Martes, 04 Mayo 2021 08:16

El fallo adverso de la Corte por la presencialidad educativa, el meteorito que podría impactar en la difícil convivencia del Frente de Todos - Por Mariano Obarrio

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El máximo tribunal está dispuesto a fallar a favor de la Ciudad. Críticas en el kirchnerismo duro por el manejo nacional de la pandemia.

La pandemia entrega nuevos capítulos de intrigas de poder. El inminente fallo de la Corte Suprema reconocería la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires para administrar la presencialidad en la educación, tal como dispuso el jefe del gobierno porteño, y podría desencadenar consecuencias políticas imprevisibles en el gobierno de Alberto Fernández, ya cruzado por fuertes presiones del kirchnerismo duro disconforme con la administración de la peste del Covid-19.

Según pudo saber A24.com, el fallo de la Corte podría salir entre el martes y el miércoles. El procurador general de la Ciudad, Gabriel Astarloa, confiaba en que será inminente. Fuentes cercanas a la Corte lo daban por seguro. El fallo reconocería la autonomía porteña, sin entrar en consideraciones sanitarias ni estadísticas sobre los contagios escolares. El jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se llevaría un triunfo político no menor. Hace más de dos semanas, la Ciudad cuestionó por inconstitucional el DNU 241 emitido por Alberto Fernández, que había dispuesto el cierre de las escuelas en todo el AMBA por 15 días.

Astarloa presentó ante la Corte una acción declarativa y una medida cautelar contra el DNU porque consideró que avasalla la autonomía porteña al disponer sobre sus escuelas, que son competencia de la Ciudad de Buenos Aires. La Corte podría haber fallado en 24 horas, porque tenía competencia, pero le dio traslado al Poder Ejecutivo con plazo de cinco días para que se defendiera. Tras la contestación del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, dio traslado a la Ciudad y a la Procuración.

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, cuestionado por el kirchnerismo, declaró al DNU inconstitucional y dijo que no fundaba la razonabilidad sanitaria de la virtualidad. “Hay antecedentes de la Corte, que defendió la autonomía porteña, y por eso ratificaría esa autonomía como principio general. Sin meterse en la discusión específica sobre la salud”, señaló un dirigente político del peronismo con fuertes vínculos con el máximo tribunal.

Con excepción de Elena Highton de Nolasco, que se inclinó por no reconocer la competencia de la Corte y se abstendría, los cuatro jueces restantes dictaminarían en el mismo sentido: Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Sólo los dos últimos compartirían un fallo. Rosenkrantz y Lorenzetti irían con otros dictámenes, pero en el mismo sentido favorable a la Ciudad.

En un principio, la Corte Suprema no quería intervenir en un pleito de índole política y por eso dilató los tiempos hasta que el DNU perdiera su vigencia el 30 de abril. Pero el Presidente prorrogó ese DNU con otro similar, el 287, desde el sábado último, y prolongó la virtualidad en el AMBA para todas las escuelas. La Ciudad lo desoyó. Por lo tanto, la Corte no pudo declarar la cuestión abstracta y tomará postura. Pero dejará en claro en el fallo que su función no es dirimir peleas políticas entre la Nación y la Ciudad.

La resolución del conflicto judicial tendrá consecuencias políticas. Aquel DNU 241 fue firmado por el Gobierno, pero inspirado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y por la vicepresidenta Cristina Kirchner, que presionaron a Alberto Fernández a cerrar todos los colegios y la mayor parte de las actividades para combatir al Covid. Otra vez, una decisión del kirchnerismo implicará una derrota del Presidente.

Nadie en la Casa Rosada imaginaba la reacción de Cristina Kirchner y de Kicillof ante el fallo del máximo tribunal. Las tensiones entre el Gobierno y el kirchnerismo duro están en su peor momento. Kicillof y Cristina presionaron por un cierre estricto desde el viernes último con férreos controles. Pero Alberto Fernández aplicó restricciones acotadas por el consejo del ministro de Economía, Martín Guzmán, que entrevió una parálisis económica que podría hundir el PBI, la recaudación fiscal y entorpecer las negociaciones de la deuda con el Fondo Monetario Internacional.

Incluso, se iba a disponer el reempadronamiento de todos los permisos de trabajadores esenciales para reducir la circulación, pero se retrocedió a último momento para no impedir la actividad de los trabajadores en negro. Guzmán no quiere compensarlos con el IFE. “Se bajó la línea de no controlar tanto los permisos”, señalan en reserva en el Gobierno. Kicillof aplicó controles férreos y generó el sábado último un embotellamiento colosal en la Panamericana, en represalia contra los porteños.

