Martes, 23 Junio 2020 21:00

Ningún comunismo - Por Sergio Crivelli

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El berenjenal en que se metió el gobierno en el caso Vicentin fue atribuido a tres causas. Una, sus supuestas inclinaciones comunistas. Otra, las marchas y contramarchas de un presidente desorientado. Otra, su falta de poder. Terminó más cerca de las “ideas locas” de la diputada Vallejos y de las críticas a la Justicia de Graciana Peñafort que de su presunta “moderación”.

 

Las dos últimas causas pueden tener alguna verosimilitud, pero las sospechas de comunismo son absurdas. El kirchnerismo no quiere terminar con la propiedad privada, sino que cambie de dueño. Lo ha demostrado con hechos. Apenas pudo se apropió YPF y de Aerolíneas Argentinas. No estaban concursadas, ni en riesgo de desaparición. Simplemente pasaron a manos de empresarios “amigos” o políticos y sindicalistas afines. Ningún socialismo, simplemente una lógica de negocios criolla. Por eso en la Argentina desde hace 70 años los empresarios más prósperos no son los que innovan o arriesgan, sino los “expertos en mercados regulados”, aunque terminen figurando en cuadernos, citados por el juez y penalmente imputados.

Hubo, sin embargo, grupos empresarios de los que el kirchnerismo no logró apoderarse como el Grupo Clarín, al que declaró guerra eterna. Intentó compensar su fracaso financiando diarios, radios y canales de TV propios, pero el poder político no se traduce necesariamente en éxito periodístico, por lo que terminó prohijando una serie de mamarrachos poblados de militantes indignados, tediosos y gritones.

De allí que para detectar qué pasó realmente con Vicentin conviene desideologizar el asunto. Desatender el discurso y atender a la práctica. Olvidarse de que la aventura tiene algo que ver con la “soberanía alimentaria” o con disponer de una empresa testigo para controlar el mercado granario.

“La Prensa” consultó al experto en el tema, Horacio Busanello, que recordó que el problema de Vicentin fue financiero. Para financiar negocios que salieron mal vendió los granos que le habían entregado en consignación muchos productores. Cuando quisieron cobrar, se produjo la crisis. En ese punto el periodista le preguntó si la intervención estatal era “buena noticia” para los productores y el entrevistado respondió que había incertidumbre porque “no sabemos cómo será”.

Ahí aparece la clave. El gobierno quiere poner el interventor. Será el que defina, entre otras cosas, quiénes, cómo y cuándo cobrarán. Algo que podría compararse a lo que pasó con los subsidios que el Estado pagaba a las empresas de transporte en tiempos del gobierno K.

Se ha atribuido la precipitación con que actuó el gobierno a que un grupo vinculado a José Luis Manzano estaba por quedarse con Vicentin. Cierto o no, el trascendido pone el asunto en el contexto más verosímil: el de los negocios que desde largo tiempo en Argentina se hacen a fuerza de poder político. Nunca con capital. Lo que se viola en esos casos no son garantías constitucionales, sino el Código Penal.

Sergio Crivelli
Twitter: @CrivelliSergio

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