Viernes, 08 Octubre 2021 10:23

Colapso y reemplazo de un sistema de poder - Por Jorge Raventos

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Las elecciones primarias ocurridas hace menos de un mes consumaron el desmantelamiento del sistema de poder establecido a fines de 2019. El sistema de poder vigente desde diciembre de 2018 se había ido deteriorando (en buena medida por su propia naturaleza) y las urnas provocaron su colapso. Desde aquella elección de dos años atrás, el oficialismo ha sufrido un retroceso monumental: en 2019 triunfó en 19 provincias, el 12 de septiembre apenas lo hizo en seis.

 

De una a otra elección su performance cayó 16 puntos porcentuales, que esconden derrotas en provincias en las que el peronismo siempre ha sido la fuerza dominante, como Chaco, La Pampa o Santa Cruz, en importantes provincias de la zona centro como Entre Ríos, Santa Fé. En cuanto a “la madre de todas las batallas, la provincia de Buenos Aires se pintó casi totalmente de amarillo a lo que se sumó un fatal decaimiento en el núcleo duro del conurbano donde el oficialismo, si bien ganó en conjunto en las dos grandes secciones electorales, lo hizo por diferencias pequeñas allí donde solía arrasar y con derrotas en algunos puntos que actualmente gobierna (caso de Quilmes). 

Semejante cataclismo tiene consecuencias. El dispositivo colapsado debía ser archivado y ese proceso ya se ha puesto en marcha. Los cambios van necesariamente más allá de una adecuación cosmética.

Las órdenes del rey de El Principito

El símbolo principal de este movimiento de revitalización es la figura del gobernador de Tucumán, Juan Manzur, catapultado a la jefatura de gabinete, desde la cual actúa mucho más como un premier que como un “ministro coordinador”. Su activismo dota de sustancia a un Poder Ejecutivo que parecía

languidecer desde el vértice.

Otro símbolo de magnitud es la presencia del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, en la jefatura de gabinete del gobierno bonaerense. La presencia protagónica de Insaurralde (y a través de él, de las jefaturas territoriales, principalmente del conurbano) en el gobierno de Axel Kicillof evidencia rotundamente que estamos ante una configuración nueva.

La idea de que las presencias de Manzur en la jefatura de gabinete nacional y de Insaurralde en el gabinete de Kicillof son imposiciones de la señora de Kirchner, sólo es razonable si se entiende la “imposición” en el mismo sentido que la orden de que se ponga el sol impartida a la hora del ocaso por el rey de El Principito: “Será hacia las siete cuarenta. Ya verás cómo se me obedece.” Mandar que suceda lo que de todos modos ocurrirá es, si se quiere, un signo de mayor lucidez que empeñarse en lo contrario.

Lo que se ve en los hechos es que con la reformulación en marcha comienza a definirse un cambio de rumbo y empiezan a emerger proyectos que estaban taponados por el dispositivo de poder que colapsó con la derrota en las primarias.

Así, el nuevo ministro de Agricultura, Julián Domínguez, restableció rápidamente el diálogo con las entidades del campo, adoptó medidas para abrir el cepo a las exportaciones de carne y presentó solemnemente (con la presencia testimonial del Presidente y la vice) el proyecto de promoción agroindustrial elaborado durante meses por el Consejo Empresario Agroindustrial.

Luz verde al cambio de rumbo

Ese conjunto de señales indica que el gobierno, bajo la intervención de los líderes territoriales, los gremios y los movimientos sociales, sepulta los criterios de enfrentamiento con el sector económicamente competitivo más importante, sintetizados en el dictamen de la diputada K Fernanda Vallejos que definía como “una maldición” la capacidad argentina de producir eficientemente y exportar alimentos.

En lugar de ese disparate, instala centralmente una alianza con el sector agroindustrial, clave para resolver uno de los dilemas del país: crecer industrialmente exige obtener suficientes divisas en base a las exportaciones, que principalmente están originadas en el complejo agroalimentario.

En paralelo -y complementariamente- la CGT es convocada a la Casa de Gobierno por el jefe de gabinete y allí sostiene la necesidad de formular políticas de acuerdo para la gobernabilidad.

En la atmósfera previa, los diálogos y consensos que el sindicalismo trabajaba con las entidades empresariales (AEA, G6) recibían ácidos cuestionamientos desde el sector hegemónico del dispositivo que colapsó en las elecciones del 12 de septiembre.

Con la reformulación del gobierno, esas propuestas cuentan ahora con oídos receptivos y una actitud dispuesta a impulsarlas. Hay luz verde para esos trabajos que seguramente encontrarán el clima adecuado para evidenciar sus frutos pasada la línea hasta la que naturalmente reina la competencia electoral. Esa instancia se atraviesa el 14 de noviembre.

Las nuevas circunstancias abren el horizonte para iniciativas que se venían elaborando en segundo plano y que ahora encuentran condiciones propicias. Por caso, las coincidencias elaboradas entre el reconocido empresario agroindustrial Gustavo Grobocopatel, el dirigente del Movimiento Evita Fernando Chino Navarro, que es secretario de Relaciones Políticas de la Presidencia, y Enrique Palmeyro, director de Scholas Ocurrentes, una entidad impulsada por el Papa Francisco.

