Dos, cuántos muertos harán falta para que el poder político combata la corrupción policial. Tres, cuántos, para que los políticos que se quejan del “que se vayan todos” saquen este sangriento problema de la disputa electoral y se pongan de acuerdo en una estrategia común y consistente para darle un principio de solución. 

Lo que hay que hacer para bajar los índices de criminalidad y para frenar los asesinatos en el conurbano o en Rosario no es ningún misterio. En primer lugar, no limitarse a prometer el envío de gendarmes o enviarlos para que la televisión trasmita su llegada y después sentarse a esperar a que asesinen al siguiente ciudadano indefenso para volver a prometer o enviar gendarmes y sentarse nuevamente a esperar, que es lo que han hecho los gobiernos bonaerenses y santafesinos en los últimos años. Está probado hasta el hartazgo que la presencia de gendarmes no es por sí sola una solución efectiva.

Una medida que, en cambio, si lo sería es no soltar presos peligrosos o no nombrar fiscales y jueces propensos a hacerlo por razones ideológicas. No se trata violar las garantías constitucionales de los criminales, sino de frenar la masacre aplicando de manera más rigurosa las leyes vigentes. Los asesinos deben por lo menos cumplir sus condenas. Y los policías defender a los ciudadanos sin temer que la Justicia los persiga a ellos en lugar de a los delincuentes.

Nada de esto ignoran el gobierno nacional y el bonaerense, la única incógnita es si extraerán de la pateadura que recibió Berni la lección más obvia: las víctimas actuales y potenciales son también votantes y las payasadas, los “rambos” de cartulina y los gendarmes ya no alcanzan. Para salir del pantano del delito violento es necesario dictar una política criminal coherente y sostenerla sin pensar en el costo político, sino en el asesinato de los ciudadanos que cumplen con la ley y a los que el Estado abandonó a su suerte.

La víscera más sensible de los políticos es la urna. Por lo que el peronismo, si todavía le quedan signos vitales, debería reaccionar ante lo ocurrido. No puede con la inflación, la primera preocupación de los votantes, pero podrían intentar con la segunda: la inseguridad. Para eso no necesita al FMI. En lugar de esconderse y esperar que pase la tormenta debería empezar por echar a Berni y a cualquier funcionario que diga disparates como que la inseguridad es una “sensación”. Es poco para empezar, pero alcanzaría para demostrar que reconoce la gravedad del problema y que no está dibujado; que si compite por el poder es para darle algún uso en beneficio de la sociedad.

Sergio Crivelli
Twitter: @CrivelliSergio