Como réplica, el Banco Central demandó a la Ciudad de Buenos Aires. Porque el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta dispuso gravar las letras de liquidez. Las Leliq, esos títulos que el Central utiliza para regular la emisión (y que el Presidente había prometido convertir en aumentos para los jubilados). Un juicio que podría haberse evitado en los despachos donde se acuerda la política monetaria.
Mientras estos expedientes seguían su curso, la Corte también tuvo que intervenir para que la provincia de Formosa permitiera el ingreso de las personas varadas por la pandemia de coronavirus. Los ciudadanos afectados se vieron forzados a llegar hasta la Corte para lograr que se garanticen sus derechos. Una demanda que puso en evidencia las deficiencias de gestión política en las áreas ejecutivas de Interior y Derechos Humanos.
Amnistía Internacional reclamó luego por que el gobernador formoseño Gildo Insfrán incumplió ese fallo. Sólo un tercio de las personas varadas lograron ingresar a Formosa dentro del plazo dispuesto por la Corte Suprema.
Con la segunda ola de contagios, llegó también un rebrote de planteos. El Estado nacional y la Ciudad de Buenos Aires volvieron a cruzarse. La cepa nueva de las viejas diferencias se mostró más compleja: una mezcla letal de política sanitaria y educativa, en torno de la apertura o cierre de las escuelas. Y envuelta en un formato jurídico también más insidioso: discusiones de derecho procesal, mixturados con reclamos de inconstitucionalidad.
Gustavo Arballo, abogado, funcionario judicial y divulgador activo de los debates jurídicos –que no son pocos en el país–escribió que en esta última controversia entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires coexisten por lo menos cuatro temas jurídicos.
Hay una cuestión procesal: qué jueces pueden y deben entender en esa disputa y con qué alcances. Hay también una discusión sobre la división de poderes “horizontal”: hasta dónde puede colegislar el Ejecutivo con un decreto de necesidad y urgencia. Hay además una disputa sobre la división “vertical” de competencias que presume la organización federal (Nación, provincias, municipios y una ciudad autónoma). Y hay una controversia de fondo sobre la razonabilidad de las medidas sanitarias y educativas involucradas en la actividad escolar.
Como telón de fondo, emerge –además, y por vez primera con marcada nitidez– esa realidad social y política llamada genéricamente Área Metropolitana de Buenos Aires. Considerada casi como si fuese todo un país aparte. Para mayor complicación: con un gobierno opositor de un lado de la avenida General Paz y uno oficialista del otro. AMBA, si tanto te han herido... Los dos lóbulos de la macrocefalia argentina, en disputa apenas larvada por el manejo futuro de todo el territorio nacional.
Los observadores más optimistas creen que este nuevo litigio se resolverá por reducción al absurdo, cuando este viernes caduque el decreto presidencial de restricciones que encendió la polémica. Otros recuerdan que ya en ocasiones anteriores otros de esos sismos jurídicos que suelen sacudir a la Corte se terminaron acomodando con el paso del tiempo: el rebalanceo telefónico en 1998, las objeciones a la Ley de Medios en 2010, la reforma del Consejo de la Magistratura en 2013 o los aumentos tarifarios de los servicios públicos en 2016.
Los menos optimistas señalan que, por lo general, en un litigio alguien gana y alguien pierde. El discurso del fallo salomónico suele convenirle a las partes y también al árbitro. Pero las consecuencias reales son cicatrices que quedan.
El Gobierno nacional parece dispuesto a desdoblar su discurso hasta el infinito para justificar la judicialización extrema de las controversias políticas. Como tiene a la Corte Suprema en la mira para su narración conspirativa del lawfare, no deja de convenirle que la mesa de entradas de tribunales se congestione con cuanto diferendo desborde las mesas de diálogo político.
En su lógica de razonamiento: como nada funciona bien en el Poder Judicial, cada nueva complicación que se le pueda añadir suma ejemplos para el relato oficial. Si los jueces no fallan a favor, es porque conspiran en contra. Y si lo hacen, es prueba de que el Gobierno comienza a ser eficiente en su desmontaje del lawfare. Un auténtico sofisma de amplio espectro.
Edgardo Moreno
