalismo argentino, la jurisdicción sobre los delitos comunes es competencia de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires (arts. 75 inc. 12 y 129 de la Constitución Nacional), por lo que no es función del Procurador General de la Nación diseñar la “política de persecución criminal” en general.

Pero, por la importante competencia antes mencionada, distinta a la de los procuradores provinciales, es necesario que su actuación esté libre de todo tipo de presiones y de compromisos con el sector político que incidió en su designación. Para eso la Constitución le asegura independencia funcional. Y si bien el texto constitucional no prevé la duración de su designación, es evidente que si esta fuera por períodos breves la independencia se vería afectada.

En lo que hace a los modos de designación y remoción, la nota de independencia funcional también aparece como determinante. Por su relevancia y por su ámbito de actuación, ante el Poder Judicial, es necesario que tenga el mismo modo de designación y remoción que los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En efecto, el Procurador General de la Nación es cabeza de un poder - así está concebido el Ministerio Público en la Constitución Nacional - vinculado a la defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad ante el Poder Judicial y está expresamente previsto que sea independiente de los otros poderes del Estado, dotado de inmunidades funcionales e intangibilidad de las remuneraciones.

Es fundamental que para el acuerdo al Procurador General de la Nación haya consenso entre las diversas fuerzas políticas, que solo se puede alcanzar mediante la previsión de una mayoría agravada. Y también se requieren tales mayorías para la acusación y destitución, a fin de que el juicio político no responda a intereses partidarios coyunturales y que la separación del cargo, de producirse, sea debidamente justificada.

Los criterios expuestos prevalecieron hasta hoy desde 1998, cuando se dictó la primera ley de Ministerio Público tras la reforma constitucional de 1994, y la pretensión del actual oficialismo de disminuir las mayorías necesarias para la designación del Procurador General de la Nación, limitar su duración en el cargo, someter al órgano a un estricto control parlamentario en temas de gestión y la modificación del tribunal de enjuiciamiento de sus magistrados, demuestra claramente que se intenta eliminar su independencia funcional para someterlo a las coyunturas políticas y lograr la impunidad de funcionarios sometidos a proceso por corrupción.

Tales pretensiones son, además, violatorias de múltiples compromisos asumidos por la República Argentina en materias como la lucha contra la corrupción, la trata de personas, el terrorismo y el narcotráfico, porque son claramente regresivas respecto de la independencia de los fiscales.

En ese sentido se expidió, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo “Martínez Esquivia vs. Colombia”, donde dijo: “… las autoridades a cargo de la investigación deben gozar de independencia, de jure y de facto, lo que requiere “no solo independencia jerárquica o institucional, sino también independencia real” … A partir de lo indicado, la Corte considera que las garantías a un adecuado proceso de nombramiento, a la inamovilidad en el cargo y a ser protegidos contra presiones externas también amparan la labor de los y las fiscales. De otro modo, se pondrían en riesgo la independencia y la objetividad que son exigibles en su función … la falta de garantía de inamovilidad de las y los fiscales, al hacerlos vulnerables frente a represalias por las decisiones que asuman, conlleva la violación a la independencia que garantiza … el art. 8.1 de la Convención”.

En las últimas horas se ha intensificado el embate oficialista contra los jueces y fiscales independientes. El bochornoso discurso del Presidente al abrir las sesiones ordinarias del Congreso, en el que actuó como dirigente (ni siquiera líder) de una facción, y no como el primer magistrado de todos los argentinos, debe encender todas las alarmas.

La burda pretensión de que el Congreso controle al Poder Judicial exhibe la más supina ignorancia acerca del esquema de frenos y contrapesos establecido por la Constitución Nacional.

En efecto, el único control que puede realizar el Congreso se refiere a los jueces de la Corte Suprema, a través del juicio político. Este mecanismo fue suprimido para el resto de los jueces desde la reforma constitucional de 1994, que atribuyó esa competencia al Consejo de la Magistratura (acusación) y el Jurado de Enjuiciamiento (juicio).

Por lo demás, el Senado interviene en los acuerdos de los pliegos de jueces remitidos por el Poder Ejecutivo, pero solo lo hace a los efectos de su designación. Una vez designados, el Congreso no está facultado para controlarlos. El profesor Fernández no puede ignorarlo. Por lo menos Parrilli, al proponer esa absurda comisión bicameral, cumple su función de perrito faldero y no simula ser un catedrático.

Ha sido también vergonzoso el ataque del presidente al fiscal Stornelli, a quien el kirchnerismo persigue por su valerosa actuación en la llamada causa de los cuadernos. Le han fabricado procesos fantasiosos para sacarlo de la cancha. Pero las pruebas acumuladas en esa causa son abrumadoras. Ya no se puede tapar el cielo con las manos.

Las invectivas de Fernández, impropias de un presidente, solo dan cuenta de su debilidad. Ha demostrado que carece de escrúpulos, lo que lo hace acreedor a la Medalla de la Lealtad Kirchnerista.

Es comprensible que, para gran parte de la sociedad, abrumada por sus problemas cotidianos, estas puedan ser cuestiones técnicas que no le despiertan mayor interés. Pero es nuestro deber como dirigentes llamar la atención sobre los peligros que encierran estos proyectos.

No se trata de disquisiciones de abogados. La pérdida de independencia del Procurador General, al igual que la de los jueces, significaría en los hechos algo más grave que una reforma constitucional ordinaria: se traduciría en un cambio de régimen que socavaría el sistema republicano y abriría las puertas no solo de la impunidad, sino del autoritarismo. Sin República no habrá libertad, derechos, progreso ni convivencia pacífica. Estamos a tiempo de reaccionar.

Jorge R. Enríquez 
Diputado Nacional (Juntos por el Cambio- PRO, CABA)
Luis Cevasco
Ex Fiscal General de la CABA

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