En común escuchar en las conversaciones de las personas cuya única vinculación con la política es votar cada dos años que “nadie va preso si la corrupción la cometen los poderosos”. Esas palabras cuestionan uno de los principios fundantes de esta república, la igualdad. Libertad e Igualdad son los pilares en los que se asienta la tradición republicana argentina. 

La idea de la igualdad ante la ley deja ahora de ser un enunciado vacío desde el momento de que alguien que ha ocupado altas posiciones en el gobierno y lidera un partido con capacidad de disputar el poder es condenada a cumplir prisión por delitos cometidos como presidente de la nación.

Esto ha sido posible por la vigencia de instituciones fundamentales para que una sociedad pueda ser considerada democrática como el acceso a la información, legisladores que cumplan con su deber de denunciar los ilícitos de los funcionarios, periodistas y medios independientes. No es casual que los autócratas y los aspirantes a serlo eviten y erosionen las normas que obligan a dar cuenta de los actos de gobierno.

Otra de las características de estos autócratas de nuevo cuño es que invocan nombre de la libertad deformando su significado y promoviendo, con sus asalariados de las redes sociales, ataques violentos, difamatorios, odiadores contra los periodistas y medios independientes que no ocultan las fallas, las tropelías, las mentiras, los actos corruptos de los funcionarios.

El gobierno argentino actual lo hizo especialmente con personalidades de la política, la academia, el periodismo que más han hecho para que fuera procesada y condenada la ex presidente y sus cómplices en el saqueo de la Nación.

Es que este proceso que ha concluido con la ratificación de la condena a Cristina Fernández, que desde 2008 pasó por todas las instancias judiciales que garantizan al defensa en juicio es una advertencia a todos los gobernantes nacionales y provinciales que el sistema implementado, en la década del noventa para asegurar la impunidad de los funcionarios ha concluido.

Nos muestra, también, estas actuaciones la abdicación de las obligaciones para con la ciudadanía de gran parte de la política que no supo reaccionar cuando aparecieron los primeros indicios de que el matrimonio gobernante estaba organizando un aparato de corrupción nunca visto en el país.

Para terminar con la cultura de la impunidad es necesario que todos cumplan con sus deberes institucionales. Para ello el rol de los organismos de control es esencial, por eso es lamentable las idas y vueltas con la composición de las auditorías o las medidas adoptadas por el ministro de Justicia, quien no se privó de criticar en reiteradas oportunidades a quienes algo hicieron contra la corrupción, de disminuir la capacidad de investigar y querellar de la Oficina Anticorrupción que carece, además, de autonomía del poder ejecutivo y la Unidad de Investigación Financiera.

El acceso a la información para todos los ciudadanos es un principio republicano elemental y la obligación de los funcionarios de no ocultar información ante los pedidos de informes de los legisladores y por supuesto los requerimientos de la justicia.

El Congreso no puede abdicar de su rol para ejercer el control sobre el ejecutivo y supervisar la administración y en especial sr responsables en los acuerdos a jueces y fiscales. Un poder judicial independiente es la garantía de las libertades individuales y que los funcionarios ajusten sus desempeños a la ley. La falta de independencia de la Justicia facilita la corrupción porque fomenta la creencia en la impunidad.

Las limitaciones a la libertad de expresión, en muchos lados con la clausura de medios, encarcelamiento de periodistas, censura previa garantizan la impunidad. Los gobiernos tienen a ocultar o disimular sus falencias y en especial actos de corrupción. Por eso esta generación de líderes de autócratas electivos desde que llegan al poder, como lo muestra el gobierno de Hungría, ejercen presión de todo tipo para acallar a la prensa libre.

Principios como la libertad y la igualdad no están garantizados para siempre. Si los ciudadanos por pereza, indiferencia, temor, no los defienden la posibilidad de gobiernos corruptos e impunes es mayor porque la falta de controles y de libertad de prensa facilita la corrupción, ante la ausencia de sistemas de limitación del poder como lo es una justicia independiente del gobierno y la libre circulación de la información.

Celebremos que la idea de la impunidad de los gobernantes esté en crisis y hagamos todo lo necesario para que esto sea un hito que perdure evitando así nuevos bochornos.

La igualdad ante la ley es el principio que garantiza la justicia, la equidad y la dignidad de todas las personas. Promueve la cohesión social y la confianza en las instituciones, con el fallo de la Corte ha dado un paso trascendente en el camino para fortalecer la convivencia democrática.

Roberto Azaretto   
Miembro de número de la Academia Argentina de la Historia y del Instituto Argentino de Historia Militar