Miércoles, 08 Septiembre 2021 10:34

Juicio político, mentiras y video - Por Jorge Enríquez

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La esencia del Estado de Derecho consiste en que los gobernantes se sometan a las reglas que ellos mismos crean

 

La acelerada descomposición de la autoridad presidencial es un hecho notorio en las últimas semanas. El de Fernández es un gobierno que careció de rumbo desde el inicio, en parte por su propia incompetencia y en parte por el extravagante diseño de su administración, paralizada por la tensión entre funcionarios que responden a distintos líderes. 

Esa constante mala praxis se suma al descrédito que produce en la sociedad un gobierno que se contradice a cada paso, que disfruta de privilegios como el vacunatorio VIP y que ha sido incapaz de proveer eficazmente de vacunas a la población, sumido en prejuicios ideológicos y en las limitaciones del capitalismo de amigos.

En ese marco, la difusión de la foto (y, días después, del video) del festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos en julio del año pasado ha puesto a la presidencia de Alberto Fernández en un brete de muy difícil salida. El kirchnerismo, campeón de la corrupción en la Argentina, tiene en su historia, por cierto, hechos de mucha mayor gravedad, pero en este caso se entiende a la perfección la verdad de la vieja frase: “Una imagen vale más que mil palabras”. La imagen es concluyente. Luego de unas primeras horas en las que voceros oficiosos de Fernández pretendieron hacer creer que eran trucadas, el Presidente no tuvo más remedio que reconocer lo sucedido.

Lo hizo a su manera. Primero le echó la culpa a su pareja; al día siguiente, al advertir la pésima repercusión social de esa canallada, admitió su propia responsabilidad. Pero no se trata de un “error” ni un “desliz”: es un delito lo que fue fotografiado y filmado. Un delito menor, pero gravísimo en el Presidente de la Nación, que debía dar el ejemplo de respetar más que nadie las normas que él mismo había dictado y que invocaba, con el dedo levantado y el gesto altanero, para amenazar a sus compatriotas.

Ese bochornoso espectáculo terminó de minar su autoridad. Los actos partidarios que compartió con Cristina Kirchner no fueron más que la puesta en escena de esa debacle. En uno de ellos, le ordenó con tono maternal que pusiera orden (¿en su gobierno? ¿en su casa?); en otro, le arrebató el micrófono para decir un galimatías que expuso como quien señala una genialidad. Fernández, que no debe haber entendido nada de esa parrafada carente de todo sentido, la aplaudió: “Es exactamente así”. Pero importaban poco las palabras. Otra vez, era la imagen el elemento fundamental: un presidente al que le arrebatan el micrófono, es decir, su propia voz.

He solicitado, junto a otros diputados de Juntos por el Cambio, el juicio político del presidente por comisión de delitos y por mal desempeño. Hay quienes, en nuestra coalición, entienden que no es oportuno hacerlo, porque de prosperar provocaría un daño mayor, el regreso a la presidencia de Cristina Kirchner. A eso cabe responder: 1) Frente a una violación tan grave de la ley y a tantos otros episodios que justifican el juicio político, nuestro deber es hacer lo que corresponde, sin especulaciones de ninguna otra naturaleza; 2) ¿Qué más hace falta para que comprendan que Cristina Kirchner ya gobierna?

El juicio político es un mecanismo de control político a cargo del Congreso. Es cierto que debe ser usado solo excepcionalmente, porque, a diferencia de lo que ocurre con las mociones de censura en el parlamentarismo, aquí el Poder Ejecutivo no surge del Parlamento, sino de elecciones que le confieren una legitimidad de origen propia. Por eso la Constitución prevé causas determinadas y mayorías especiales. Pero, si estas se verifican, no hay que temer al uso de esa herramienta constitucional. Es probable, por las mayorías exigidas, que no tenga éxito, pero quienes lo promovemos estamos cumpliendo con un deber institucional y moral.

Una vuelta de tuerca tan interesante como patética se da con el argumento de defensa que emplearían algunos imputados en el Olivosgate: la inconstitucionalidad del DNU que integró la ley penal en blanco ya existente en el Código Penal mediante la prohibición, entre otras actividades, de reuniones sociales. El colmo de la desfachatez sería que el ciudadano Alberto Fernández adujera que el decreto del presidente Alberto Fernández es inconstitucional. La esencia del Estado de Derecho consiste en que los gobernantes se someten a las reglas que ellos mismos crean. Cuesta imaginar cómo el prestigio del presidente puede caer más abajo, pero él siempre sabe sorprendernos.

Jorge Enríquez
Diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires

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