Lunes, 31 Agosto 2020 21:00

La deuda con la seguridad siempre está en default - Por Fernando González

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La historia de Facundo Astudillo Castro y la toma de tierras en la Patagonia son nuevas señales del Estado ausente.

 

Los muertos violentos de la Argentina han marcado a todos los gobiernos. El asesinato cruel del fotógrafo José Luis Cabezas en 1997 abrió una sospecha gigante sobre las gestiones de Carlos Menem y Eduardo Duhalde. Recién llegado al poder, Néstor Kirchner debió emplear todo su capital político para contrarrestar la conmoción que generó el crimen de Axel Blumberg en 2004. Ya se sabe la erupción que provocó en la sociedad el suicidio jamás esclarecido del fiscal Alberto Nisman en 2015. Y la grieta que agigantó, en tiempos de Mauricio Macri, la muerte de Santiago Maldonado, publicitada por el kirchnerismo durante muchos meses como una desaparición forzada hasta que la Justicia comprobó que el joven se había ahogado.

Este lunes, mientras se disponía a anunciar el acuerdo por la deuda con los bonistas, Alberto Fernández se enteró del dato que temía y sospechaba. Que el cuerpo hallado junto a un riacho, cerca de Bahía Blanca, podía ser el de Facundo Astudillo Castro. Un muchacho de 22 años que había tenido la mala fortuna de haberse cruzado al costado de la Ruta 3 con la omnipotencia de algunos agentes de la Policía Bonaerense. Falta la confirmación que se conocerá este miércoles, pero en el poder todos esperan malas noticias.

La autopsia indicaría que Facundo habría muerto porque lo asfixiaron. Y la sospecha de la madre es que luego escondieron el cadáver hasta que su pelea por justicia habría obligado a que lo llevaran hasta un lugar donde pudieran encontrarlo. La sola desaparición hace cuatro meses era una señal grave para el Presidente, que mantiene el contacto con su familia. También es una materia pendiente para el gobernador Axel Kicillof. Y, sobre todo, para el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. El funcionario, que tiene campaña de marketing personal con videos que lo muestran como un superhéroe de la seguridad, se había ocupado especialmente de despegar a la Policía provincial de la desaparición de Facundo.

Por eso es que Cristina, la madre del chico perdido y asesinado, conserva siempre el mismo reclamo a flor de labios. Lo único que quiere es la renuncia del ministro mediático a quien no le importa admitir que muchos de sus movimientos están planificados para convertirse en candidato electoral. A legislador o a presidente. Berni no tiene límites cuando se trata de ponerle un horizonte a sus expectativas.

Antes de que apareciera la versión más oscura, Alberto Fernández había armado un acto celebratorio para anunciar el acuerdo por la deuda. Con un discurso de festejos del ministro de Economía, Martín Guzmán, y con la presencia magnánima de Cristina Kirchner en el Museo del Bicentenario. Pero la realidad tenía otros planes diferentes para los de la Casa Rosada. El Gobierno tuvo el buen criterio de evitar el default financiero pero el default de la seguridad está explotando en sus manos. Y no sólo por Facundo y por su historia de desamparo.

En los últimos días, recrudeció otro conflicto en la Patagonia que muestra la desconexión de la realidad que la gestión del Frente de Todos exhibe en materia de seguridad. El sábado pasado, el día que los vecinos de Bariloche y El Bolsón habían elegido para expresar su descontento por las tomas de casas y terrenos en los bosques del Lago Mascardi, a la ministra Sabina Frederic no se le ocurrió mejor idea que denunciarlos penalmente por algunas amenazas previas que detectó en las redes sociales. Insólito pero real. Los violentos que se dedican desde hace varios años a saquear la zona no podrían haber imaginado una coartada mejor.

La imagen desolada de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, negociando en plena Ruta 40 con los pobladores de su provincia refleja el estrecho desfiladero en el que se mueve la política argentina en este tiempo de heridas múltiples. Lo mismo les sucede a los jefes municipales de las dos ciudades afectadas y a muchos de los intendentes del Gran Buenos Aires, que deben batallar contra el avance incontenible de las tomas de tierras, contra los criterios ficcionales de los funcionarios y contra el ideario abolicionista de muchos jueces y fiscales.

Frederic le agregó combustible a su estrategia impredecible contra las tomas patagónicas. “No es un problema de seguridad, es un problema de hábitat”, dijo, tras reunirse con la gobernadora de Río Negro que llegó desesperada a Buenos Aires en busca de una solución. Parece una broma de mal gusto para los cientos de argentinos que sufren la ocupación violenta de casas y de terrenos en toda la geografía del país. Un fenómeno que encuentra abrigo en la inacción judicial y en justificaciones disfrazadas de ideología como las de la ministra.

Al comienzo de la pandemia fueron los presos liberados con la excusa endeble de evitar que se contagiaran. Después el aumento tan temido de los robos y las muertes en las calles despobladas por la cuarentena y el impacto de la recesión. Ahora son las tomas de las propiedades y muchos de los tomadores que se aprovechan del Estado ausente. El mismo Estado con el que se llenan la boca tantos burócratas mientras se consolida sin remedio el imperio de la ineficacia.

Fernando González

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