Miércoles, 23 Junio 2021 12:48

La patria subsidiada no da para más - Por Daniel Montamat

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Los subsidios energéticos totales en 2020 sumaron 6607 millones de dólares y para este año se estiman en 9500 millones de dólares.

 

Según datos del Informe Carta Energética las distribuidoras eléctricas pagan por la energía que compran (precio mayorista) un promedio de 25 dólares el megavatio hora, cuando en el 2018 pagaban un promedio de 46 USD/MWh.

 

El precio mayorista de la electricidad aproximado por el costo promedio total de generar electrones (costo monómico en el mercado eléctrico mayorista) está en 60,5 USD/MWh, pero crecerá en estos meses de invierno por el mayor consumo de combustibles líquidos. La diferencia entre lo que pagan las distribuidoras por la electricidad y los costos de producirla es un subsidio con impacto presupuestario.

La demanda eléctrica alcanzada por el subsidio va a pagar sólo el 30 % del costo de generar electrones. Estos subsidios generalizados benefician sobre todo al usuario residencial. A su vez en las distintas provincias hay usuarios residenciales alcanzados por otros subsidios focalizados a través de la tarifa social (4 millones en todo el país).

A no confundir, los aumentos tarifarios que se han dado y que en el orden nacional fueron del 11% en promedio e involucran a las empresas Edenor y Edesur, alcanzan sólo al segmento de distribución eléctrica, y no al precio de la electricidad mayorista que se fija estacionalmente y es uniforme para todas las jurisdicciones del país.

La provincia de Buenos Aires sólo autorizó a sus distribuidoras un aumento de tarifas del 5%, pero el resto de las jurisdicciones provinciales aumentaron sus tarifas en un promedio que ronda el 29% hasta mayo del corriente. Los distintos ajustes en los valores agregados de distribución van a aumentar la dispersión de las tarifas finales en las distintas provincias aunque la electricidad mayorista tenga el mismo precio para todas.

El universo de usuarios del gas natural por redes es menor que el alcanzado por las redes eléctricas (8.5 millones contra 13), pero también, una parte importante de la provisión del gas natural destinada a usuarios residenciales y pequeños comercios se encuentra alcanzado por un subsidio generalizado que cubre alrededor del 60% del precio.

El precio del gas (promedio ponderado de fuentes domésticas, Bolivia y GNL) es en la actualidad de 3.91 dólares el millón de BTU y la demanda subsidiada paga 1.57 (el presupuesto financia la diferencia). Pero en gas como en la electricidad, además del subsidio generalizado, hay usuarios alcanzados por una tarifa social (alrededor de 1 millón).

El ENARGAS, con jurisdicción nacional, convalidó para la tarifa residencial (y otros usuarios de menor consumo) un aumento promedio del orden del 20% del margen de distribución, que en la tarifa final repercute en una suba menor a un dígito. Como en el caso de la electricidad, estos aumentos no afectan el precio del gas natural como componente de la tarifa.

Con este esquema de precios del insumo, aumentos que no recuperan la inflación en el margen de distribución, y subsidios concentrados mayormente en los costos de la electricidad y el gas, los subsidios energéticos totales que el 2020 sumaron 6607 millones de dólares este año crecerían según estimaciones a 9500 millones de dólares.

En este contexto el Congreso va a transformar en ley el “Proyecto para reducir Tarifas en Zonas Frías”. Un nuevo subsidio mediante la aplicación de tarifas diferenciales a otras “zonas frías” del país. La propuesta amplía el subsidio cruzado que venía del 2002 e involucraba a usuarios residenciales y comerciales de Patagonia, Malargüe y la Puna, a unos cuatro millones de usuarios localizados en 14 provincias, entre las que se destacan Córdoba, áreas de la Provincia de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, San Juan, San Luis, Mendoza y Salta.

El subsidio prevé una disminución del orden de entre el 50 y el 30% en los costos de las facturas. Como el financiamiento del subsidio proviene de un Fondo Fiduciario que se nutre con un cargo en la factura de gas que afronta el resto de los usuarios, se alega que no habrá impacto directo sobre las cuentas públicas.

El fondo demandará casi 13.000 millones de pesos más que lo presupuestado originalmente. Para financiarlo habrá un aumento del cargo en las facturas que pagarán PYMES, Industrias, GNC, usinas térmicas y otros usuarios. Como consecuencia va a volver a subir el costo de la electricidad mayorista y allí sí puede aumentar el subsidio directo con impacto presupuestario.

El subsidio va a generar numerosas distorsiones en la asignación de recursos además de inequidades distributivas, pero hay un tema de fondo que se ha ignorado: el precedente puede inaugurar un festival de demandas por otros subsidios cruzados que pueden terminar reduciendo al absurdo los derechos adquiridos con el nuevo régimen.

Con los mismos argumentos que se esgrimieron para aprobar esta ley, los santiagueños, chaqueños, formoseños y demás habitantes de las zonas subtropicales que sufren el calor en verano tienen derecho a reclamarle a los habitantes de las zonas frías que le subsidien la electricidad mayorista en los meses de verano para que ellos puedan mejorar la ventilación y el acondicionamiento del aire. Y los que viven en regiones secas para que los habitantes de las regiones húmedas le subsidien la factura de agua, Y los de las zonas inundables...

La patria subsidiada no da para más. Lo deben entender oficialismo y oposición cruzados transversalmente por el populismo energético y la especulación electoral cortoplacista.

Daniel Montamat

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