Cuestionar al periodismo, criticar una investigación o discutir una opinión forman parte del debate democrático y gozan de protección constitucional. Sin embargo, una cosa es la confrontación de ideas y otra, muy distinta, es recurrir al insulto personal exponiendo públicamente a quienes ejercen la tarea de informar. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado en reiteradas ocasiones que nuestra Constitución protege la discusión apasionada y, naturalmente, el desacuerdo con el trabajo de la prensa.

El debate democrático otorga a todas las personas —incluidos los funcionarios públicos— el pleno derecho de discutir, cuestionar y criticar agriamente la labor periodística, sus opiniones o sus investigaciones. Respecto de los juicios de valor y las opiniones, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es clara: por su condición abstracta, no es posible exigir de ellos un deber de veracidad ni predicar su verdad o falsedad. El contenido del juicio crítico es, en sí mismo, libre.

Sin embargo, ha establecido con claridad que la libertad para criticar no es una “patente de corso” para vulnerar la dignidad de las personas, no hay un “derecho al insulto” ni a la humillación gratuita (Fallos: 343:2211 “Pando de Mercado”). Así, la tutela constitucional se extingue cuando la confrontación de ideas es sustituida por el empleo de epítetos denigrantes, injuriantes o locuciones ajenas al interés público.

Esta frontera cívica adquiere una gravedad inédita cuando la descalificación personal proviene del propio Presidente de la Nación. Dada la enorme asimetría de poder y la alta investidura del cargo, sus palabras tienen un impacto desproporcionado que le exige actuar con un estándar reforzado de prudencia.

Apuntar públicamente a un periodista desde la cima del Estado desplaza la discusión de ideas y muta en un mecanismo directo de intimidación y fomento de la autocensura.

En otras palabras, cuando la respuesta ante la crítica deja de ser la argumentación y se convierte en insulto sistemático desde el atril oficial, la confrontación democrática se desnaturaliza y muta en un mecanismo de amedrentamiento.

El peligro real es que el miedo a convertirse en el próximo blanco termine condicionando las preguntas, las investigaciones y las opiniones; pues la autocensura no requiere de una orden explícita, sino que se instala sola cuando el precio de informar pasa a ser la exposición al hostigamiento.

El periodismo de investigación es un pilar insustituible para la salud institucional de la República. Su función esencial no es complacer al gobierno de turno, sino auditar el uso de las atribuciones de quienes ejercen el poder, exhibir los abusos e irregularidades que hubiere; garantizar que los actos de gobierno queden sujetos al tribunal de la opinión pública. Sin investigación independiente, la transparencia se debilita y la rendición de cuentas desaparece.

Como sostiene Norberto Bobbio en “El futuro de la democracia”, las normas constitucionales que atribuyen estas libertades no son propiamente simples reglas del juego democrático, sino “reglas preliminares que permiten el desarrollo de la democracia” y el supuesto necesario para el correcto funcionamiento de sus mecanismos. Garantizar estos derechos no es una concesión formal: es la condición indispensable para que la ciudadanía pueda plantearse alternativas reales y deliberar con verdadera libertad.

Discutir con la prensa es un derecho democrático que robustece la conversación pública; recurrir al insulto y al agravio desde la cima del Estado es una forma de intimidación que degrada la República y amenaza las libertades de toda la sociedad.

Ninguna autoridad del Estado se halla exenta del deber primario de respetar las libertades fundamentales que sostienen el Estado de Derecho.

La democracia requiere de una prensa libre, capaz de incomodar al poder. No se trata de vetar la crítica hacia el periodismo, sino de evitar que la descalificación personal reemplace al debate público.

Juan Pablo Zanetta   
Presidente de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires  
Fuente: https://www.clarin.com/opinion/peso-palabra-oficial-hostigamiento-sustituye-debate_0_Qo0KNkFSvF.html