El kirchnerismo presiona por cerrar todo y asistir a los damnificados con el uso de los subsidios y de la emisión monetaria, algo que Guzmán rechaza por inflacionario y porque entorpecería su acuerdo con el FMI.

El fallo de la Corte caería en el peor momento del conflicto interno del Frente de Todos. En ese contexto, el ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, de La Cámpora, pidió ayer que se restituya el IFE (10.000 pesos mensuales) para personas perjudicadas por la pandemia. Guzmán se opone tenazmente a reflotar el IFE. Se siguen sumando los choques entre ambas alas del Frente de Todos, y entre Guzmán y la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Dentro del Frente de Todos se sigue negociando la resolución de la peor crisis de gabinete de Alberto Fernández en su gestión, desencadenada por el aumento de las tarifas. Guzmán le pidió la renuncia a Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica, que se oponía a ese incremento en la luz y que tiene el total aval de Cristina Kirchner. El aumento del 9% en mayo debía ser complementado por otro del 6% en unos meses. Basualdo y Cristina rechazan todos los aumentos tarifarios. Guzmán lo considera inevitable para frenar la suba del gasto en subsidios que carcome el déficit fiscal, obliga a una fuerte emisión monetaria y termina en inflación, además de obstruir el acuerdo con el Fondo.

También Guzmán le atribuyó a Basualdo falta de interés en diseñar la segmentación de tarifas para los que menos tienen. Cristina Kirchner y Máximo Kirchner se opusieron a la renuncia de Basualdo y se rebelaron contra una decisión de Guzmán y de Alberto Fernández.

El jefe del bloque de diputados del Frente de Todos envió el mensaje: si se va Basualdo se van todos los ministros y secretarios que responden al Instituto Patria, que son muchos. Era una virtual fractura del oficialismo, que es lo que Alberto intenta evitar. Finalmente, Alberto Fernández respaldó a Guzmán, pero mantuvo a Basualdo en su lugar y no está claro si éste renunciará. Tanto Fernández como Guzmán quedaron debilitados tras la tensión.

Kicillof se alineó con Cristina y salió a apoyar a Basualdo y a criticar el aumento de tarifas. Muchos recuerdan que la debacle de Daniel Scioli como vicepresidente comenzó en 2004 cuando propuso un aumento de tarifas. El entonces presidente Néstor Kirchner le quitó todas las atribuciones y lo dejó aislado en su despacho del Senado.

La relación entre Kicillof y Guzmán es cada vez peor y el gobernador postula a su ministro de Producción, Ciencia e Innovación, Augusto Costa, como posible reemplazante del ministro. Por ahora, Alberto respaldó a Guzmán.

Los precios también generan tensiones entre ambas alas del Frente de Todos. Cada vez es más fuerte la presión del kirchnerismo duro sobre la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, por la suba de la inflación de los alimentos, que le pega a la clase más popular, que es el electorado principal del kirchnerismo.

Otro foco de tensión surgió con la designación del nuevo ministro de Transporte, Alexis Guerrera. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, debía proponer los candidatos a ocupar la silla del fallecido Mario Meoni, que era su amigo y socio del Frente Renovador. Guerrera no fue su primera opción. Antes que él, el kirchnerismo le rechazó a su asesor en las sombras Diego Bossio; al jefe de Gabinete de la Presidencia de Diputados, Raúl Pérez; al diputado Ramiro Gutiérrez y al presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci. “El kirchnerismo es cruel, aunque hagas buena letra”, confió a A24.com un allegado a Massa.

Durante su asunción ayer como ministro, Guerrera, le envió un mensaje al kirchnerismo duro. “No vamos por el camino de la estatización de la hidrovía”, dijo Guerrera. La estatización de ese gran peaje fluvial era un reclamo interno del kirchnerismo hacia Meoni, Massa y Alberto Fernández. Pero Meoni prorrogó la concesión por 90 días hasta terminar de elaborar la licitación para una nueva concesión. “El Estado está recuperando el rol que hoy no tiene en el manejo de la hidrovía”, dijo Guerrera. Le cerró así la puerta a cualquier intento de estatización que el kirchnerismo impulsa con la excusa de la recuperación de la soberanía sobre el río Paraná, pero en realidad es otra boca de recaudación.

La hidrovía representa una caja de 300 millones de dólares anuales por el peaje a los buques que transportan exportaciones e importaciones. Hoy lo gestionan las empresas Jan De Nul (belga) y Emepa (argentina). Con la licitación podrían ingresar empresas chinas o permanecer alguna de las que ya controlan ese pasaje fluvial. El conflicto no quedará allí, seguramente, porque el kirchnerismo nunca se rinde.

Mariano Obarrio

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