No fue una de esas pifias monumentales capaces de poner en entredicho la gobernabilidad, o uno de esos errores groseros cuyas consecuencias pudieran hacer tambalear la nueva relación de fuerzas existente en el país luego de la victoria electoral libertaria del mes de octubre. Primero corresponde, en clave telegráfica, explicar de qué trata el caso. Con anterioridad a los comicios que ganó tan holgadamente el bando violeta, los vetos que Javier Milei había fulminado contra la ley de Financiamiento Universitario y la ley de Servicios de Discapacidad quedaron cancelados en virtud de que en diputados se reunieron los dos tercios necesarios para respaldarlas. Ahora, en el proyecto de Presupuesto, en el capítulo XI, el oficialismo insistió en la derogación de las dos normas.
Cuando se votó el texto general hubo 132 votos a favor, pero el mencionado artículo tuvo 123 en contra y solo 117 a favor.
Analizado el tema teniendo presente esos dos tercios parecía lógico no insistir con unos temas que habían recibido semejante respaldo y que son muy sensibles en términos de la opinión pública. Cualquiera podía darse cuenta de que iba a resultar en extremo difícil que quienes hace dos meses —poco más o menos— habían enarbolado las banderas de la universidad pública y los derechos de los discapacitados, de buenas a primeras se diesen vuelta como una media y cambiasen de opinión. Sin embargo, alguien en el Poder Ejecutivo pensó lo contrario.
Respecto del intríngulis se han dado dos explicaciones: una hace hincapié en un error de sobreestimación por parte de la conducción gubernamental, mientras la otra lo atribuye a una defección, a última hora, de seis o siete diputados que estaban comprometidos a avalar la ley de leyes sin abrir la boca y —por las razones que fuere— defeccionaron. Aquélla pone énfasis en el hecho de que los hermanos Milei, el jefe de gabinete y los Menem fueron de la idea —de puros guapos, nomás— de que el capítulo XI no representaba un problema.
Por lo tanto, sin consultar a los representantes del Pro y de las distintas provincias, se mandaron por las suyas. Ésta, en cambio, desestima tamaña arrogancia y sitúa el centro de la cuestión en una promesa que no fue honrada en tiempo y forma cuando hubo que votar.
Sea lo uno o lo otro, lo cierto es que los festejos que estaban preparados debieron dejarse para más adelante, y la reacción inicial del presidente de la República de vetar la ley porque así no servía, también tuvo que ser archivada. A poco de recibir el cachetazo, los miembros del mini-gabinete que define las políticas públicas se dio cuenta de que era mejor no hacer olas, evitar las acusaciones tremendistas y aceptar la derrota.
Por eso Patricia Bullrich anunció que la reforma laboral se trataría en el mes de febrero y que el Presupuesto no sería revisado este viernes por la bancada de La Libertad Avanza y sus aliados.
Seguramente el oficialismo saldrá a decir que —a pesar del traspié pasajero— habrá un Presupuesto como Dios manda para el año a punto de iniciarse y que, después de todo, la reforma laboral no era seguro que pudiese aprobarse en el mes en curso. En resumidas cuentas, tratará de relativizar la importancia del fracaso que acaba de sufrir.
Es verdad que la gravedad del asunto ha sido menor, aunque no lo es menos que al gobierno el golpe le dolió. No lo esperaba y no le gustó.
Mención aparte merece la designación, entre gallos y medianoche, de tres auditores en la AGN (Auditoria General de la Nación), en una clara componenda de los libertarios con el kirchnerismo y el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.
A pesar de que en parte son de índole diferente, la votación respecto del Presupuesto y los nombramientos en aquella repartición estatal tienen un común denominador: fueron sorprendentes y pusieron en ridículo al Pro —que sigue recibiendo un trato descomedido de parte del gobierno malogrado su condición de aliado.
Ello unido al hecho de que por motivos poco claros los de La Libertad Avanza no le hacen ascos a formalizar pactos con sus peores enemigos.
Lo que se echa de ver, a poco de mirar con lupa los asuntos de marras, son dos cosas de distinta naturaleza y similar importancia: por un lado, cuán difícil es desentrañar la matriz decisión al del Poder Ejecutivo.
Nadie sabe a ciencia cierta qué pasó, porque en rigor nadie sabe si decide el presidente, su hermana, el jefe de Gabinete, o todos al mismo tiempo sumados Luis Caputo y, llegado el caso, Patricia Bullrich.
A veces da la impresión de que Milei delega su poder en razón de que, por fuera de los temas relacionados con la economía, los demás no le interesan demasiado.
A veces también parece que, tomada una determinada decisión, no existe la indispensable comunicación entre los diferentes actores estelares, que entonces terminan chocándose en los pasillos.
Por otro lado, ha quedado en evidencia —como era previsible y fue materia de nuestro comentario semanas atrás, que la balcanización del peronismo, más temprano que tarde— se haría sentir en las dos cámaras del Parlamento y generaría un polo de poder de los gobernadores, dispuestos a hacerse escuchar al momento de negociar votos.
No debería sorprendernos que este viernes Mayans tenga que contemplar con impotencia cómo se desfleca su bancada sin poder hacer nada al respecto.
Hasta la próxima semana. Muy feliz Navidad.
