Viernes, 04 Marzo 2022 11:18

Las tarifas de la discordia - Por Vicente Massot

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Podría haber tenido un tono distinto, más conciliador, y menos confrontativo. Menos extenso y tedioso y más específico. Menos pretensioso y más humilde. Podría haber evitado las excesivas expresiones de deseos y ser más autocrítico respecto del desmanejo de la pandemia que causó 130.000 muertos. Pero era pedirle peras al olmo. Alberto Fernández es así: prosopopéyico, inculto, maestro de Siruela y desvergonzado.

Ni siquiera por una elemental razón de conveniencia evitó zarandear verbalmente a la administración de Macri. Su discurso fue tan aburrido, y lleno de cifras dudosas, como beligerante. Quiso congraciarse con el camporismo y, sin embargo, su representante por excelencia, Máximo Kirchner, faltó a la cita. El saludo que cruzó con la señora Cristina fue glacial; y del tema excluyente, la negociación con el FMI -del cual dependerá el derrotero de su gestión en los meses que le faltan para completarlo- dijo poco. Si bien el acuerdo parece cerrado, ello no quita que haya que pasar revista a un punto que suscitó mayores controversias: el tarifario. 

Nadie puede anticipar cómo habrá de desarrollarse la contienda estallada entre Rusia y Ucrania y mucho menos predecir su duración. Si bien la diferencia en términos de poder militar favorece a la nación liderada por Vladimir Putin que en teoría hacía prever un desenlace rápido en su favor, la resistencia que le ha opuesto a la invasión de su territorio el ejército liderado por Volodimir Zelenski plantea no pocas dudas sobre su desenlace.

Que el conflicto armado haya estallado en este momento, para la Argentina no es una buena noticia ni mucho menos. Básica- mente porque el único asunto pendiente entre la dupla Guzmán–Chodos y los técnicos que responden a la búlgara Kristalina Georgieva -referido a los subsidios y tarifas del rubro energético- ahora se ha complicado en varios sentidos como resultado de la guerra en curso.

No se necesita ser un estratega de fuste o un experto en los temas relacionados con el gas y la electricidad para darse cuenta de qué tantos problemas le pueden causar esta guerra a nuestro país. Si de muestra vale un botón, helo aquí: el precio promedio del gas importado por la Argentina que en 2021 promedió U$ 8,4 ahora orilla los U$ 30. Para explicarlo de manera sencilla: la disputa ruso-ucraniana ha hecho escalar los valores de la energía, cosa que no estaba en los planes ni del FMI ni del equipo que lidera Martin Guzmán.

Cuando aún no se había producido el avance de los tanques sobre Kiev, las dos partes negociadoras de nuestra deuda soberana se hallaban enfrascadas en una discusión referida a cuál debía ser el aumento en las tarifas de los servicios públicos del gas y de la electricidad en el presente año. El staff de Kristalina Georgieva defendía un alza de 60 % que -incluso en el supuesto caso de ser aprobado- no reduciría el nivel de subsidios de manera significativa. Por el lado del gobierno había dos posiciones encontradas: mientras el titular de la cartera de Hacienda insistía en que el incremento fuera de 40 %, tanto el secretario del área, Darío Martínez, como el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, se plantaron en 20 %. Si este fuese el escenario, no alcanzaría con el nivel de subsidios actual, algo que eriza la piel de los técnicos del FMI.

El futuro que enfrentará el gobierno kirchnerista si -como indica la lógica- firma un acuerdo de facilidades extendidas con el principal organismo de crédito internacional no da lugar al juego de las escondidas. Tapar el cielo con un harnero e ignorar los efectos de un crecimiento desmesurado del déficit fiscal, es cosa del pasado. La consigna de esta hora es aceptar una realidad durísima.

Razón por la cual el ajuste que se recorta en el horizonte y que la ad- ministración de Alberto Fernández -aunque lo niegue- tendrá que encarar más allá de sus deseos, se vertebra casi de forma excluyente sobre dos ejes: una reducción de la emisión monetaria y una corrección significativa del precio de las tarifas. Si antes del enfrentamiento que tiene en vilo al mundo la cuestión energética era la asignatura pendiente para cerrar la negociación, es innecesario explicar por qué al tronar de los cañones las cosas se han complicado aún más. Sobre todo, en el frente interno.

El Fondo mira los números y se da cuenta de que para que la Argentina cumpla en tiempo y forma con los compromisos contraídos, los subsidios tarifarios de la manera que están planteados resultan intolerables. Por su parte del lado de las autoridades nacionales -partida en dos cómo está la administración kirchnerista- las posiciones contrapuestas no tienen que ver con el déficit fiscal. La preocupación de la Casa Rosada y de La Cámpora están centradas en las posibles reacciones del cuerpo societario en su conjunto.

Con esta particularidad que no es nueva: pareciera ser que Martínez y Basualdo fueran miembros de un gabinete económico que nada tiene que ver con Martin Guzmán. No le prestan atención ni le llevan el apunte, al extremo de que cuando éste quiso despedir al subsecretario se encontró con la muralla de protección que le extendió el camporismo y el ministro de Hacienda debió retroceder con la cola entre las patas, perdiendo en el camino jirones enteros de su autoridad.

