Miércoles, 30 Septiembre 2020 11:46

Contra la impunidad - Por Sergio Crivelli

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La mayoría peronista de la Corte Suprema resolvió ayer poner un freno a la hasta ese momento exitosa ofensiva de Cristina Kirchner contra tres jueces intervinientes en una causa por corrupción que la tiene a maltraer: la de "los cuadernos".

La vicepresidenta había desplegado una guerra relámpago contra los magistrados y estaba a metros de su objetivo, pero el alto tribunal congeló el asunto. La obligó a una pausa hasta que defina la cuestión de fondo: si los tres jueces ocupan sus lugares de manera regular o son usurpadores como pretenden las mayorías peronistas del Consejo de la Magistratura y del Senado y el Poder Ejecutivo peronista.

La primera señal política que envía el episodio es el de un límite impuesto a la voluntad de la vice. Le dijeron que no a la mujer fuerte del gobierno.

Con la vuelta a la Casa Rosada, el peronismo había arrancado a toda máquina para copar la Justicia y mantuvo el ritmo durante 10 meses. Ayer lo pararon porque ya no tiene ni el ímpetu, ni el poder con que arrancó en diciembre. Los innumerables errores y el desastre económico, sanitario y social de la gestión de Alberto Fernández más las protestas callejeras no podían tener un resultado neutro. Nadie sabe en qué va a terminar la serie de desaciertos del presidente con su cuarentena inacabable, la pérdida de millones de puestos de trabajo, el aumento de la pobreza, una caída de la actividad sin antecedentes y la inoperancia demostrada por todos sus colaboradores. Esa incógnita es la que abrió la primera brecha en la estrategia judicial de la vice.

La Corte Suprema no es un tribunal de familia; es un tribunal político con una mayoría en sintonía ideológica con el gobierno, pero que le votó en contra. En el oficialismo en lugar de enojarse deberían preguntarse qué hicieron mal, por qué la Corte los trata igual que a Mauricio Macri, un completo "outsider" del sistema partidario y corporativo judicial.

La cuestión tiene un aspecto legal y otro político imposibles de separar. La mayoría peronista de la Corte -Maqueda, Lorenzetti, Rosatti y Highton-aceptó el "per saltum", pero el que le dio contenido institucional fue el no peronista Rosenkrantz. Dijo que la cuestión no era sólo la de la validez del traslado de los tres jueces que pretendía echar Cristina Kirchner, sino la validez de la revisión retroactiva de la designación de muchos otros magistrados.

En otras palabras, denunció de manera apenas elíptica una maniobra más amplia destinada a domesticar a los magistrados y lograr una Justicia adicta. A presionar a los miembros del Poder Judicial desde el control de los órganos políticos: el Consejo de la Magistratura, el Senado y el Ejecutivo.

Eso es una manipulación de los tribunales en busca de impunidad. Difícil darle otra lectura. Pero para manipularlos hay que tener un poder sobre el que la Corte duda. Y esa duda es deletérea para Cristina Kirchner, porque la debilidad es la primera condición para que le apliquen el Código Penal.

Sergio Crivelli  
Twitter: @CrivelliSergio

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