Martes, 25 Agosto 2020 21:00

El adiós a los moderados - Por Joaquín Morales Solá

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¿Cómo saber cuándo terminó una era? ¿Cómo, cuándo otra era comenzó? Tal vez debamos detenernos en el lunes 17 de agosto para fijar una fecha en la que el Presidente les dijo adiós a los moderados.

 

Incluso, a los peronistas moderados que habían confiado en él y que esperaban que prevaleciera sobre el proyecto cristinista. Estos peronistas no son mansos; son pragmáticos. Saben que de la mano de la expresidenta caminan hacia una probable derrota electoral y, otra vez, hacia la eventual pérdida del poder. Nadie sabe por qué, pero Alberto Fernández se aferró a su vicepresidenta, a sus métodos y a sus ideas. Sin embargo, lo hizo para sorpresa de hasta muchos argentinos que votaron por él creyendo que era distinto de su mentora. El Presidente llegó a tener, al principio de la cuarentena, índices de valoración del 80 por ciento. Aunque bajó de tales niveles hace mucho tiempo, lo cierto es que no se llega a esos picos sin haber conquistado hasta muchos que votaron por Mauricio Macri. A ellos también les acaba de decir adiós.

Veamos la cronología a partir de ese lunes de multitudinarias manifestaciones opositoras, que enojaron más de lo que aceptan a casi todo los que mandan. El martes 18, Cristina Kirchner apuró en el Senado la aprobación en comisiones del proyecto de reforma judicial con una cláusula nueva (de la que se hizo cargo Oscar Parrilli, el viejo portavoz de la expresidenta), que obliga a los jueces a denunciar al "poder mediático". La oposición no pudo leer el texto definitivo antes de la aprobación en comisiones. El Presidente consideró ese hecho como "ocioso". Es decir, lo dejó pasar. En la noche del viernes 21, Alberto Fernández firmó un decreto de necesidad y urgencia por el que declaró "servicio público" a la provisión de internet, telefonía celular y televisión por cable. Al mismo tiempo, congeló los precios hasta el 31 de diciembre. El domingo 23, denostó al expresidente Mauricio Macri y reveló supuestos contenidos de conversaciones privadas entre ellos. Fue algo inédito, aun en una política tan disparatada como la argentina. En esa política inverosímil, se acaba de ver a un expresidente, Eduardo Duhalde, ir a un estudio de televisión, sentarse con cierto desparpajo, cruzar las piernas y pronosticar un golpe de Estado como quien anticipa la próxima medición de la inflación. Los golpes de Estado son parte del pasado, no del futuro ni del presente del país. Pero el peronismo habita en el pasado siempre que está en el poder.

La cláusula Parrilli no es ociosa; es vaga. En la vaguedad se esconde el peligro. Según esa modificación de Parrilli al proyecto de reforma judicial, los jueces estarán obligados a denunciar ante el Consejo de la Magistratura la presión de varios actores de la vida pública, incluido el "poder mediático". ¿Qué significa presión del "poder mediático"? ¿Acaso que un diario, un canal, una radio, un medio o un periodista informen sobre los avances de una investigación de corrupción de funcionarios públicos? ¿O que un periodista o un medio critiquen la gestión de un juez sobre determinada causa o sobre varias causas? ¿Qué hará el Consejo de la Magistratura luego? ¿Denunciará penalmente al medio o al periodista o a los dos juntos? Posiblemente ninguna causa de esta naturaleza tenga destino, pero ya que un periodista deba presentarse cinco, diez o quince veces en los tribunales es una condena por sí misma. Están buscando la autocensura del periodismo, que es la manera más eficaz de llegar a la censura. La batalla por la libertad parecía terminada en el país, pero aquí ninguna guerra termina nunca.

En ese contexto, apareció de pronto el guillermomorenismo en la economía. El DNU de Alberto Fernández sobre internet, telefonía celular y televisión por cable vuelve a colocar al Estado dentro de las empresas privadas; hurgará en la cadena de costos y establecerá luego las tarifas. Esto es: el Estado será el que repartirá el capital del sector privado. El Presidente argumentó que seis mil niños se quedaron sin clases a distancia durante la cuarentena porque no tenían servicio de internet (o no podían pagarlo) y que eso lo llevó a firmar ese decreto. ¿Seis mil niños es todo el problema? En ese caso, y aunque fueran más los argentinos que no acceden a internet, el único camino posible era analizar con las empresas un subsidio compartido para que esos niños no queden fuera de la modernidad. Pero ¿por qué en nombre de seis mil niños se subsidiará a los usuarios de los barrios elegantes o a los sectores pudientes de la sociedad? El caso semeja a la vieja frase de Guillermo Moreno: "Hay que cuidar la mesa de los argentinos". Con esa premisa, se prohibió la exportación de carne y se le puso precios máximos en el mercado interno. El resultado fue que la Argentina liquidó en poco tiempo su stock ganadero. El ejemplo podría multiplicarse por decenas de casos.

