Miércoles, 12 Febrero 2020 21:00

¿Presos políticos o políticos presos? - Por Jorge Enríquez

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Se ha originado en estos días una fuerte polémica entre el Presidente de la República, su Jefe de Gabinete, otras altas autoridades nacionales, sectores sociales y algunos condenados por la justicia en torno a si hay o no presos políticos en nuestro país.

En la Argentina no existen, afortunadamente, los presos políticos. Sí hay algunos políticos presos. Estos últimos se hallan detenidos no por su condición de políticos, sino porque la justicia ha determinado que existe causa suficiente para procesarlos por la comisión de delitos de corrupción y que están dados los extremos para imponerles la prisión preventiva.

Preso político es el que ha sido encarcelado por sus ideas o sus acciones políticas. Nuestro país tiene una larga historia en materia de estas arbitrariedades, que fueron comunes durante gobiernos de facto, pero que no faltaron tampoco en ciertos gobiernos de origen democrático. En la primera y segunda presidencia de Perón hubo muchos. El caso más resonante fue el de Ricardo Balbín, presidente del bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical, el legendario Bloque de los 44, entre 1946 y 1949, cuando fue desaforado a pedido de un juez al gobierno y más tarde detenido por alrededor de un año en la cárcel de Olmos. ¿La causa? Expresiones políticas contra el presidente. Otros grandes dirigentes de la oposición también fueron muchas veces detenidos en esa época por ser críticos del gobierno. La lista es larga: incluye a personalidades de la talla de Alfredo Palacios, Moisés Lebensohn y Federico Pinedo (abuelo).

Nada de eso ocurre ahora. Cualquiera puede decir lo que le parezca, incluso los disparates más grandes, las falsedades más evidentes. Las opiniones críticas sobre funcionarios públicos suelen alcanzar las formas más duras y nadie es molestado por ellas.

Ahora bien, lo que algunos pretenden con estas campañas, que se iniciaron a fin del año pasado bajo la absurda consigna “Navidad sin presos políticos” es que quienes han sido procesados o condenados, no por sus ideas políticas, sino lisa y llanamente por haber cometido gravísimos actos de corrupción, se encuentren en libertad.

Es por cierto discutible el alcance de la prisión preventiva, una medida que solo debería adoptarse excepcionalmente ya que constituye una pena anticipada y que solo se justifica, como su nombre lo indica, para que la persona que es imputada en un proceso penal pueda llegar al momento de la sentencia, disponible ante el juez y además no entorpezca la investigación, o sea, las dos cuestiones por las cuales un juez puede declarar la prisión preventiva son los casos de riesgo de fuga o de obstaculización del proceso.

Entiendo que en la generalidad de las situaciones que involucran a ex funcionarios kirchneristas están dados esos extremos, pero comprendo que otros puedan tener un criterio distinto. En tal caso, deberían reclamar la libertad de casi todos los detenidos sin condena firme. ¿O reclaman un privilegio? ¿Se consideran por encima de las leyes? Es una ofensa grosera a toda la ciudadanía, sostener que se trata de presos políticos. Hay una lamentable banalización de este concepto.

Entre quienes a lo largo de la historia han sido encarcelados y vejados por defender la libertad y quienes hoy se hallan con prisión preventiva por haber incurrido en distintas modalidades de corrupción hay un abismo.

Una cosa es defender ideales, convicciones y principios y otra diametralmente opuesta es estar esperando cada tarde la “recolección” diaria de coimas y sobornos, prolijamente detallada en la causa de los cuadernos y corroborada por decenas de declaraciones testimoniales y de arrepentidos.

Ni Julio De Vido ni Lázaro Báez ni Amado Boudou ni tantos otros están presos por sus ideas. De hecho, escuchamos y leemos todos los días ideas más extravagantes y absurdas que las de ellos y no están sometidos a proceso por esa razón.

Si no pudiera haber políticos presos significaría que una categoría de personas, los políticos, está por encima de la ley. En una República eso es inadmisible.

Jorge Enríquez
Diputado nacional (Cambiemos)

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