Miércoles, 24 Agosto 2022 08:42

Corrupción o justicia - Por Jorge Enríquez

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No habrá desarrollo económico y equidad social si no es sobre la base de la legalidad y la decencia.

La reforma constitucional de 1994 incluyó, como el primero de los artículos del nuevo capítulo, el segundo, de la primera parte, “Nuevos derechos y garantías”, al artículo 36, que establece que la Constitución Nacional mantiene su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. La norma indica que los autores de tales atentados serán pasibles de la sanción prevista en el art. 29 (para los “infames traidores a la patria”), inhabilitados a perpetuidad a ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. 

El art. 36 tuvo en miras los golpes militares del siglo XX, como el 29, sancionado en 1853, había procurado evitar que se reiterara la concesión de la suma del poder público que la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires le había otorgado a Juan Manuel de Rosas. Es interesante que los constituyentes, en el tercer párrafo del nuevo artículo, hayan dispuesto: “Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”.

Es decir, tal es la gravedad que la Constitución Nacional le asigna a la corrupción que la equipara a un atentado contra el sistema democrático. Y sin dudas lo es, porque va carcomiendo sus bases morales y termina por enajenar la confianza pública en la democracia.

El fiscal Diego Luciani, en su brillante y corajudo alegato, ha puesto las cosas en su quicio. La prueba en contra de los imputados es abrumadora. La inhabilitación no es ninguna proscripción, sino simplemente la aplicación de normas constitucionales y legales. Lo que los Kirchner y sus secuaces han querido proscribir es la ética en la función pública. Proscriptos hemos sido en todo este tiempo los ciudadanos honestos y apegados a la ley.

Es hora ya de que se haga justicia y se restablezca el pleno imperio de la Constitución Nacional, que no se vulnera solamente por golpes de Estado, sino por las mafias enquistadas en el Estado que roban recursos públicos, pero que fundamentalmente roban la esperanza en un futuro mejor.

Dr. Jorge R. Enríquez
Ex Diputado Nacional 
Presidente Asociación Civil JUSTA CAUSA
Twitter: @enriquezjorge 
http://jorgerenriquez.wordpress.com

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