Viernes, 29 Octubre 2021 12:07

Los tonos de la política y los tiempos del Fondo - Por Jorge Raventos

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A partir del 15 de noviembre, ya atravesada la encrucijada cruel del cuarto oscuro (se verá con qué saldo), el Gobierno deberá afrontar un desafío más exigente, que por el momento se ve postergado por la necesidad de contener (o al menos disimular) las diferencias internas hasta el comicio. A partir de aquel día tendrá que zanjar de manera inequívoca el rumbo inmediato de la administración, lo que no necesariamente equivale a disipar todas las ambigüedades, pero sí a comenzar a definir un liderazgo y una política, tras la crisis con la que las primarias de septiembre castigaron al sistema de poder hasta allí vigente.

 

La derrota en las PASO empujó a asumir protagonismo a los llamados poderes territoriales, al movimiento obrero y a los movimientos sociales pero, aunque comenzó a insinuarse un cambio (viaje de Juan Manzur a Estados Unidos e insistencia en que se cerrará el acuerdo con el FMI, conversaciones de Gustavo Beliz con la administración Biden; acto autónomo de la CGT con consignas que apuntan a reclamar acuerdo nacional y una política de producción y trabajo, de empleo genuino en lugar de planes; levantamiento del cepo a la exportación de carne, entre otras señales), todavía no hay una formulación categórica que exprese esos cambios. 

Una ventana de oportunidad

El tema crucial, el gran separador de aguas, se llama acuerdo con el FMI. El país tiene apenas unas semanas después del 15 de noviembre para tomar la largamente pospuesta decisión. A partir de abril, el año 2022 incluye vencimientos por más de 19.000 millones de dólares. Y 2023 tiene una exigencia del mismo monto. Pero antes de abril -en marzo- hay un vencimiento por 3.590 millones de dólares. Los compromisos son impagables sin acordar con el Fondo una reprogramación: la falta de acceso del país a financiación en los mercados internacionales determina esa imposibilidad.

En los últimos días desde el Gobierno y desde el ala cristinista del oficialismo se han exteriorizado posturas que parecen rechazar, más que el acuerdo en sí mismo, las condicionalidades que previsiblemente impondría el Fondo. Debe, sin embargo tomarse en cuenta que aún se transita la campaña y que el discurso puede ser más un producto para consumo del público propio que una toma de posición duradera.

Es difícil pensar que Fernández conversará con Kristalina Georgieva en Roma usando el tono y las consignas que empleó en el reciente homenaje a Néstor Kirchner. Y hasta quienes le diagnostican a la señora de Kirchner la enfermedad del ideologismo admiten que ella sabe retroceder cuando comprende que el horno no está para bollos. Lo cierto es que sin acuerdo con el Fondo -cuanto antes mejor, no después del primer trimestre del año próximo- el país pasaría a convertirse decididamente en paria internacional, como dictaminó esta semana el prestigioso analista Ricardo Arriazu.

Afortunadamente, por detrás del escenario electoral, se puede detectar una convergencia de fuerzas que -cada una desde su perspectiva, aunque algunas de ellas interrelacionadas- trabajan para evitar que la Argentina se interne por ese camino de aislamiento y decadencia. Es plausible pensar que esa composición de factores contribuirá a que, a partir del 15 de noviembre, en la coalición oficialista prevalezca la influencia de los sectores más racionales y empiecen a perfilarse con claridad un nuevo liderazgo y un programa adecuado a las circunstancias. Es decir, en condiciones de garantizar gobernabilidad y crecimiento durante los dos años que restan del actual gobierno.

La "indolatría" y la integridad nacional

Las erráticas decisiones adoptadas en relación con "la cuestión mapuche" han incorporado una nueva vulnerabilidad al país y constituyen, de paso, nuevos flancos electorales que se abre el Gobierno.

La reticencia de la Casa Rosada a ofrecer el apoyo de seguridad solicitado por la provincia de Río Negro frente a los desbordes de los grupos que alegan el irredentismo mapuche es poco comprensible y ha sido cuestionada dentro del mismo oficialismo (con discreción de parte de quienes no quieren esmerilar más al Presidente y sin esos pruritos por parte de figuras como el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien está edificando su candidatura presidencial sostenido en sus críticas a Alberto Fernández).

Aunque finalmente la Casa Rosada despachó gendarmes (200) a Río Negro, el encuadre que se dio a ese envío fue equívoco: se lo dispuso "por solidaridad" y reconviniendo a la provincia por no cumplir con sus propios deberes en materia de seguridad.

Lo cierto es que los hechos de violencia que viene produciendo en la Patagonia el grupo irregular RAM, alegando como justificativo un indigenismo identitario mapuche -que la abrumadora mayoría de esa comunidad, en rigor, no comparte- tienen modalidades terroristas a las que se agrega su rechazo explícito a la potestad del Estado nacional. No se trata de meras infracciones locales, sino de desafíos federales que requieren la participación activa de la jurisdicción nacional, asociada a la provincia. O a las provincias -en plural- afectadas por el fenómeno, numéricamente todavía manejable pero cualitativamente peligroso, como puede apreciarse del otro lado de los Andes.

Una cosa es el pleno respeto de las distintas corrientes étnicas que confluyen en el crisol nacional y de sus derechos ciudadanos. Otra muy distinta es comulgar con el indigenismo retórico que practican algunos sectores de la política argentina ("indolatría" lo llamó el estudioso socialista chileno Pedro Godoy), que no sólo incurre en una ingenuidad mal informada al abusar del término "pueblos originarios"; también ignora que por detrás de la pantalla de grupitos violentos como el RAM acechan intereses muy poderosos. Son los que inspiran, junto con el irredentismo aborigen, reivindicaciones de tipo material ("Los recursos del subsuelo de la Patagonia son patrimonio de los pueblos originarios de esa región", señalan por caso desde un llamado Movimiento Comunitario Pluricultural) que cuestionan la juridicidad nacional.

La combinación de grupos violentos, poderes externos interesados en recursos argentinos (petróleo, minerales, agua) y un Estado debilitado tanto por empobrecimiento como por anemia ideológica, aislamiento internacional y fragmentación política, puede facilitar designios ajenos de secesión, amparados bajo una manta políticamente correcta, como la fantasía de república autónoma Walmapu, invocada por el extremismo indigenista, que abarcaría de océano a océano segmentos de Chile y la Argentina.

¿Para qué está el Estado nacional si no es para involucrarse inteligentemente ante estas amenazas?

Sin un rumbo claro y un liderazgo sólido el país corre graves peligros.

Jorge Raventos

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