El documento común que titularon Una Argentina Armónica, ya destacado oportunamente en esta columna, considera que es "posible una cultura del encuentro” y formula un verdadero programa de trabajo para el desarrollo de la agricultura familiar y la agroindustria. "Con el crecimiento de la agricultura, su transformación en productos industriales y las economías regionales, el PBI podría incrementarse un 100% en 10 años generando masiva creación de trabajo en el ecosistema con una regulación inteligente".

Acuerdo, armonía, producción, empleo, productividad. Esos valores se encuentran a gusto en la lógica doctrinaria del peronismo. Inclusive bajo el sistema de gobierno desbaratado por la derrota en las PASO ya eran muchos los justicialistas que consideraban que su movimiento debía recuperar el pensamiento estratégico de Perón y alejarse de estériles ideologías confrontativas para volver a priorizar la unión nacional. El impacto de la elección constituyó un argumento poderosamente convincente.

El cambio de rumbo ya está en marcha. Lo que está a la vista es una nueva formulación del gobierno. La prueba fundamental que debe superar no es principalmente revertir en estas semanas que restan hasta la elección general el resultado de las PASO (un objetivo que de todos modos, indudablemente se intentará), sino una que va más allá: el peronismo en el gobierno debe atravesar los dos últimos años de este período y producir cambios sustanciales en la Argentina si es que aspira a reencontrar la victoria en 2023. Más allá de los resultados del 14 de noviembre (aunque esos resultados no serán indiferentes), para el peronismo y para la gobernabilidad del país el 15 de noviembre se inaugura formalmente una nueva etapa...que ya está en marcha.

Nueva oportunidad

El país cuenta hoy con una nueva oportunidad histórica: la reactivación económica mundial post pandemia y, sobre todo, el sostenido crecimiento del consumo en China, que asegura demanda sostenida y buenos precios para nuestros alimentos, constituyen un piso sólido; el financiamiento barato está a mano si el país encara las reformas indispensables y cierra adecuadamente el acuerdo con el FMI.

En términos políticos esto requiere coincidencias duraderas alrededor de un proyecto compartido para generar la confianza necesaria, tanto en el plano

doméstico como en el escenario mundial. Un proyecto compartido no implica abolir divergencias, sino apoyarlas sobre un programa de coincidencias básicas y acotarlas con reglas de juego compartidas y respetadas.

Toda estrategia económica exige una sólida apoyatura política. En los últimos tiempos se ha descripto esa apoyatura como “coalición popular exportadora”, una fórmula que resume la necesaria convergencia entre los sectores populares (representados históricamente por el peronismo y expresados a través de las organizaciones sindicales y los movimientos sociales) y los sectores productivos tecnológicamente más avanzados y competitivos de la economía. La dimensión de la crisis que atraviesa la Argentina requiere avanzar urgentemente en ese rumbo y extender al máximo la apoyatura, convocando a las clases medias, a los emprendedores, a los sectores políticos dispuestos a liberarse de la corrosiva lógica de la grieta.

Coalición popular exportadora

El peronismo, enfrentado a la crisis y golpeado por el cataclismo electoral, comprende que no puede permanecer sin reacción ante el drama de la pobreza y la marginalidad social que crece sin cesar y afecta a millones de compatriotas; ni puede limitarse a repetir la ya agotada fórmula asistencialista que acompañó ese proceso creciente de empobrecimiento, sólo mitigando algunos de sus efectos.

Hace años que Agustín Salvia, desde el Observatorio de la deuda social de la Universidad Católica insiste en que “si solo nos dedicamos a transferir ingresos y generar empleos baratos para los pobres y nos cerramos al mundo, no crecemos”. Ya se observa un consenso amplio sobre la necesidad de pasar de los planes al empleo sustentable. Al empleo privado.

El dispositivo en marcha de reconstrucción del gobierno buscará recuperar las bases de la justicia social y la movilidad social ascendente que fueron emblemas del peronismo impulsando una política económica y una política exterior que promuevan la inversión genuina, estimulen (y, en principio, no castiguen) las producciones competitivas del país, amplíen la capacidad exportadora, promuevan el aumento de la productividad y recuperen la capacidad de financiamiento externo. La prioridad otorgada al plan del Consejo Agroindustrial es un decisivo primer paso: se necesita que el Congreso apruebe ese proyecto y se pase a implementarlo.

Esa búsqueda impone, también prioritariamente, poner en marcha activamente respuestas eficaces a las necesidades elementales del conurbano. Una de ellas - la regularización de los títulos de propiedad de las viviendas en los más de 4.000 asentamientos y villas de emergencias en que viven millones de compatriotas- ya cuenta con una ley que fue sancionada por unanimidad en 2018 y que aún no ha sido implementada.

A esa tarea urgente hay que sumar la necesidad de volcar sobre esos territorios obra pública, servicios educativos y de salud. Coalición popular exportadora: su nombre indica las dos piernas sobre las que el país puede apoyarse para superar la crisis económica y la crisis de gobernabilidad.

Jorge Raventos

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