En Balcarce 50 entienden que una solución temporaria al problema de la deuda le permitirá al presidente de la República relanzar su gestión y perfilarse con alguna posibilidad -por remota que ésta fuera- de cara a las elecciones del próximo año. En consonancia con este parecer consideran que la postura del kirchnerismo duro resultaría -si la llevasen adelante- insoportable para el staff del Fondo, y ello haría peligrar todo el esfuerzo efectuado hasta el momento. Se dan cuenta de que las subas no le caerán bien a la gente, aunque estiman que no hay otro remedio realista.

De su parte, los seguidores de la vicepresidente y de su hijo son más drásticos en el diagnóstico de la situación: un aumento tarifario que excediese 20 % clausuraría las ya mínimas posibilidades de retener el gobierno cuando se substancien las elecciones, en octubre de 2023.

La última encuesta concerniente al tema que nos ocupa, que hizo la consultora Analogías, parece darles razones a los miedos gubernamentales: 60 % de las personas relevadas dijeron oponerse a cualquier tipo de incremento tarifario y sólo 25 % afirmó que aceptaría hasta un aumento de 20 %.

Está claro que la posición que hoy ocupa Alberto Fernández es mucho más comprometida que la de Cristina y Máximo Kirchner en atención al hecho de que el principal responsable del acuerdo será -como no podría ser de otra forma- el jefe del Estado nacional y no la titular del Senado. Ninguno de los bandos que dirimen supremacías en el seno del oficialismo saldrá indemne del trance. Pero en tanto al presidente le resultará imposible esquivar las consecuencias dolorosas que se avecinan, su compañera de fórmula siempre estará en condiciones de argumentar que ella hubiese negociado de manera distinta y que si no se opuso abiertamente fue por razones de prudencia.

A la hora de sumar voluntades en la cámara baja la administración presidida por Alberto Fernández acaba de conseguir un aliado inesperado que, al menos en parte, compensaría la merma de votos que tendría si acaso el camporismo duro decidiese darle la espalda. Se trata del bloque que responde a la inefable Elisa Carrió. La líder de la Coalición Cívica se cortó sola como es ya costumbre, y fijó un camino que en la práctica supone un apoyo inestimable para el gobierno.

Quienes la conocen realmente -que no son muchos, dado su carácter inestable- dicen que le teme el default más que a cualquier otra cosa, y que por lo tanto prefiere tenderle la mano al oficialismo sin pedir nada a cambio. Lo dicho no implica que estén seguros los votos que en la cámara baja necesita el gobierno. Después de la filípica ensayada por el presidente contra Juntos por el Cambio en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias, hay muchos diputados del Pro que no quieren saber nada con la administración populista. Las cosas no lucen mejor en la cámara alta -donde Cristina Fernández retiene el control de la mayoría de los senadores del Frente de Todos- a la que miran con indisimulado recelo los moradores de la Casa Rosada.

Mientras los diputados díscolos del camporismo no han abierto la boca y sólo existen especulaciones respecto de cómo votarán, el formoseño Mayans ha sido claro en la materia. Por de pronto, pidió que fuese Diputados la cámara iniciadora. Además, dejó trascender que hay no pocas dudas en su bancada. Cualquiera sabe que Mayans es un soldado de Cristina Fernández y que -a diferencia de lo que ocurre en la cámara baja- en el Senado las abstenciones inciden en el cálculo del quórum. En una palabra, se cuentan como ausencias y, por lógica consecuencia, no suman.

¿Qué sucedería si, de los 35 representantes que tiene el Frente de Todos, se abstuvieran diez o doce por disentir con el acuerdo? Para sesionar debe haber por lo menos 37 votos válidos -el número del quórum- sumados los afirmativos y los negativos. ¿Qué harían en tal caso los miembros de la oposición? Porque en Juntos por el Cambio también hay disidencias, solo que más soterradas que las del oficialismo. Basta observar cuanto sucedió ayer en la Asamblea Legislativa. Los macristas abandonaron el recinto mientras los radicales y los de Coalición Cívica se quedaron.

Estas disquisiciones y análisis no solo se desgranan en las tiendas gubernamentales y los cuarteles de la oposición, en las columnas de opinión de los grandes medios de comunicación y en las mesas de café, en la City y en los ámbitos empresarios. El staff y el board del Fondo Monetario no viven en otro planeta. Tienen igual o hasta mejor información que los habitantes de nuestro país acerca de las rivalidades y odios que son moneda corriente en el frente oficialista.

No desean equivocarse de nuevo, como lo hicieron con la administración macrista, pero no pueden -a pesar de sus profundas dudas acerca de la capacidad del gobierno kirchnerista de honrar su palabra- tirar demasiado de la cuerda. Si bien no salen de su asombro cuando se enteran de las peleas de perros y gatos de albertistas y cristinistas, son los principales interesados en sellar el acuerdo. Hay un final abierto.

Vicente Massot

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