Si bien se mira el mundo TIC (tecnología de la información y la comunicación), que incluye la telefonía móvil, el mercado reúne las condiciones de la competencia. Hay varios prestadores (incluidas pequeñas cooperativas en el interior) y existe la posibilidad de que se sumen nuevos, lo que genera incentivos para la inversión y precios competitivos. Es el mercado más dinámico e inversor del mundo. De hecho, Donald Trump se olvidó de la guerra comercial con China, pero centró su ataque a la potencia asiática en la competencia por la banda 5G. En pocos años, se saltó del 3G al 5G, del cable a la fibra óptica y ahora a la conexión satelital. Si bien se asocia a estas tecnologías con el entretenimiento (y, por cierto, están muy asociadas), lo cierto es que también involucran derechos fundamentales, como la libertad de expresión o la libertad de prensa. Esa tecnología es la herramienta del presente y del futuro para que la sociedad esté informada y pueda expresarse.

¿Qué necesidad había de un decreto para garantizar el acceso a internet o a la telefonía celular? Ninguna. Según datos del Indec, el 84 por ciento de los argentinos tiene teléfonos celulares y el 80 por ciento usa internet. Más de la mitad de los hogares argentinos, en cambio, no tiene acceso a los servicios de agua corriente, cloacas o gas natural. Durante los últimos años mejoraron sustancialmente la velocidad promedio de internet, la cantidad de hogares con ese tipo de conexión, la cantidad de localidades con 4G y la cantidad de kilómetros con fibra óptica. En los últimos diez años (2010-2020) la industria de las TIC invirtió 20.000 millones de dólares. La inversión incluye a los grandes operadores (Telecom, Telefónica y Claro) y a 1500 operadores medianos y pequeños. Segú datos de Telecom, esta empresa invirtió en los últimos años 3500 millones de dólares en internet de banda ancha, telefonía fija y móvil y televisión paga. Telefónica informó que en el trienio 2017-2019 invirtió en la Argentina 38.500 millones de pesos, una cifra mayor que la que había invertido en 2015 y 2016, que alcanzó los 30.000 millones de pesos. El incremento del tráfico de datos entre 2015 y 2019 fue de un 600 por ciento.

En el mundo se están comenzando a licitar y desplegar las redes de quinta generación conocidas como 5G. Chile acaba de anunciar la licitación del 5G. Podría significar, según el gobierno chileno, inversiones en el país trasandino por 3000 millones de dólares. En la Argentina, que es más grande y tiene más habitantes que Chile, se esperaba que la licitación se hiciera para fines de este año. La inversión hubiera sido superior a la de Chile. Ahora los operadores nacionales y extranjeros en la Argentina se han retraído. ¿Cómo invertir en una industria en la que el Estado decidirá cómo será la inversión y cuánto ganará cada empresa? ¿Cómo, en un país donde se sacó la competencia de los precios y se pusieron tarifas reguladas por el Estado? Alberto Fernández ha hundido en el pasado a la industria del futuro. Nada bueno puede resultar de semejante anomalía.

El 17 de agosto cambiaron la era y el Presidente. Ese día de rebeldía callejera (antes, propiedad exclusiva del peronismo) molestó especialmente al jefe del Estado. Menos le gustaron la cobertura que hicieron diarios, radios y canales de noticias de las masivas manifestaciones opositoras. Clarín, pero no solo Clarín, estuvo en el centro de su fastidio. Clarín es un actor importante en el mundo TIC. Tampoco le perdonó a Macri la adhesión de este a esas marchas. Puso en su boca una frase increíble ("que se muera quien tenga que morir") por la pandemia y la cuarentena. Macri aseguró que ese relato es falso. Es fácil creerle no solo por lo que él dice, sino también por la información oficial de ambos lados de esa conversación telefónica entre ellos del 19 de marzo, según la reconstrucción que hizo LA NACION. Solo hubo buenas ondas entre los dos. ¿Alberto se hubiera guardado seis meses semejante frase de Macri? Improbable, si no imposible. La difusión de una conversación privada compromete seriamente al Presidente para futuros diálogos con los opositores. ¿Quién hablaría con él en el futuro, en confianza y con claridad, si esa conversación podría ser divulgada luego? El Presidente también dijo que a la Argentina le fue mejor durante la pandemia que con Macri. Mostró estadísticas comparando lo que sucedió en un año con lo que pasó en un trimestre. Chicanas de política barrial. El problema es más grande. La pandemia significó que se terminaron prematuramente muchas vidas, que hay familias que sufren y que muchos de los que se recuperaron deberán soportar una larga y dolorosa recuperación. La vida no es comparable con ninguna estadística, que se puede leer, como toda estadística, del derecho o del revés. La vida no es comparable con simples datos de la economía. Hay 7500 muertos, señor Presidente. Merecen su respeto.

Joaquín Morales Solá

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