Miércoles, 07 Octubre 2020 10:35

Un viejo conflicto, estratégico para Cristina - Por Edgardo Moreno

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En todo el resto del mundo la sigla BBC refiere a una prestigiosa cadena de televisión. Sólo en los pasillos de la Corte Suprema de Justicia funciona como un nombre en código. El de un expediente, o más bien de un conflicto de poderes: Bruglia, Bertuzzi, Castelli. Los tres jueces trasladados por el Senado nacional para favorecer a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La Corte habilitó el salto de instancia para resolver la validez de dos de esos traslados. El oficialismo salió a pedir la destitución completa del tribunal.

¿Cómo se entiende esa desproporción entre una decisión judicial que es casi administrativa y una embestida política de tanta intensidad contra el máximo tribunal de la Nación?

Las urgencias procesales de Cristina sólo explican una parte de ese problema. Para comprender el resto, es necesario ir al núcleo: el kirchnerismo no le reconoce a esta Corte la condición de tribunal de control de constitucionalidad. Sus ideólogos desearían crear un tribunal que sólo se ocupe de eso. Para eso, necesitarían cambiar la Constitución. Algo que por ahora no pueden hacer sin que medie alguna forma –de las tantas que ha inventado el siglo– para enmascarar un golpe de Estado.

Pero el hecho de que ese objetivo no esté al alcance de inmediato no disminuye el menosprecio del oficialismo por la Corte que instituye la Constitución vigente. Más bien alimenta nuevas estrategias para devaluarla.

El conflicto BBC está en el nudo de esas estrategias. Fue construido desde dos poderes del Estado –los que conducen Cristina y Alberto Fernández–, pero con el concurso imprescindible de un tercer actor de relevancia significativa.

Ese actor es el Consejo de la Magistratura. Fue allí donde el oficialismo construyó –con la ayuda crucial de la lavagnista Graciela Camaño– la primera fisura para jaquear las acordadas de la Corte sobre el traslado de los jueces en cuestión. El Senado puso la firma y dejó a la Corte en el brete de decidir, en el per saltum, si será o no coherente con sus propias decisiones.

(Y a la progresía militando la probidad de jueces como Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, a quienes reivindica como los jueces naturales en procesos clave contra Cristina)

Para entender el alto valor instrumental que tiene el Consejo de la Magistratura en la estrategia de devaluar a la Corte, es necesario remontarse al debate leguleyo, arduo y extenso, sobre las relaciones entre ambas instituciones.

Con voz casi inaudible, el exsenador Eduardo Menem recordó esta semana que es urgente normalizar el funcionamiento del Consejo para que se adapte a las funciones que le otorgó la última reforma constitucional: intervenir en el proceso de selección de los jueces (salvo los integrantes de la Corte), promover su remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento y hacerse cargo de la administración del Poder Judicial.

El actual oficialismo sostiene que las acordadas de la Corte Suprema sobre el traslado de jueces fueron un avance irregular sobre facultades de administración que ya no le corresponden.

Menem apunta a la composición amañada que dio al Consejo de la Magistratura la ley votada a instancias del kirchnerismo en 2006. Esa ley le quitó a la Corte la participación en el Consejo y fabricó un cuórum que se conforma sólo con referentes políticos. Menem pide que la Corte declare la inconstitucionalidad de esa ley.

Si se observa en perspectiva. Cristina consiguió ya, con su embestida contra la Corte, un objetivo táctico: ningún juez se animaría a avanzar contra ella sin pensarlo hasta la eternidad. Pero tampoco le va tan mal con su objetivo estratégico. No consiguió en su momento la votación de los consejeros de la magistratura en lista sábana, pero el interregno impotente de Mauricio Macri no pudo modificar el cuórum político del organismo.

Buena parte de ese conflicto se desenvolverá en los expedientes BBC. Si Cristina consigue por vía de la Magistratura y el Senado apropiarse de los tribunales inferiores, la Corte quedará aislada en su nube como el tribunal de casación por insistencia que sueña la comisión Beraldi. Con tantas salas como le vengan en capricho a Raúl Zaffaroni. El juez argentino de la cuarta instancia.

Cristina y la Corte han entrado –por voluntad, por circunstancia– en un laberinto de destino incierto. El mito griego del minotauro tenía, para esas situaciones, una pedagogía excelsa: para sobrevivir no sólo hay que eliminar adentro al adversario. También es necesario salir de ahí.

Edgardo Moreno

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