Desde el primer Perón -naturalmente-, que identificó al Poder Judicial como la piedra que se interponía entre su deseo del poder completo y la realidad, no ha parado hasta el día de hoy (76 años después) en su machaque constante para no solo disponer del control de los poderes políticos sino también de la rama del gobierno organizada por la Constitución para defender los derechos de los individuos y de las minorías. 

Durante estas casi ocho décadas buscó la manera de camuflar ese impulso bajo las formas de la ley, forzando las interpretaciones, trampeando los procedimientos, retorciendo el entendimiento de lo que estaba escrito y, muchas veces, haciendo uso de su enorme poder extorsionador, de exceso prepotente y, en ocasiones, directamente del atropello delincuencial.

La reforma de la Constitución de 1994 fue un mojón en ese camino de construcción autoritaria bajo las formas aparentes de manejarse de acuerdo a los procedimientos del Estado de Derecho.

En ese momento contó con el inestimable apoyo de un líder peronista atípico. Carlos Menem, siendo originalmente un caudillo, quizás haya sido el primer peronista en desprenderse de poder.

Inició un proceso de desapego de la concentración económica estatal que democratizó por primera vez en décadas la manera de entender los negocios en la Argentina.  Miles de emprendimientos se abrieron, miles de oportunidades se crearon.

Pero aquella galladura de provincia, esa idea decimonónica de conservar el poder, lo traicionó. Quiso seguir siendo presidente. Según él para continuar con la desestatización de la Argentina. Pero los chupasangres del Estado vieron una oportunidad única. El apetito ciego del presidente les entregaba una llave para detener, justamente, todo aquel proceso que el presidente encarnaba.

Lo dejaron conforme con la idea de su reelección pero a cambio le pidieron que la reforma de Constitución no consistiera solamente en un simple levantamiento del impedimento de la reelección sino que incluyera otras normas. Menem aceptó. No alcanzó a ver que les estaba entregando todo lo que había conseguido a los personeros del estatismo.

La reforma introdujo varias anomalías sistémicas al modelo de 1853. Desde un punto de vista estrictamente jurídico (aunque sabemos que estas “trivialidades” al peronismo le importan poco) la Convención propuso un choque de modelos constitucionales completamente incompatible con lo sancionado después de Caseros.

Pero en lo concerniente a la obsesión peronista por la Justicia, la reforma fue crucial en tanto importó un instituto europeo como el Consejo de la Magistratura y lo incrustó en una normativa que respondía a las tradiciones liberales norteamericanas.

Es más, el peronismo no sació su sed por alcanzar el control completo de los jueces con ese agregado: conformó una integración que hoy le da a “la política” el 45% del control del Consejo, con representantes del PE, del Senado y de la Cámara de Diputados.

Ningún otro Consejo de la Magistratura de un país “occidental” admite esta conformación. En ninguno hay representación de los poderes políticos. En la Argentina peronista, sí.

Y fíjense que aun así no paran. Cristina Fernández de Kirchner siendo senadora en 2006, cuando su marido era presidente, lideró una reforma de la conformación del Consejo para darles aún más poder porcentual a los representantes políticos para designar y expulsar jueces. Esa ley fue la que la Corte demoró 16 años en declarar inconstitucional.

Cuando lo hizo, la ahora vicepresidente organizó un formidable embuste sobre la base de dividir el bloque de senadores del Frente de Todos (recordemos que lo hizo sin ninguna vergüenza, a la luz del día y delante de todos) para robar el representante que, por mayorías y minorías le correspondía al PRO. Como vemos, ni aun habiendo conseguido la introducción del Consejo en la Constitución, de haber manipulado su integración mediante la ley que reglamentó su conformación, ni haber tenido durante 16 años vigente una ley a todas luces inconstitucional, lo conformó. Siguió presionando por más. Lo que quiere es que la Justicia sea peronista.

Tampoco renuncia a dominar los otros estamentos con sicarios propios. Detrás, por ejemplo, de la fanática idea de crear universidades nacionales por todas partes se esconde la aspiración de copar el lugar que le corresponde a los académicos en el Consejo porque, a ese fin, el voto de cada rector vale uno, sin que importe el peso académico de la institución que representa.

Pero el inconformismo peronista con menos del todo no se detiene. Ya cuando el poder político de Cristina Fernández de Kirchner menguaba, luego de la derrota electoral de 2013, intentó su proyecto de “democratización de la Justicia” para lograr que los jueces dejen de ser elegidos por el procedimiento constitucional (que, cómo vimos, ya bastante copado está por el gen peronista) y pasen a integrar las listas de los partidos políticos y deban someterse a la demagógica búsqueda de votos, como si fueran políticos.

La Corte detuvo ese intento pero el peronismo sigue presionando. Lo hace por todos los medios. Machacando y machacando sobre la tentadora idea de que sólo es democrático aquello que cuenta con el apoyo de la mayoría, pretende llevar al inconsciente colectivo la idea de que los jueces son un poder aristocrático que no representa al pueblo.

No vamos a volver una vez más sobre lo que venimos comentando en estas columnas en los últimos días respecto de cómo está organizada la democracia (en realidad, la República) en nuestra Constitución. Pero sí digamos que la demolición de la educación cívica, básicamente en el colegio secundario (también planeada con toda intencionalidad), ha contribuido como nada para que el peronismo logre avanzar en este terreno. Desgraciadamente hay vastos sectores de la sociedad que están convencidos (muchos de ellos sin siquiera admitir prueba en contrario) que la democracia es el gobierno de la mayoría, no el gobierno del pueblo. Muchos también creen que el pueblo es la mayoría que gana (siempre que el que gane sea el peronismo, porque si es otro, no es “el pueblo”).

Mientras este espasmo totalitario del peronismo no sea cortado de raíz, la democracia argentina no tendrá paz. Y no solo eso sino que será testigo de cómo, en su nombre, se persigue la instauración de un nuevo régimen feudal en donde un puñado de nobles privilegiados y desiguales impere, al grito de “democracia o mafia”, sobre un pueblo igualitariamente miserable.

Carlos Mira
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