En este orden de cosas no sería aventurado —ni mucho menos, forzado— establecer una suerte de paralelo entre lo que ocurre con el jefe de gabinete y el magistrado que el ministro de Justicia ha nominado para integrar la Sala D de la Cámara Civil —Agustín Rubiero—, que llevará la voz cantante en algunas de las causas más relevantes de corrupción que se ventilan en los tribunales en estos tiempos. 

¿Cuál es el común denominador que los une?  Que sus nombramientos o remociones siempre son producto de alguna negociación, las más de las veces oscura.

Imaginemos que Cristina Fernández hubiese sostenido —como efectivamente lo hizo en reiteradas oportunidades durante su gestión al frente del Poder Ejecutivo— a un funcionario deshonesto en su cargo.  ¿Qué hubiesen dicho los diputados y senadores de La Libertad Avanza, la UCR y el Pro al respecto? 

Sin duda, habrían fulminado a la administración kirchnerista, calificándola de impresentable.  Ahora resulta que son ellos quienes dilatan las sesiones del Congreso con el propósito de darle tiempo y lograr que el ex–vocero presidencial zafe del brete en el que se ha enredado por efecto de su torpeza o deshonestidad.

¿Eso se efectúa a cambio de nada?  Si alguien lo cree, es un iluso sin remedio.  Todo tiene un precio en un país como el nuestro.  Esto no significa que la totalidad de las bancadas, de ordinario, se vendan o alquilen.  En absoluto.  Lo expresado apunta al hecho de que, sea para tener quorum o para votar una ley, para sumar mayorías o para nominar a un juez, nada es gratis.             

Es posible que los libertarios que se sientan en una y otra cámara del Parlamento hayan aceptado —incluso contra su voluntad— la orden de la Casa Rosada de respaldar al jefe de gabinete.  Pero es harto improbable que los bloques afines y —sobre todo— los gobernadores que obran como aliados tácticos del gobierno, hayan perdido la oportunidad de pedir algo en compensación por su sacrificio. 

Faltaron ayer doce legisladores para habilitar la discusión.  Nunca algo así es gratis, y no se solicita como retribución a tamaño favor la construcción de hospitales o escuelas, precisa mente.  La regla de oro es el do ut des (‘doy para que me des’).

Con los jueces las cosas son aún peores, pues estar en manos de magistrados corruptos tiene consecuencias desastrosas para el bien común.  El vínculo de los tres miembros de   la judicatura —Juan Converset, Gabriel Rolleri y Maximiliano Caía— con los dueños de la AFA, viene de lejos y es todos conocido. 

El dejar a esa asociación bajo el control bonaerense —léase Axel Kiciloff— es cuanto se esperaba de ellos con base en un fallo hecho a medida.  Eso acaba de ocurrir.  Tampoco puede sorprender que el juez federal de Zárate, Adrián González Charvay, aún no haya girado la causa por la mansión de Pilar a su par en el fuero penal económico de la ciudad de Buenos Aires, Verónica Stracia, a pesar de que esa fue la instrucción que recibió de la cámara correspondiente.

Pero de los cientos de escándalos de este tipo que podrían traerse a comento, con viene reparar en uno que tiene la máxima actualidad.  Desde 2023, año en el que estalló el affaire por el yacht de lujo El Bandido en pleno mar Mediterráneo y cuyo protagonista excluyente fue Martin Insaurralde, hasta la fecha la labor de los dos jueces de instrucción —ambos kirchneristas— fue de una lentitud proverbial.  Ernesto Kreplack y José Luis Armell han hecho lo imposible con el objeto de que el paso de los meses y los años termine por beneficiar a Insaurralde y a su ex, Jessica Cirio.

Lo que debe entenderse es que todos estos magistrados —como tantos otros— están onde están en virtud de que es la propia clase política —una oligarquía a prueba de balas— la que monopoliza la decisión de sus nombramientos y despidos. 

Tapia y Toviggino ruegan porque les toque algún juzgado amigo del ámbito bonaerense o alguno de los magistrados que el titular de la cartera de Justicia desea nombrar para beneficio de los capangas de la AFA, de larga relación con Mahiques.

Los presidentes de turno, a través de sus ministros y de sus espadas parlamentarias, han negociado desde antiguo la designación de los jueces federales, en particular, no por sus cualidades intelectuales o su apego al derecho —hay, claro está, excepciones a la regla— sino por sus vínculos con el poder de turno, sea nacional, provincial o municipal. 

Por esto, precisamente es que los casos indignantes a los que venimos haciendo referencia, no tienen solución fácil a la vista.  En la medida que no se modifique el procedimiento arriba mencionado —algo  que ninguna de las banderías que se han turnado en el ejercicio del poder por espacio de más de medio siglo, está dispuesta a considerar, siquiera como posibilidad remota— la justicia llegará hasta nosotros con cuenta gotas.

Si acaso el político peronista que fuera intendente de Lomas de Zamora resultase condenado como lo ha sido la ex–presidente, siempre habrá que tener presente que —sin desmerecer la labor de los fiscales— los avances para combatir estos casos flagrantes de corrupción tu vieron origen sólo en parte por obra y gracia de algún juez o fiscal. 

La impunidad de los Kirchner comenzó a derrumbarse por la minuciosidad de un chofer, que anotó a través de los años en un cuaderno todo lo que presenció, y por la investigación de Diego Cabot para La Nación. 

A su vez, fue la desfachatez de Insaurralde y la tentación de una señorita de moral disipada por sacarse fotos las que terminaron poniéndolos en la mira.  En ningún episodio se ha invertido —como corres pondería— la carga de la prueba para cientos de ex–presidentes, gobernadores, senadores, diputados, intendentes y ediles que entraron a la función pública como pobres de solemnidad y que de ella salieron ricos a perpetuidad. 

Y todo seguirá igual.

Hasta la próxima semana.