En caso contrario, pasará para finales de enero o principios de febrero, cuando se abran las extraordinarias.

A la luz de la velocidad que le ha impreso el Poder Ejecutivo al tema, importan mucho menos las formas que el fondo. Que la norma se apruebe en la cámara alta en diez o en treinta días, en nada cambiaría las cosas.

A los efectos de pasar la primera prueba de fuego en el Senado de la Nación, los libertarios necesitan sumar 37 voluntades. Los cálculos que por estos días han hecho Patricia Bullrich y sus colaboradores es que a la propia tropa —21 con el pase de último momento a sus filas del mediterráneo Luis Juez— hay que agregarle, sin forzar los números o dar por seguro a quienes no lo son, los diez representantes del radicalismo y los tres que le quedan al  Pro. Si no hubiese fugas del tipo de la que Eduardo Borocotó ensayó en su oportunidad —traicionándolo a Mauricio Macri para marcharse en pos del kirchnerismo— los de color violeta llegarían con esos aliados a 34.

En tal caso se encontrarían a tres votos de conseguir la mayoría que les resulta menester. Para eso, hay una legión de provinciales dispuestos a secundar sus planes. En lo que lleva diciembre, Tucumán ha recibido del Palacio de Hacienda $ 20.000MM; Misiones recibió $ 12.000 MM; Chaco, otros $ 11.000 MM; Catamarca, $ 10.500 MM; Entre Rios, $ 7000 MM y Salta, $ 6.000 MM. El unitarismo fiscal premia y disciplina a la vez.

Claro que nadie en el campo oficialista considera la pulseada contra la principal bancada opositora un asunto cerrado. Tienen en claro, quienes llevan adelante la estrategia fijada desde la Casa Rosada, que en atención a cuanto aconteció en las ocasiones en que dos distintos gobiernos radicales —el presidido por Raúl Alfonsín y el que encabezó Fernando de la Rúa— prohijaron proyectos de ley de reforma laboral, es aconsejable andar con pies de plomo.

En ambos casos, aunque por razones diferentes, fueron rechazados por un justicialismo que finalmente se salió con la suya en la cámara alta. Por eso es que los libertarios no dan nada por hecho, tratándose de una cuestión en la que le va la vida al sindicalismo en su conjunto.

Los 28 senadores que —al menos, en teoría— aún responden a Cristina Fernández han determinado no oponerse in toto al proyecto violeta. Van a discutir los puntos que, en correspondencia con los pedidos de los Gordos de la CGT, juzgan inaceptables. No se requiere al res ecto ser demasiado perspicaz para darse por enterado de cuáles son.

Más allá de que su ofensiva se enderece en contra de otros postulados del guión oficialista, los K tratarán de torpedear sus cuatro pilares fundamentales: la eliminación de la ultraactividad; la prelación de los convenios a nivel de empresas por sobre los colectivos por rama de actividad; la libertad de los trabajadores de decidir si aportan —o no— 2,5 % de sus haberes al fondo solidario que maneja discrecionalmente la oligarquía sindical, y el fin del fuero laboral nacional.

Como decía en petit comité, el miércoles de la semana pasada, uno de los dos abogados laboralistas más distinguidos del país: “Resulta, sin lugar a dudas, un proyecto revolucionario desde cualquier ángulo que se lo analice”.

En efecto, ni la nonata ley Mucci de 1983 ni tampoco la que se conoció y nació muerta con el nombre de Flamarique, llegaron en sus considerandos tan lejos. Nunca nadie se había atrevido a tanto en punto a la legislación laboral y al fuero correspondiente.

El gobierno no se ha andado con vueltas ni le ha temblado la mano a la hora de redactar el proyecto. Ha optado, claramente, por una posición de máxima que es lógico —a esta altura— que reciba el fuego graneado de los que temen perder las canonjías y buena parte del poder que monopolizaron por espacio de seis décadas, al menos.

La ventaja inicial a favor de Javier Milei y los suyos no sólo reside en los números del Senado sino también en el descrédito que acompaña, cada vez que aparecen en público o adoptan una postura beligerante, a los gremialistas en general y a personajes como Cristina Fernández y Axel Kicillof, en particular.

Aquéllos, en su desesperación, no han encontrado mejor arma que convocar a una huelga general el próximo jueves. Parece que vivieran en otro planeta y no se diesen cuenta que las épocas del Lobo Vandor, Lorenzo Miguel y Saul Ubaldini forman parte de la prehistoria argentina.

Tener enfrente en estos momentos a uno de los poderes corporativos más corruptos del país, a la viuda de Kirchner —cuyos vicios e inmoralidad en el manejo de los dineros públicos está hoy a la vista de la ciudadanía— y al gobernador de Buenos Aires, le da al presidente un handicap colosal.

La manifestación que la flor y nata del kirchnerismo planea para el jueves debe haber sido recibida en Balcarce 50 como una bendición. Con sólo callarse la boca y dejar que aparezcan en el escenario sus enemigos emblemáticos, Milei habrá ganado la batalla de la reforma laboral antes siquiera de dar comienzo las discusiones en el Congreso. Sólo falta que el Chiqui Tapia y su mano derecha Pablo Toviggino se mezclen en el acto. Entonces sí, desde la Casa Rosada podrían gritar ¡Cartón lleno!

Distinta es la situación en la cámara baja donde el oficialismo —luego del crecimiento exponencial de sus bancas en las pasadas elecciones de medio termino— planea aprobar el Presupuesto 2026, la iniciativa que prohíbe el déficit fiscal y la de Inocencia fiscal el jueves próximo. Esto supone que quedarán para más adelante, sin fecha fija de presentación, las otras dos reformas estructurales que completan el plan mileísta para lo que resta de su gestión.

Está claro que este no es el mejor momento para poner a debate el tema impositivo y el previsional. Sobre el particular, el presidente podría pedir prestada la frase que inmortalizó Mostaza Merlo durante aquel campeonato que finalmente gano Racing, después de 35 años de sequía, en 2001: “Paso a paso”.

El horno no está para bollos, a los efectos de bajar la carga impositiva más de la cuenta. Resulta necesario hacer un ajuste mayor del gasto público, y ello en las actuales condiciones —o si se prefiere, en el corto plazo— no parece aconsejable. En cuanto a la cuestión jubilatoria, ella es —de lejos— la más complicada.

Con diez millones de trabajadores en negro y unos 2.500.000 que nunca aportaron al sistema y que, sin embargo, se han hecho acreedores a una jubilación mínima por obra y gracia de las moratorias kirchneristas, ni el mismísimo San Pedro podría encontrarle una solución viable al esquema de reparto vigente.

Hasta la próxima semana.