Miércoles, 06 Enero 2021 09:57

Patente de corso - Por Sergio Crivelli

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Cuando habló de “meter mano” en la Justicia, Alberto Fernández puso en negro sobre blanco la prioridad de su gobierno: aliviar la situación penal de Cristina Kirchner.

Nadie con un mínimo de sentido de la realidad pudo pensar que se refería a una cuestión abstracta de diseño institucional. Su planteo fue producto de la suerte corrida por Amado Boudou. Al no protegerlo, la Corte Suprema estableció un antecedente peligroso para su jefa política, como acaba de dejar en claro Eugenio Zaffaroni cuando pidió que Boudou sea indultado.

La situación de Cristina Kirchner es vital para Fernández, porque es la fuente de su cada vez más condicionado poder. Ni la vacuna, ni la pobreza, ni el desempleo, ni la inflación: el primer ítem de su agenda es terminar con la amenaza de condena a quien lo instaló en la Casa Rosada. Había empezado su gestión mostrando cierta prescindencia, pero a esta altura parece cada vez más cerca de enrolarse bajo la bandera de “lawfare o muerte” del hiperkirchnerismo.

El problema de esta deriva es que cuestiona las bases del sistema constitucional: los principios de división de poderes y de igualdad ante la ley. Si bien la vigencia de las instituciones no ha sido ejemplar en la Argentina, la búsqueda de la impunidad sin disimulo provoca un daño irreparable a la vida en democracia. Daña el activo más valioso de cualquier sistema: su credibilidad.

Hay causas que enfrenta la hoy vicepresidenta como la del memorando con Irán o del dólar futuro que podrían ser consideradas “actos de gobierno” no judiciables. En cambio, la cartelización de la obra pública y la construcción de hoteles para lavar dinero proveniente de esa cartelización son delitos comunes. No aplicarle el Código Penal a quien los cometió resultaría letal para el sistema de la Constitución.

Se ha señalado que en los países agobiados por la corrupción el castigo penal a ex gobernantes terminó derrumbando el sistema político. Se pone como ejemplo Italia, donde el escándalo “mani pulite” hizo desaparecer a la Democracia Cristiana (sospechada de colusión con la nafia) y al socialismo, cuyo líder, Craxi, murió en un país africano del que no podía ser extraditado. Otro ejemplo cercano son los regímenes populistas latinoamericanos que gobernaron combinando demagogia con malversación de fondos públicos.

Pero ninguna forma de “real politik” puede justificar gobiernos corruptos, porque involucra defender la impunidad hasta en casos flagrantes como el de los bolsos de López. Significa otorgar un “bill” de indemnidad o una patente de corso para los políticos bajo la excusa de que los obtuvieron en las urnas.

La búsqueda de impunidad pone en evidencia que son una casta con intereses propios y privilegios ante la ley que debe ser igual para todos. En síntesis, los políticos corruptos le provocan no sólo un perjuicio al Tesoro; con su pretensión de impunidad hieren de muerte al sistema democrático.

Sergio Crivelli
Twitter: @CrivelliSergio

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