Martes, 13 Abril 2021 12:59

“Toque de queda”: un decreto inconstitucional - Por Jorge Enríquez

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El presidente de la Nación dictó un nuevo decreto de necesidad y urgencia (DNU) que, con la justificación de enfrentar a la segunda ola de la pandemia de coronavirus, establece una serie de restricciones a los derechos de circulación y de reunión, entre otros.

Lo primero que llama la atención es la vía elegida para adoptar esas medidas. El artículo 14 establece que los derechos que enumera (y lo mismo cabe decir de los mencionados en otros artículos) se otorgan a los habitantes “conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio”.

De ahí que se interprete que los derechos no son absolutos y admiten ciertas limitaciones en tanto estas sean razonables y no los cercenen en forma sustancial (art. 28, CN). Tales restricciones pueden ser más intensas durante situaciones de emergencia, pero aún en esos casos deben estar sujetas a criterios de razonabilidad.

Cuando la Constitución habla de “leyes” que pueden reglamentar el ejercicio de los derechos, usa esa expresión en su acepción más estricta. Son leyes en sentido formal, es decir, normas generales emanadas del Congreso Nacional.

Los DNU son actos del Poder Ejecutivo que regulan una materia propia del Congreso. La reforma constitucional de 1994 los incorporó al texto constitucional no con el propósito de concederle al presidente a su solo criterio la facultad de legislar, sino para limitar una práctica que ya existía y que el gobierno de Carlos Menem, con el aval de la Corte Suprema, había llevado a un notorio abuso. Por eso, el artículo 99, inc. 3° establece como regla general una prohibición: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo”.

Es cierto que luego admite algunas excepciones, pero con una redacción muy restrictiva: “Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes (…) podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia (…)”.

Es esta última frase la que cita en uno de los considerandos del reciente DNU como fundamento de la adopción de la que podríamos llamar vía rápida, la que excluye al Congreso. Pero no explica el motivo por el cual es imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes. ¿Y por qué sería imposible?

El Congreso está en período de sesiones ordinarias. Inclusive si estuviera en receso esa sola circunstancia no justifica el dictado de DNU, porque el presidente puede convocarlo a sesiones extraordinarias. Y asimismo se encuentra de hecho trabajando y puede hacerlo, si hay voluntad política, con bastante celeridad. Hace muy poco en la Cámara de Diputados sesionamos durante un fin de semana para sancionar una modificación a la ley de impuesto a las ganancias.

En el inicio de la pandemia se pudo entender el dictado de algunos de estos decretos cuando en forma abrupta, y ante el temor generalizado que provocó la llegada del virus a la Argentina mientas en Europa y Estados Unidos se veían escenas dramáticas, se clausuraron todas las actividades y se dio paso a un encierro muy severo. Pero tiempo más tarde el Congreso volvió a sesionar en forma remota, presencial o mixta.

No hay, entonces, ninguna razón válida para que siga siendo soslayado con relación a las medidas que se tomen y mucho menos cuando estas afecten derechos de raigambre constitucional. El constitucionalismo nació como una respuesta a las monarquías absolutas. Que el poder legislativo esté concentrado en una persona no es admisible ni siquiera en una emergencia sanitaria. En todo caso, el Congreso podría delegar algunos aspectos en el Poder Ejecutivo, conforme al artículo 76, CN, pero no estamos ahora ni siquiera en presencia de una ley de delegación: el presidente, por sí y ante sí, decide desde hace más de un año que en materia de pandemia solo él puede legislar.

En consecuencia, este decreto es manifiestamente inconstitucional. Y el Poder Ejecutivo quiere que se reproduzca esa inconstitucionalidad en las provincias. En efecto, el decreto delega en los “gobernadores”, “gobernadoras” y el “Jefe de Gobierno” de la Ciudad de Buenos Aires el dictado de medidas complementarias. Es decir, pasa por alto a las legislaturas provinciales, como si en las provincias la única autoridad política fueran los titulares del Poder Ejecutivo. Párrafo aparte merece una delegación que parece indicar que los gobernadores son funcionarios subordinados al presidente de la Nación, en un ejercicio de unitarismo que parece no despertar mayores reacciones. Gran parte de la sociedad y de la dirigencia política ha naturalizado el absolutismo y el centralismo.

De todas formas, el propio autor del decreto relativizó su obra, horas antes de que se publicara. En alguna entrevista de esas que suele conceder a medios amigos, en las que habla como si estuviera en un café, sostuvo, respecto de la prohibición de circular entre las 0 y las 6: “Una persona que está a las 12.15 de la noche yendo de un lugar a su casa no va a tener problemas. Ahora, una persona que está circulando a las 2 de la mañana va a tener que explicarlo». ¿A qué debemos atenernos los ciudadanos? ¿Al decreto de Fernández o a la interpretación de él que hace el propio Fernández?

No es con un Estado policial como la Argentina va a superar esta crisis sanitaria, sino con una gestión eficaz, opuesta a la que lleva adelante (o, mejor dicho, atrás) el gobierno nacional. Se necesitan muchas más vacunas y testeos, así como campañas idóneas que concienticen a la población acerca de los cuidados que debe mantener. Ya no hay margen para más encierros absurdos, que a esta altura solo podrían ser garantizados con acciones represivas de un tenor incompatible con nuestros valores democráticos.

Tampoco es tolerable que el presidente, cada vez más confundido e irritado, rete a la sociedad, como si fuera la culpable de la difusión del coronavirus. Que lo haga quien se contagió por no respetar ninguno de los cuidados que exige a los demás, siendo un privilegiado al que ya le aplicaron las dos dosis de la vacuna, solo agrega un ribete grotesco a un escenario cargado de incertidumbres. Ante este brote autoritario del Poder Ejecutivo, es hora de que intervengan los otros dos grandes actores de la República: el Congreso y el Poder Judicial.

Jorge R. Enríquez
Diputado nacional (Juntos x el Cambio/PRO)

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