Domingo, 15 Marzo 2020 21:00

Se escribe intervención, se pronuncia impunidad - Por Jorge Enríquez

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Un grupo de senadoras kirchneristas presentó un proyecto destinado a intervenir el Poder Judicial de la provincia de Jujuy. El objetivo es claro: sustituir a los actuales jueces por otros que sean militantes kirchneristas para que, vía la anulación de todas las causas sustanciadas en los últimos cuatro años por la justicia jujeña, logren la absolución de Milagro Sala en las diversas actuaciones judiciales en las que está siendo procesada.

 

Cuando trascendió esa información, confieso que no le concedí otra importancia que la de ser uno más de los mensajes que el kirchnerismo emite regularmente para crear la sensación de que varios de sus ex funcionarios fueron víctimas de una conspiración urdida por el gobierno de Cambiemos. Pero la experiencia debía haberme prevenido que para el kirchnerismo no hay límites y que lo hoy que nos parece increíble, mañana puede suceder.

Se pretende cubrir ese intento burdo de impunidad con el manto del lawfare, el nuevo nombre que quieren aplicarle a un fenómeno antiguo: el derecho penal del enemigo, que encuentra una de sus formulaciones más acabadas en el apotegma de Juan Domingo Perón: “Al amigo, todo; al enemigo, ni justicia”. Nihil novum sub sole. Nada nuevo bajo el sol.

Pero es eso precisamente lo que ha hecho siempre el partido hoy gobernante en la Nación, cuando ha llegado al poder. El caso de Milagro Sala es diametralmente opuesto. No hay ningún lawfare. Las pruebas en su contra son contundentes.

Veamos su performance delictiva:

Veintinueve causas prescriptas por la inactividad de los jueces hasta 2015 por los más variados delitos (hurtos, robos en banda y en despoblado, daños, lesiones graves, instigación a cometer delitos, usurpación, atentado a la autoridad, amenazas, privación ilegítima de la libertad, etc.)

Cuatro condenas, que imponen la pena de prisión por 22 años, todas ellas con sentencia de la Cámara de Casación Penal, confirmada en dos causas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una de las cuales, la conocida como “Pibes Villeros” le impone una condena de 13 años de prisión por los delitos de extorsión, fraude a la administración pública y jefa de una asociación ilícita.

Es necesario destacar que de los 26 jueces que intervinieron en esta última actuación, 22 fueron designados por los gobiernos peronistas entre 1983 y 2015, principalmente en las administraciones de Eduardo Fellner y Walter Barrionuevo y sólo cuatro, que son abogados independientes sin filiación partidaria, accedieron al cargo de juez a través del sistema de selección por concursos que se implementó en 2016, durante la gestión del actual gobernador, Gerardo Morales.

Ello demuestra claramente que la pretensión de sostener que la justicia jujeña está cooptada por el Poder Ejecutivo local es, a todas luces, la más absoluta mendacidad.

Sala había conformado un gobierno paralelo en Jujuy, con prácticas mafiosas que apelaban al apriete y la violencia. Este curioso progresismo defiende métodos que antes identificaban a la derecha más autoritaria.

La intervención federal es un remedio excepcional que contempla la Constitución Nacional. Así como garantiza a cada provincia “el goce y ejercicio de sus instituciones”, es decir, su autonomía (art. 5), habilita al Congreso a intervenirlas “para garantir la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia” (art. 6).

A lo largo de nuestra historia, este instrumento que debería usarse muy restrictivamente fue empleado con enorme liberalidad por los gobiernos nacionales, muchas veces mediante simples decretos durante el receso parlamentario. De esa forma se vulneraban las autonomías provinciales de la manera más discrecional y se incrementaban las atribuciones del Poder Ejecutivo. Fue este uno de los mecanismos que cimentaron el hiperpresidencialismo que la reforma constitucional de 1994 procuró atenuar (con relación a este instituto, precisando que es una facultad del Congreso y que si la intervención es decidida por el presidente durante el receso de aquel debe convocar inmediatamente a sesiones extraordinarias).

Por lo demás está claro que las normas alojadas en los artículos 5 y 6 de la Constitución Nacional no permiten resolver casos particulares de sentencias que no son del agrado del partido gobernante. Este es justamente el propósito que anida el pedido de intervención a la justicia de la provincia norteña.

Afortunadamente, las intervenciones disminuyeron mucho desde el regreso de la democracia en 1983. Durante la presidencia de Alfonsín no se produjo ninguna; en la de Menem se intervinieron Tucumán (1991), Santiago del Estero (1991), Corrientes (1992) y Santiago del Estero (1993); De la Rúa intervino Corrientes apenas asumió en 1999; y Kirchner, Santiago del Estero (2004). Esta, ocurrida hace 16 años, fue la última intervención que se produjo.

En todos esos casos podía discutirse si era necesario apelar a un remedio tan extremo, pero existían condiciones irregulares en el funcionamiento institucional de las provincias intervenidas, lo que no se da actualmente en Jujuy. El gobernador Morales respeta escrupulosamente el sistema republicano. La intervención que se propicia solo alcanza al Poder Judicial, lo que prueba por sí solo su finalidad. No hay ninguna razón que la justifique. Si en las causas en las que está imputada Milagro Sala hubiera resoluciones arbitrarias, ella podría apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través del recurso extraordinario federal, como ya lo hizo y le fue denegado.

Lo que es inadmisible es sustituir a los actuales magistrados por otros afines al gobierno nacional con la misión de disponer la absolución de Milagro Sala. Sería una aberración institucional, un escándalo inaudito que nos haría retroceder muchos escalones en nuestra ya averiada reputación internacional.

Pero, quizás esto sea lo de menos para los planes del kirchnerismo, que no son otros que lograr absolución de Cristina Fernández en todas las causas que tiene pendientes y para ello es primordial, como primer paso, obtener la libertad de Milagro Sala.

¿El presidente Fernández respalda esta nueva agresión al Estado de derecho y al federalismo? Si no lo hace, lo debería decir en forma rápida y contundente. Sus constantes zigzagueos de equilibrista lesionan el único equilibrio que lo debería preocupar, el equilibrio de los poderes que está en la base de la república.

Jorge Enríquez
Diputado nacional (Cambiemos)

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