Jueves, 05 Noviembre 2020 11:25

Una partida de ajedrez en el medio juego - Por Edgardo Moreno

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Todo fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es como una muñeca rusa: lleva adentro decisiones y argumentos que exceden la carátula. Es su condición. La Corte siempre resuelve sobre un caso para responder a muchos otros. En la decisión que tomó ayer, esa multiplicidad intrínseca se advierte en su máxima expresión.

La Corte avaló los traslados y accedió al pedido de los jueces en cuestión. Pero con un límite que esos mismos jueces objetaban: la instrumentación de concursos definitivos.

Al Consejo de la Magistratura, le reprochó por inconstitucional el reglamento de traslados que aplicó de manera retroactiva para desplazar a Leopoldo Bruglia y a Pablo Bertuzzi. Lo instruyó, además, para que los nuevos concursos vuelvan a ser convocados, con un requisito de mayoría calificada para conformar las ternas de candidatos. Y pidió al Congreso una ley que esclarezca el procedimiento.

Algunos defensores de Cristina Kirchner esperaban la habilitación de un vacío legal para pedir la nulidad de lo que actuaron Bruglia, Bertuzzi y Germán Castelli. La Corte validó la juridicidad de lo ya sentenciado por esos jueces.

Estas decisiones múltiples deben leerse en el contexto de un fallo del tribunal con voto dividido. El piso de la argumentación lo marcó la mayoría. Y el voto en disidencia del presidente del cuerpo elevó el umbral de exigencia republicana con una advertencia inusual: lo que está en juego es el derecho a la inamovilidad de los jueces.

Esa inmunidad es la clave de la independencia judicial. Porque no es –en última instancia– un beneficio de los magistrados, sino una garantía frente al poder para el ciudadano común.

Cuando en una sola sentencia abundan los argumentos y las decisiones que se proyectan hacia otros poderes del Estado, lo más probable es que al día siguiente cada parte encuentre sus motivos para decir que salió favorecido, aunque haya sido perjudicado. Y a la inversa, también.

En el fallo reciente en el que la Corte rechazó el pedido de los abogados del Senado nacional sobre la realización de sesiones virtuales, el kirchnerismo encontró motivos para decir que ganó perdiendo. Acomodó el cuerpo y logró buena parte de sus objetivos.

Años atrás, cuando el mismo tribunal le rechazó al macrismo un recurso para refrendar aumentos tarifarios sin audiencias públicas, Gustavo Lopetegui perdió menos tiempo en quejarse que en convocar con rapidez a esas audiencias. Facilitó así la instrumentación de esas medidas, estratégicas para el programa económico de Mauricio Macri.

De modo que para entender la proyección futura de la decisión que ayer tomó la Corte conviene considerarla como una jugada compleja –articulada con sumo cuidado– para no perder su posición central en la modulación del conflicto político con los otros poderes del Estado, en una partida de ajedrez que recién ingresa en el medio juego.

Cristina Kirchner ha sido eficiente en el manejo de la agenda judicial del Gobierno. Su vasto equipo de legistas impone todos los días sus decisiones a los funcionarios de Alberto Fernández.

Desde el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Congreso, el oficialismo fue avanzando posiciones hasta encerrar a la Corte en una emboscada: validar sin matices a los jueces cuestionados le podía abrir la tranquera a un festival de traslados arbitrarios; validarlos con matices le implicaría a la Corte quedar expuesta a la incoherencia y la desconsideración pública.

La Corte dio la impresión de abrir una vía oblicua, de intentar una verónica que no la deje donada temprano en la embestida. Usó todos sus recursos: los de la argumentación en mayoría y el del voto testimonial en minoría.

En el primero, se focaliza más claramente el objetivo: la disputa central con el Consejo de la Magistratura. El organismo con el cual Cristina disparó el conflicto de fondo: quién se queda –de facto– con la administración de justicia.

En el voto minoritario, se señala con mayor precisión la magnitud del conflicto: comienza en el Consejo, pero se articula con la mayoría en el Senado y la obediencia del Ejecutivo.

Del conjunto resulta una descripción que puede aplicar con claridad a otro de los nudos del enfrentamiento: el manejo en disputa del Ministerio Público Fiscal. Y un mensaje que se proyecta hacia la reforma judicial, latente en el Congreso Nacional, a la espera de las conclusiones de la Comisión Beraldi.

Porque cada vez que allí dicen que la Corte Suprema no debe ser ampliada, la sociedad imagina a un ministro de Economía argentino –en cualquier época de su historia– negando con énfasis una futura devaluación.

Falta todavía un trecho para el entrevero y el jaque al final del juego.

Edgardo Moreno

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