Miércoles, 13 Abril 2022 12:39

La primera golpista - Por Carlos Mira

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Cristina Fernández de Kirchner se viene afianzando como una violadora sistemática del orden institucional.

A las múltiples acciones que la vicepresidente había realizado para atentar contra el funcionamiento de la Constitución, ahora se suma otra maniobra para intentar impedir que se aplique el fallo de la Corte Suprema de Justicia que, luego de declarar inconstitucional la composición que tenía el Consejo de la Magistratura según la ley que ella misma impulsó en 2006 cuando era senadora y su marido presidente, mandó al Congreso a dictar una nueva ley que se acomode a lo dispuesto por la Constitución o bien, si al 15 de abril de este año dicha ley no ha sido aprobada, la composición del Consejo se retrotraiga a la que tenía antes de la reforma kirchnerista de 2006. 

Cómo, en efecto, el Congreso no sancionó esa ley, los distintos estamentos que deben componer el Consejo (legisladores, jueces, académicos, abogados) debían elegir los nuevos integrantes para que, a partir de la semana que viene, el órgano que nombra y destituye jueces comience a funcionar bajo la presidencia del presidente de la Corte.

Este preciso detalle es el que Fernández de Kirchner no quiere aceptar. Su rebelión contra el orden institucional la llevó a intentar imponer en el Senado un proyecto de nueva composición que, en principio, no consiguió el apoyo completo de su propio bloque, con lo que tuvo que aceptar modificaciones para que a regañadientes lograra pasar la votación del pleno.

Ese proyecto se anticipa será completamente rechazado en Diputados porque el FDT no tiene los votos para aprobarlo.

Como consecuencia, y dada la inmediatez del plazo puesto por la CSJ, los distintos estamentos empezaron a elegir sus representantes para comenzar a funcionar con la composición original. Así lo hicieron, por ejemplo, los académicos y los abogados.

Pero cuando la cosa llegó al ámbito de los representantes que debían elegir los legisladores, la violadora sistemática del orden internacional puso en marcha otro mecanismo para impedir que la oposición designe representantes para el Consejo de los que le corresponden por su representación en el Congreso.

Mediante una inédita medida “precautelar” forzó a que un inesperado juez de Entre Rios, Daniel Alonso (al que el Kirchnerismo quiere designar juez de Cámara en Rosario) aceptara una iniciativa contra el fallo de la Corte “prohibiendo” al Congreso nombrar durante cinco días dos nuevos representantes a la Magistratura, uno por el Senado y otro por Diputados.

Kirchner, en su carácter de presidente del Senado, no quiere firmar esos nombramientos para no convalidar el comienzo del funcionamiento del nuevo Consejo bajo la presidencia de Horacio Rosatti y con una conformación  que le birla por primera vez en 16 años el control de ese organismo clave en el funcionamiento e independencia de la Justicia.

Cabe recordar aquí que, increíblemente, la Corte demoró todo ese tiempo en declarar la flagrante inconstitucionalidad de la norma craneada por Cristina Fernández de Kirchner en 2006.

Ni bien el Colegio de Abogados de Buenos Aires presentó la demanda por inconstitucionalidad, el fallo debió ser dictado poco menos que in limine porque la contradicción de la nueva norma con la Constitución era obvia y evidente.

Dieciséis años debieron pasar para que la Corte confirmara la aberración y mandara a arreglarla.

Pero como otro de los objetivos de Kirchner es impedir que el presidente de la Corte recupere la presidencia del Consejo, el presidente de la comisión de Inteligencia de Diputados, Leopoldo Moreau, y el ex jefe de la AFI y senador, Oscar Parrilli, salieron con los tapones de punta en su contra (obviamente mandados por ella) formularon declaraciones muy agraviantes contra Rosatti.

Mario Negri, presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, manifestó que “los dichos de Parrilli ponen a la Argentina a las puertas de  un gravísimo conflicto de poderes. Los fallos de la Corte no son de cumplimiento opcional. Son obligatorios”.

“Parecería que el kirchnerismo quiere reeditar lo que hizo cuando desplazó al Procurador General de Santa Cruz, Eduardo Sosa. La Corte declaró ilegal lo actuado y ordenó reponer al Procurador en su cargo, pero sistemáticamente se incumplió con ese mandato”, recordó Negri.

Entretanto, los trece miembros del actual Consejo de la Magistratura, cuya fecha de caducidad por decisión de la Corte se cumplirá este viernes, se reunieron hoy desde las 8 de la mañana para definir un esquema de funcionamiento “administrativo” que no paralice el sistema de Justicia.

“Convocamos una audiencia extraordinaria”, anunció el presidente del cuerpo, Alberto Lugones, a sus colegas este martes en la reanudación del plenario del cuerpo que reúne a todos sus miembros. Lugones es un juez que vota en sintonía con la estrategia judicial de la vicepresidenta.

Se supone que en esa reunión (este comentario se escribe muy temprano hora de Buenos Aires) el Consejo se manifieste a seguir operando con sus mayorías actuales ignorando que el lunes debe entrar en vigencia lo ordenado por la Corte.

La vicepresidente está particularmente interesada en que ese órgano (con su nueva conformación) no incida en la suerte que ella ya decidió para los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia quienes confirmaron su procesamiento en la causa de los Cuadernos de las Coimas, ni tampoco en sus planes para llenar con kirchneristas las vacantes dejadas por Bonadio, Canicoba Corral y Sergio Torres.

Si la Argentina permite que este nuevo capítulo de avanzada totalitaria sobre la Justicia se perfeccione y que un fallo completo y definitivo de la Corte Suprema se ignore olímpicamente para satisfacer los deseos de una señora con veleidades de emperatriz, se habrá confirmado un nuevo descenso de la institucionalidad del país, si es que en ese precipicio aún quedan escalones por bajar.

Carlos Mira
https://thepostarg.com/editoriales/la-primera-golpista/#.YlbruOjMI2w

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